Por Hugo Rius *

Montevideo (Prensa Latina) Hoja de ruta de una programada restauración conservadora en Uruguay, la recién promulgada Ley de Urgente Consideración (LUC) avizora una etapa de temidos retrocesos y previsibles contradicciones.

En sus 476 artículos, el principal gobernante Partido Nacional volcó lo que fue propuesta de campaña electoral y otros agregados más, y tras su aprobación parlamentaria, el presidente Luis Lacalle declaró que ‘es un instrumento que hace muchos años soñábamos tener, creo que es una buena herramienta para mejorar el país’.

Analistas uruguayos que conocen mejor el terreno que pisan señalan que estos últimos deseos obedecen a concepciones privatizadoras que reducen el papel del Estado, y que corresponden al duro sector ideológico del ‘herrerismo’ en alusión al bisabuelo del actual mandatario, iniciador de un clan familiar de gobernantes.

Para conseguirlo fue necesario primeramente que ganara las elecciones de octubre-noviembre de 2019, y al no alcanzarle por sí mismo con los votos pronosticados, a su auxilio acudió el expresidente Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, artífice de la coalición de las derechas que incluye al Cabildo Abierto de militares y los de reducido peso Independiente y de la Gente.

Tan pronto fue investido el 1 de marzo el estrenado Ejecutivo mostró prisa en ingresar el proyecto de LUC en el Parlamento, en la confianza de que contando con ceñida mayoría numérica saldría adelante con el máximo posible de contenidos.

Con sabia veteranía política el expresidente y ahora senador José Mujica sentenció que semejante apuro respondía a la necesidad de sancionar legalmente el programa restaurador antes de que la llamada coalición multicolor se destiña por desmoronamiento implosivo.

Al transcurrir los míticos primeros 100 días de gobierno, destellaron señales de desencuentros y malestares internos marcados por la renuncia del canciller Ernesto Talvi, insatisfacciones en repartos de cargos, y un ingobernable líder de Cabildo Abierto, Guido Manini, que marca los pasos y mira más hacia las elecciones de 2024.

Desde el inicio mismo de la propuesta de la LUC el ahora opositor Frente Amplio lo denunció como programa de vuelta de tuerca a la derecha que amenazaría la preservación de derechos sociales alcanzados por las capas populares en los 15 años precedentes de poder político.

El movimiento sindical representado por su central Pit-Cnt compartió con firmeza dichas aprehensiones y por igual sin demora decenas de organizaciones se agruparon en una combativa Intersocial que salió a la calle a manifestarse.

Un primer señalamiento legislativo consistió en que se abusaba de la capacidad constitucional de un recién instalado Ejecutivo de tramitar leyes ómnibus de inmediata consideración pero de acuerdo con precedentes usos en ellas se recogían pocos temas presentados como emergentes.

Esta vez por el contrario, se introducía en una sola ley 30 juntas, tal como impugnó la senadora frenteamplista Carolina Cosse, en tanto otros compañeros de bancadas caracterizaron de antidemocrático incluir igual número de políticas nacionales sin una amplia discusión que impedía la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo por la pandemia de la Covid-19.

Justamente por esta circunstancia la Mesa Política del Frente Amplio rechazó en una declaración el carácter urgente del proyecto legislativo, para sostener que la única urgencia estaba en apoyar con una renta básica temporal a cientos de miles de trabajadores desempleados o informales sin sustento para cumplir cuarentenas.

El texto ingresó al Legislativo con 501 artículos y salió con 476, y en el medio hubo muchos cambios, los más relevantes en el Senado, sobre todo en el capítulo de seguridad, la libre importación de combustibles y el uso de infraestructura de la empresa pública de telecomunicaciones Antel por parte de privados, que fracasaron.

Con posterioridad en la Cámara de Diputados el oficialismo retiró los cuestionados artículos que modifican el régimen de áreas naturales protegidas, a los que se opusieron junto a la bancada de Frente Amplio la de Cabildo Abierto, en una nueva brecha entre los socios de poder.

A lo largo de los dos meses de debates el FA votó en contra del concepto de la LUC gubernamental en comisiones especiales y en los dos cuerpos del Poder Legislativo, y la vez acompañó alrededor del 46 por ciento de los artículos por separado, y donde fue posible introdujo modificaciones con el criterio de que ocasionen ‘el menor perjuicio posible’.

Como podría esperarse de una mayoría numérica de coalición de derecha, se incorporaron a su medida cambios vinculantes en sensibles materias, a las que se opusieron no solo los legisladores frenteamplistas, sino también alrededor de 10 organizaciones de la sociedad civil que comparecieron en comisiones.

Con signos preocupantes en defensa y seguridad se validó la polémica ‘legítima defensa’ armada de militares activos y retirados, o castigos de prisión a quien ‘amenace o insulte a policías’

Por complemento establece una batería de castigos introducidos en el Código Penal que declara ilegítimos los piquetes de protestas en espacios públicos que la Policía preservará.

La ley modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia, aumentando de cinco a 10 años las penas por homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado, violación y también abuso sexual.

Desaparece la representación de los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) -órgano rector de la Administración Nacional de Educación Pública-, lo que sindicatos magisteriales de las enseñanzas primaria y secundaria impugnaron alertando contra amenazas de mercantilización privatizadora.

Con idéntico énfasis se alertó contra la modificación de la ley de inclusión financiera para que los trabajadores puedan cobrar en efectivo y no solo por vía electrónica, lo que para el Pit-Cnt significa propiciar arreglos de pagos ‘en negro’, sin derecho a reclamaciones.

En este orden también se levantaron voces de alarma ante la eliminación de límites de transacciones bancarias en efectivo que potencialmente abrirían las puertas a lavados de dinero en vuelta a una pasada fama de Uruguay de paraíso fiscal.

Otro artículo dice que el Estado ‘garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga’ pero en la concepción del movimiento sindical contiene más trabas para su libre ejercicio y más garantías para empresarios abusivos y esquiroles.

Desde el Pit-Cnt el secretario general Marcelo Abdala indicó el objetivo punitivo del Poder Ejecutivo de avanzar de manera represiva contra una legítima forma de manifestación, lo que para expertos de la ONU son ‘disposiciones incompatibles con las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Uruguay ratificó en 1970’.

Para autorizados analistas hubo un empate por lo que quedó de la LUC en el camino pero por delante la derecha avanza en un proyecto regresivo, acompañado de aumento de la inflación, caída del salario real, devaluación de la moneda, reducción de la actividad económica, aumento del desempleo y la pobreza.

En toda ruta suele haber estaciones, en este caso eventualmente las de recursos por inconstitucionalidad, referendos derogatorios, y con más certeza la movilización social.

arb/hr

*Corresponsal de Prensa Latina en Uruguay.