Por: Horacio Duque* 

En el diario La República de Bogotá, el columnista Andrés Otero (Ver https://www.larepublica.co/analisis/andres-otero-leongomez-2834704/el-rugido-del-tigre-4422525 ) sugiere que el nuevo gobierno de Colombia, a instalarse el próximo 7 de agosto, y su equipo inicien con «una Auditoría forense de los sectores más importantes, donde existen suficientes indicios de que» se están dando graves hechos de corrupción y despojo de los dineros públicos y los presupuestos estatales por parte de mafias criminales. Un proceso de tal naturaleza debe servir para conocer el estado real de muchas entidades y emprender acciones judiciales contra los responsables que han saqueado al país como en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGR, Invias, Regalias, Dapre, DNI, Aero civil, Ministerio de Defensa, Agencia de Tierras, Fondos en Paz, Colpensiones, Ecopetrol, la Salud, Infraestructura educativa, Prosperidad Social, Findeter, Inpec, Uspec, Sustitución de cultivos, Agencia de Desarrollo Rural, En Territorio, Invima, ICBF, SAE, Inravision, Registraduría del Estado civil, Computadores para Educar, Banco Agrario, Dian, Fondo de Adaptación, FOMAG, Fiduprevisora, Coljuegos, Fondos Mixtos, Universidades públicas (Cordoba, Quindío, Tecnológica de Pereira), Función Pública.

Si bien la Auditoria forense es un recurso judicial ordinario, tal instrumento ya se encuentra consagrado en normas anticorrupción expedidas hace poco, como el decreto 1600 del 27 de diciembre del 2024, mismas que las bandas de la corrupción y las oficinas de Control Interno han bloqueado en los últimos 20 meses de manera deliberada con maniobras de todo tipo como se ha visto en entidades como Prosperidad Social, Colpensiones, Regalias e Invias.

Una Auditoria forense y otras normas del Código Penal deben ser implementadas de manera prioritaria para erradicar el cáncer de la corrupción que se queda con más de 55 billones de pesos.

En efecto el decreto 1600 incluye la organización y operación de las Auditorias forenses en todas las entidades del Estado en los siguientes términos:

«Artículo 2.1.4.3.1.3. Definiciones. Para los fines de este decreto, se entenderá por:

1. Auditoria Forense: rama de la auditoría que se enfoca en la prevención y detección de riesgos de corrupción y riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), a partir de una revisión rigurosa de procesos, hechos y evidencias para documentar la existencia de un presunto acto irregular, usando conocimientos interdisciplinarios que incluyen técnicas de investigación criminalística, contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y habilidades en áreas financieras; el resultado de un proceso de auditoria forense permite la identificación y recolección de evidencia para ser presentada ante las autoridades competentes de llevar a cabo el debido proceso de investigación, acusación y juzgamiento.

2. Corrupción: todo acto que implique desviación de la gestión administrativa o de los recursos públicos y privados para obtener un beneficio propio o para un tercero. Igualmente, constituyen actos de corrupción las conductas punibles descritas en la Ley 599 de 2000, o en cualquier ley que la modifique, sustituya o adicione, así como lo previsto en la Ley 1474 de 2011; las faltas disciplinarias; y las conductas generadoras de responsabilidad fiscal relacionadas con los actos de corrupción y cualquier comportamiento contemplado en las convenciones o tratados contra la corrupción que Colombia haya. suscrito y ratificado. Esas conductas incluyen: (i) El uso del poder para obtener beneficios personales, (ii) Pérdida o disminución del patrimonio público, (iii) El perjuicio social significativo, y (iv) La corrupción electoral.

3. Estándar de debida diligencia en la investigación y sanción de presuntos actos de corrupción: herramienta de estandarización de criterios comunes para generar procesos y procedimientos eficientes, eficaces y efectivos en la detección, investigación y sanción de presuntos hechos de corrupción. Además, debe entenderse como la adopción de mecanismos y herramientas reforzadas, con el fin de generar una precaución adicional en la salvaguarda de recursos públicos a cargo de las entidades.

4. RADAR: Indicador elaborado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, diseñado para evaluar la afectación que la corrupción tiene en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Para garantizar su fiabilidad, las herramientas empleadas en esta medición deben cumplir con los estándares técnicos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco de la Política de Gobierno Digital» (Ver https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=171757 ).

A pesar de que la norma determina procedimientos y recursos para la implementación de la Auditoria forense, las Oficinas de Control Interno y las altas gerencias de las entidades estatales se las han arreglado para dejar en el congelador dicha herramienta.

Hay casos aberrantes que demandan acciones urgentes como el de Colpensiones, donde Dusán es amo y señor, haciendo de las suyas tal como ha sucedido por años con las pensiones y prestaciones sociales de los educadores del FOMAG; o el de Prosperidad social donde la contratación de la Infraestructura social con Findeter y En Territorio es una verdadera cloaca en perjuicio de las víctimas como sucede con los Puntos de Abastecimiento Solidario y con la construcción de las plazas de mercado; el del FOMAG y la Fiduprevisora; y el del Sistema General de Regalías con su Ocad paz despedazado por los Fondos Mixtos y otros parapetos.

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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación académica que incluye: Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Maestría en Relaciones Internacionales. Como analista, es conocido por su enfoque crítico y su vinculación con movimientos sociales. Sus análisis suelen centrarse en la defensa de los derechos humanos, medioambientales y los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en el sur occidente colombiano. Ha participado como conferencista en seminarios sobre el proceso de paz, promoviendo la pedagogía sobre la democracia ampliada y el pluralismo político♦

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