HUMANIDAD VIGENTE  05 MARZO 2019

En lo transcurrido del presente año, en el departamento de Arauca han sido asesinadas 32 personas y tan solo en los últimos 6 días se registraron 8 víctimas. Así lo han denunciado tanto el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) Capítulo Arauca, como la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

A pesar de que Arauca es uno de los departamentos en los que se cuenta con una fuerte presencia y control militar, la situación que vive el departamento es alarmante. La población civil se encuentra en medio de la violencia generada por los grupos armados legales e ilegales, lo que ocasiona una grave crisis de derechos humanos y la infracción constante al DIH. Además de los asesinatos, varios civiles han resultado gravemente heridos.

A su vez, la comunidad araucana ha denunciado que en el municipio de Fortul, se han observado hombres encapuchados portando prendas militares y armas de largo alcance pero sin ningún tipo de distintivo. También han denunciado que en varios municipios del departamento circula un panfleto firmado por el décimo frente de las FARC-EP, en el que se advierte que se adelantarán actos de la mal llamada “limpieza social”.

Ante esta grave situación no ha existido hasta la fecha ninguna respuesta por parte del Estado colombiano, no obstante los reiterados llamados y denuncias realizadas por las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Los dos asesinatos más recientes ocurrieron el 24 de febrero. Una de las víctimas fue el ex gobernador indígena de la comunidad Cuilito II del municipio de Tame, Demetrio Barrera Fuentes, cuyo cuerpo en la vereda de Santo Domingo. El otro hecho ocurrió en la vereda Miramar del municipio de Saravena, en donde se halló el cuerpo de un joven de aproximadamente 17 años de edad, quién aún no ha sido identificado.

Por lo anterior, Humanidad Vigente se suma a la voz de las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de la región en la exigencia al Estado colombiano e instituciones de gobierno que adopten las medidas necesarias encaminadas a garantizar la vida y los demás derechos de la población araucana, buscar una salida negociada al conflicto armado que lleve a una paz integral, estable y duradera, al tiempo que le solicitamos a las autoridades judiciales competentes, adelantar las investigaciones para dar con los responsables de los distintos hechos delictivos que han azotado a la población del departamento de Arauca. 

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