Por: Equipo Jurídico Pueblos

Enero 22 de 2020

Los hostigamiento y la persecución a abogados y familiares de las 10 personas detenidas por estos hechos ha sido una constante. Acciones de inteligencia ofensiva, seguimientos, interceptación de comunicaciones, hurto de información digital, el asalto a la oficina usada como sitio de reunión de los/as abogados/as, entre otros, son prácticas ampliamente denunciadas, sin que haya sido investigadas por la Fiscalía.

Los últimos hechos ocurrieron el día 20 de enero de 2020,contra el abogado Nabil Quijano. Siendo las 10:30 a.m, en la carrera 17 entre calles 61 y 62 de Bogotá cuando el profesional desplazaba de sur a norte en su vehículo, una motocicleta de la Policía Nacional (no adscritos a la unidad de tránsito y transporte), que cruzaba de oriente a occidente con dos miembros de esa institución, realizó una serie de maniobras poco usuales, como conducir sobre un andén y en contravía, para llegar al sitio donde se encontraba el abogado; momento en el cual se acercaron a la ventana por la parte izquierda y le ordenaron que subiera el carro sobre la acera para una requisa.

El profesional cumplió con el requerimiento policial, ubicando el vehículo donde le ordenaron los policiales. En ese momento le pidieron que bajara del vehículo y les entregara los documentos del mismo, los cuales se encontraban en orden. Tan pronto Nabil Quijano descendió del automotor le realizaron una inspección corporal, e inmediatamente después los uniformados procedieron a mirar los puestos traseros del carro. Luego, le preguntaron a qué se dedicaba a lo cual él respondió que es abogado.

Minutos más tarde, uno de los policiales le devolvió los documentos del vehículo diciéndole que había verificado, que estaban al día y que se podía ir. Una vez el defensor abordó nuevamente el vehículo, los uniformados lo siguieron por varias cuadras y por la calle 63 con carrera 17 voltearon con destino al occidente de la ciudad. Sorprende que ningún otro procedimiento similar se realizó por el sector.

Este tipo de procedimiento no es habitual, ni puede considerase irrelevante, menos aún si se tiene en cuenta que en el mes de diciembre, en el marco de un evento de solidaridad con presos/as políticos/as, le fue hurtado el computador portátil en el que tenía los apuntes, elementos probatorios y la guía de las audiencias preparatorias que están próximas a realizarse en el caso. El computador se encontraba dentro de una maleta donde además estaban un IPAD, un celular, un disco duro y el cargador, elementos que no fueron sustraídos.

Es de recordar que las abogadas Gloria Silva, del Equipo Jurídico Pueblos quien formó parte de la bancada defensiva y Luisa Fernanda Niño, apoderada de uno de los jóvenes acusados, denunciaron el hurto de equipos de cómputo. Casos, que al igual que el ocurrido al Dr. Nabil Quijano, fueron archivados por parte de la Fiscalía.

La persecución a la defensa de presos/as políticos/as en Colombia se ha naturalizado. Con la ley 1809 de 2018 (producto de los Acuerdos de la Habana) se criminalizó este ejercicio, imponiéndose una presunción de culpabilidad que puede llevar a muchos profesionales a la cárcel; situación que hace necesaria la exigencia colectiva de garantías reales y ciertas al ejercicio de la abogacía.