La vergonzosa conducta del gobierno de Donald Trump, utilizando la lamentable y peligrosa Pandemia del Covid-19, contra gobiernos latinoamericanos al expulsar a cerca de 2000 emigrantes de 11 países de la región y muchas de esas personas contagiados con el virus Covid-19, es una forma de exportar la enfermedad, tal como lo denunciaron los medios locales y la Agencia de Noticias Telesur.

A esa criminal acción se suma el bloqueo a empresas europeas y estadounidenses, que no pueden vender medicinas e insumos para la fabricación de medicamentos y prótesis a Cuba y Venezuela. La opinión pública mundial debe tomar nota de estos actos que deben ser considerados como un crimen de guerra, denunciarlos y exigir que los organismos internacionales, tomen medidas y acciones a estas graves violaciones a los derechos humanos y de los pueblos de nuestra América Latina Caribeña. No se debe aceptar la impunidad de la que hoy goza y disfruta EE.UU. contra nuestros pueblos.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo, continúa en su campaña difamatoria contra Venezuela y Cuba, vinculándolos al narcotráfico, sin la más mínima prueba, la que además no puede tener, porque es una execrable calumnia, desmentida por la propia agencia antidroga DEA. El objetivo de esta repugnante mentira es sembrar esta matriz de opinión que justifique la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.  

Por otra parte, Pompeo se ha dedicado a presionar a diversas naciones que han solicitado a Cuba la compra del Interferón Alfa 2B, importante medicamento cubano para combatir el Covid-19, y la desvergonzada campaña de tratar de desprestigiar a la medicina cubana y a nuestros galenos, campaña que ha sido repudiada nacional e internacionalmente.

En respuestas a la sarta de falsedades de Pompeo, diversos gobiernos, incluyendo los de Italia y Andorra, solicitaron los servicios médicos cubanos, en total hoy tenemos 25 brigadas prestando su labor humanitaria en varias islas del Caribe y en África, una acción que sin mencionarlo desenmascaran a Pompeo y lo hace caer en un gran ridículo.  

En plena campaña contra Cuba, el presidente Trump, su Secretario de Estado y la mafia contrarrevolucionaria de Miami, alentaron con su política que se produjera un artero y criminal acto terrorista contra la embajada cubana en Washington. Las autoridades cubanas, luego de más de 36 horas de los hechos, espera la respuesta y resultados de la investigación por parte del Departamento de Estado y su gobierno por lo sucedido la madrugada del pasado 30 de abril, cuando su embajada, fue cobardemente atacada con intenso fuego de un fusil de asalto AK47, por un terrorista de origen cubano llamado Alexander Alazo, de 42 años, procedente de la localidad de Aubrey, Texas.

Y como bien señaló el canciller cubano, “este acto terrorista seguramente está impulsado por esa política hostil hacia Cuba” y le añado, campaña injustificada de odio, promovida por el actual gobierno de los Estados Unidos.

Mientras su país atraviesa una grave crisis producto de la Pandemia del virus Covid-19 y confronta serios problemas económicos, crisis laboral con 30 millones de desempleados y graves problemas de salud para cerca de 13 millones de migrantes, Pompeo se dedica a conspirar con los gobiernos de Colombia y Brasil, sus principales aliados, con el fin de provocar un violento conflicto en Venezuela, acusando al presidente Maduro de liderar el ingreso de drogas en Estados Unidos.

Será que Pompeo, ex jefe de la CIA y ahora Secretario de Estado, desconoce que Colombia produce el 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos, introducidas por carteles colombianos y mexicanos, de acuerdo a informes de la Agencia norteamericana DEA. Por favor, señor Pompeo no insulte la inteligencia de la opinión pública de nuestra región.  

Ignora Pompeo que el ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, mentor y guía del actual presidente Iván Duque Márquez, está sindicado desde 1991 por el Pentágono y su departamento de Defense Intelligence Agency (DIA) como colaborador del Cartel de Medellín.

El informe del DIA con el registro No 82, expone lo siguiente “Álvaro Uribe Vélez, un político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín, en las altas esferas del gobierno. Estuvo vinculado a los negocios relacionados con las actividades de narcóticos en Estados Unidos”.  “Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar Gaviria.” (1)  Información se encuentra en http//www. Gwu.edu/  nsarchiv/NSA EBB/NSA EBB131/index.htm

Desconoce el Secretario de Estado que, en el año 1981 durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, Álvaro Uribe Vélez fue nombrado Director de Aeronáutica Civil, y otorgó numerosos   permisos para construir pistas de aterrizaje y cientos de licencia a los pilotos del   Cartel de Medellín, por estos actos fue acusado, curiosamente por el padre del actual Presidente de Colombia, el entonces gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, al otorgarle licencia, para abrir la ruta aérea Medellín-Turbo, al conocido narcotraficante Jaime Cardona, petición desoída por el presidente Turbay. O la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como alcalde de Medellín, a los cuatro meses de su nombramiento en 1982, por expreso pedido del presidente Belisario Betancourt, por sus conocidas relaciones con Pablo Escobar.

Mike Pompeo desconoce la lluvia de acusaciones que existen no solo contra Uribe Vélez sino contra numerosos ex miembros de su gabinete y de altos jefes militares vinculados al paramilitarismo, que cumplieron y otros hoy cumplen prisión,  algunos fueron extraditados a Estados Unidos  y  el caso más notorio es el del Jefe de la Seguridad Personal del presidente Uribe Vélez,  el general Mauricio Santoyo Velázquez, extraditado y condenado a 13 años de prisión por una Corte de Virginia, por sus relaciones y negocios con  la oficina encargada del narcotráfico en Antioquia conocida como la OFICINA DE ENVIGADO.
 
Rebajada la pena al general Santoyo por su colaboración, en abril del pasado año 2019 fue extraditado a Colombia y encarcelado y cumple prisión, con graves acusaciones por su vinculación a la desaparición de  Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, pertenecientes a ASFFADE y complicidad en masacres cometidas por los paramilitares y enriquecimiento ilícito, este último delito estalló esta semana y ha tenido una amplia repercusión y un gran escándalo titulado La fortuna escondida del ex jefe de seguridad de Uribe.  

La pregunta de la opinión pública colombiana es, cómo con un salario de un General de la Policía se puede acumular  una fortuna de más de 6.193.415.576 millones, o será que Santoyo, no es más que un testaferro. O un gran capo del narcotráfico.

Otros graves escándalos han estallado en estos días en Colombia, la revista Semana bajo el título  la Carpeta Secreta, da cuenta de que  el Ejército colombiano, desarrollaba un amplio trabajo  de espionaje telefónico, visual y de seguimiento, a  importantes dirigentes políticos de izquierda, legisladores, periodistas, congresistas, dirigentes de los derechos humanos, y magistrados entre otros, que condujo a la separación de sus cargos a 11  importantes oficiales del Ejército,  según dio a conocer el ministro de Defensa.  

25 Congresistas colombianos han solicitado el esclarecimiento de estos hechos y no se conforman con las declaraciones del ministro de Defensa Holmes Trujillo, el senador Gustavo Bolívar, expresó a la agencia de noticia Telesur, que solicitará la renuncia del ministro de Defensa, y se pregunta: ¿cómo es posible qué, si desde del pasado año se conocían estas actividades, solo ahora las den a conocer y sea, en este momento, cuando  lo revela la revista Semana.

Muchos escándalos han surgidos en los dos últimos meses en Colombia, las declaraciones del Jefe militar en el departamento del César, el coronel Publio Hernán Mejía,  recientemente  condenado a 19 años de cárcel, por sus relaciones con el narco paramilitarismo y especialmente por su participación en una brutal masacre de jóvenes que acusaban falsamente de pertenecer al ELN, preguntado por el tribunal, de quien le dio la orden de ejecutar dicha masacre, sin  ninguna duda respondió que  la recibió  directamente del presidente Álvaro Uribe Vélez.

El coronel Mejía reveló además las relaciones y absoluta coordinación e incluso de acciones conjuntas del Ejército y los paramilitares a las órdenes de Jorge 40 y Hernán Giraldo, los importantes dos jefes narcotraficantes de la costa atlántica, hoy cumpliendo cárcel en Estados Unidos. Las relaciones de sectores de las FF-MM con el paramilitarismo es conocido, Puerto Boyacá es su más fiel ejemplo.

Otro gran escándalo que vincula al ex presidente y actual senador Uribe Vélez, es el del renunciante embajador en Uruguay Fernando Sanclemente, a quien le encontraron dos laboratorios de procesamiento de cocaína en una de sus fincas y, según la Nueva Prensa, “tiene a Uribe contra las cuerdas, por las relaciones Sanclemente- el clan Cifuentes-Villa- la Oficina de Envigado y Uribe Vélez.  Y quien por cierto en el primer mandato de la presidencia de Uribe Vélez en el 2005, nombró a Sanclemente como director de Aeronáutica Civil, cargo estratégico, desde cuando el propio   Uribe Vélez fue director y otorgo licencias al narcotráfico, con la diferencia que en este periodo, la enorme estructura del narcotráfico pasaría a operar desde el aeropuerto El Dorado de la Capital”  

El clan Cifuentes-Villa está vinculado familiarmente al expresidente Uribe, teniendo en cuenta que su hermano menor Jaime Alberto, fallecido en el 2011, fue durante algunos años compañero sentimental de Dolly Cifuentes, con la que tuvo dos hijos, la mayor Ana María Uribe Cifuentes, ambas detenidas y extraditadas a Estados Unidos y acusadas de ser operadoras financieras del cártel de Sinaloa para varios países de Sur América; Cartel con el que actualmente se relaciona Fernando Sanclemente. Lo que indica de manera clara que estas dos personas eran el enlace clave de dicho cártel mexicano con los carteles de narcotraficantes colombianos.

Los Cifuentes-Villa, familia que abrió las puertas al cártel de Sinaloa en Colombia y asociados al Chapo Guzmán, relación que  se concertó  en el elitista Club el Nogal, según   relata el periodista Daniel Mendoza, expone  lo siguiente: “el narcotraficante Salvatore Mancuso, se reunía  con importantes empresarios, grandes hacendados y terratenientes , el Clan Cifuentes Villa, fue presentado en el Club por Álvaro Uribe, como socios, a través de una de sus empleadas , la Cónsul de Colombia en los Países Bajo, y ante la junta directiva de dicha corporación que aplaudió su ingreso, reconociendo a esta familia de narcotraficantes, el estatus de industriales muy prestantes”. Así fueron presentados.

Sobre esta situación, coincidente con la permanencia de Sanclemente como director de la Aerocivil, existe una larga entrevista donde el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, confiesa haber administrado personalmente este gran Eje de narcotráfico en coordinación con Jorge Noguera, ex director del DAS condenado por nexos con el paramilitarismo durante el segundo Gobierno de Uribe. Jorge Nogueras como jefe de la Seguridad del Estado era subordinado directo del Presidente de la República, quien lo había enviado de cónsul a Italia, pero cuando estalló el escándalo del DAS, fue retirado, procesado y condenado.
 
También sobre este hecho, según la “Nueva Prensa” “se presentó una sospechosa coincidencia, ya que el allanamiento de la finca de Sanclemente se realizó justo cuando la mencionada Dolly Cifuentes Villa anunciaba su decisión de declarar en contra de El Chapo Guzmán jefe del Cártel de Sinaloa, lo que indicaría que las autoridades colombianas se adelantaron a los acontecimientos para tratar de darle algún tipo de manejo a la grave situación que se estaba fraguando en el exterior”.

De esta manera se configuró la gran estructura del narcotráfico cuyo epicentro para varios países de Sur América es Colombia, y cuya impunidad está hoy en peligro por cuenta de las confesiones de la pariente del mismo Uribe, Dolly Cifuentes Villa, entre otros factores derivados del proceso contra El Chapo Guzmán, de manera lógica por fuera del control de la mafia colombiana.

Como se puede apreciar estos son  solo algunos de los casos que vinculan al presidente Uribe Vélez, con los carteles de la droga y el paramilitarismo y como queda bien claro, no es Venezuela ni Cuba los que suministran la cocaína, son nada menos que sus aliados más íntimos y  sobre estos graves hechos ni Trump y ni Pompeo se pronuncian, ellos continúan con sus planes de agresión militar desde Colombia contra Venezuela y el ejemplo más claro lo tienen con el intento de desembarcar mercenarios y armas por La Guaira, Venezuela,  en la madrugada de este 3 de mayo, acción que les ocasionó 8 bajas, 2 detenidos  y un sin número concreto de desaparecidos de esta incursión mercenaria con fines desestabilizadores y cuyos directivos y organizadores son los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

La desmoralización del gobierno de Iván Duque Márquez y la impunidad son tan visibles y horrorosa, que el general de la policía Juan Carlos Buitrago, en un acto de valentía y honradez presentó su renuncia ante las amenazas contra su vida, al desarrollar diversas operaciones, en su condición de jefe de la policía fiscal y aduanera, contra el lavado de activo, contrabando y el enriquecimiento ilícito, a poderosas familias cercanas al gobierno   y la mafia narco paramilitar.

Lo que colmó la copa, según el general, fue conocer que el bufete de abogados de Abelardo de la Espriella es el mismo que representa al ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo y al mafioso Alex Saap, quien se encuentra prófugo.  Él hizo estas denuncias y no recibió ningún apoyo de su jefatura, tampoco trasladarlo a otras funciones, su vida obviamente corre peligro, como bien lo señaló en este informe titulado “Mafia narcoparaca en el Alto Gobierno Uribista” de la periodista D’ Arcy Quinn, de Radio Caracol.

Valore usted querido lector dónde está la verdad, resulta aberrante los ridículos y los falsos argumentos del gobierno de los Estados Unidos para justificar una intervención militar en Venezuela. El presidente Donald Trump, Mike Pence, Mike Pompeo y Elliot Abrams, deben tener muy bien claro que una intervención militar o por cualquier vía ilegal y tratar de forzar un cambio de gobierno en Venezuela puede costarle muy caro a los Estados Unidos y además nunca logrará sus propósitos.  

Sus relaciones con el fallido gobierno de Colombia él debe llevar a la reflexión y modificar su apoyo a un escenario donde gobierna el narcoparamilitarismo, hoy se puede decir que el embajador estadounidense Lewis Tambs tenía razón, Colombia hoy sí se ha convertido en una “narcodemocracia”.  Con este artículo pongo punto final a este serial de cinco. Pero les prometo escribir otros artículos dedicados al tema narcotráfico y la lucha insurgente en Colombia.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
La Habana, Cuba, 3 de abril del 2020.

TONY LÓPEZ R.(*)  05 MAYO 2020