Por: Cicerón Flórez Moya

Para un nuevo período de cuatro años los colombianos votaremos hoy para elegir gobernadores de 32 departamentos, alcaldes de 1222 municipios, más los diputados de las Asambleas, los concejales y los ediles. Son los servidores públicos que tienen a su cargo el manejo del poder en las regiones, en las ramas ejecutiva y legislativa, conforme al ordenamiento institucional consagrado en la Constitución.

Las elecciones son un ejercicio de responsabilidad ciudadana de alcance político y hacen parte del tejido de la democracia. O sea que implican una decisión de la mayor importancia con efectos de Gobierno.
Importa mucho, por ello mismo, que la participación ciudadana sea cuantitativamente amplia y cualitativamente positiva en términos de acierto en la escogencia de los elegidos.

En un país como Colombia, donde los indicadores de la corrupción son apabullantes es deseable que a los cargos de elección popular lleguen personas con voluntad de aplicar correctivos a esos desvíos. Al respecto, a la escogencia de las mismas debe aplicársele el mayor rigor, a fin de no dejarse impresionar por los resplandores de la demagogia o de las promesas adobadas de populismo embaucador, que es hacer creer como viable algo fuera de la realidad.

Otro amarre perturbador en el proceso electoral es el del dinero. Es una carga perversa destinada a llevar a los ciudadanos a la anulación de su derecho a elegir correctamente, libre de la presión de alguna dádiva.
La práctica de la compraventa del voto en las elecciones es un recurso sucio, una trampa, una operación fraudulenta para distorsionar la voluntad popular, sometiéndola al interés particular. Pervierte la función política y le recorta poder a la democracia. Cuando se vende el voto se renuncia al derecho a exigirle al elegido el cumplimiento de las responsabilidades que legalmente le competen.

Contrariamente a esa deformación del derecho a elegir, el ciudadano está llamado a ser un decidido contribuyente de la democracia, dándole apoyo a la transparencia y la legalidad en los actos de Gobierno. O sea, oponiéndose a todo cuanto puede representar detrimento de los recursos oficiales, sobre los cuales se impone un manejo tanto eficiente como transparente a fin de que su aplicación satisfaga las necesidades de la población e irrigue, en general, bienestar social para todos. La democracia no puede ser una apariencia sino la realización de propuestas que eleven las condiciones de vida de la comunidad.

Los ciudadanos no pueden entregar su poder a los politiqueros. Tienen que aprovecharlo en la construcción de cuanto represente avance en educación, cultura, salud, seguridad, paz, protección ambiental y todas las demás garantías para la consolidación del bienestar colectivo.

Ante la crisis de los partidos políticos, corresponde a los ciudadanos obrar como guías de sí mismos, dándole a la política contenidos que la hagan de utilidad común y la blinden contra todas las posibilidades de frustración de los derechos reconocidos a la persona humana, sin discriminación de ninguna índole. Y en esa misma perspectiva debe asumirse el ejercicio electoral.

Puntada

Alberto Estrada Vega fue en Norte Santander un profesional de gran prestancia. Por su idoneidad y honradez sobresalió como servidor público. Durante los años que desempeñó la gerencia de Centrales Eléctricas su gestión fue positiva, óptima, ejemplar. Deja un legado de aciertos y eficiencia.

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