Bogotá, 22 abr (Prensa Latina) Organizaciones colombianas alertaron hoy sobre posibles violaciones de derechos humanos en la ciudad de Manizales (centro-oeste), en el contexto del aislamiento preventivo obligatorio decretado ante la pandemia de Covid-19.

Manizales es una ciudad en la que el 40,7 por ciento de la población se encuentra en la informalidad laboral y en la que habitan 16 mil 413 víctimas del conflicto armado, de las cuales mil 634 no pueden acceder efectivamente a medidas de atención y reparación, precisaron en un comunicado divulgado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

El actual estado de excepción generado por el Covid-19 obligó a miles de familias a confinarse en sus casas; sin embargo, sus necesidades básicas no se encuentran suspendidas debido a la pandemia, la afectación ha sido directa teniendo en cuenta las actividades económicas informales que les permitían el sustento diario, subrayaron.

Al respecto, apuntaron que las obligaciones alimentarias y de vivienda necesarias para la satisfacción de sus necesidades básicas continúan, mientras las personas se debaten entre la salubridad individual y colectiva y la necesidad de satisfacer su mínimo vital de sobrevivencia.

Las ayudas alimentarias dispuestas por el gobierno nacional y local no han llegado a todas las familias que necesitan de ellas, no de manera oportuna, suficiente y en igualdad de condiciones, acotaron.

Por ello, las organizaciones expresaron que ‘las justificadas manifestaciones pacíficas se han hecho sentir en diferentes lugares de la ciudad clamando soluciones reales y efectivas a problemas sociales que no son resultado de la pandemia, sino profundizados por ella’.

Por experiencia en otras regiones y sin que sucesos de gravedad hayan ocurrido en el departamento de Caldas y en particular en la ciudad de Manizales, el 1 de abril la Policía Metropolitana de Manizales anunció en su página web la conformación de los grupos anti-saqueo y anti-atracos, compuestos por 172 efectivos con un entrenamiento especial, detallaron.

Dichos grupos están distribuidos por las 12 comunas de la ciudad, bajo el amparo del decreto 457 de la Presidencia de la República, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria actual, con la intención de brindar seguridad a los comerciantes y ‘garantizar la cadena de abastecimiento’ contrarrestando con autoridad los posibles desmanes, puntualizaron.

Sobre el tema, las organizaciones manifestaron su preocupación por la conformación de dichos grupos ‘por considerar que la historia del país ha demostrado que el fortalecimiento del brazo armado del Estado, en el marco de estados de excepción, y la creación de grupos especiales tendientes a mantener el orden, ha resultado en graves violaciones de derechos humanos’.

No existe claridad frente a funciones de estos nuevos grupos, tipo de armamento autorizado para eventuales intervenciones de choque, protocolos o lineamientos de protección y garantía de derechos humanos, así como tampoco sobre el tratamiento judicial a las personas capturadas por estos hechos, opinaron.

Además, manifestaron que la respuesta a miles de familias de barrios populares que solicitan la intervención no violenta del Estado para calmar el hambre y las necesidades vitales para la sobrevivencia no puede ser la criminalización de la pobreza y la adopción de medidas represivas y punitivas.

Al contrario, las respuestas deben ser políticas públicas de fondo y acciones, como la implementación de la renta básica, que permitan a las personas tener una vida digna durante las medidas tomadas en el estado de excepción y que continúen cuando el mismo finalice, remarcaron.

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