Carolina Vásquez Araya

El acto más revolucionario que una persona puede realizar, es decir la verdad.

Ciegos de rabia e impotencia, el presidente de Guatemala y sus huestes instaladas en las instancias de poder, han abandonado el disimulo para lanzarse en picada -y con todo el arsenal jurídico en sus manos- contra la prensa de ese país. Ya no hay resquicios en donde esconder el miedo que les domina cada vez que aparece en los medios una denuncia por sus descarados actos de corrupción y abuso. Amparados por una cúpula empresarial incapaz de medir el alcance de sus delitos, persiguen y acosan a miembros de la prensa tal y como persiguen a jueces, magistrados y fiscales dignos y valientes, quienes a pesar de la intimidación y las amenazas han sido capaces de investigar a fondo sus delitos.

La instalación de una dictadura en Guatemala no es una teoría de conspiración. Es un hecho consumado. El mandatario, sus aliados en el Congreso, sus acólitos en el Ministerio Público y sus cómplices en las Cortes y en el Tribunal Supremo Electoral, han puesto un sello a las libertades ciudadanas y a los derechos civiles de una población paralizada e incapaz de reaccionar. En medio de ese panorama, no son muchos los valientes cuya lucidez les impulsa a actuar de frente y, entre ellos, mujeres y hombres dedicados a divulgar la verdad de los hechos por medio de sus diferentes plataformas de comunicación. 

En su intento por emular la furia dictatorial de su colega nicaragüense, el presidente guatemalteco se ha paseado por encima del texto constitucional, transformando al Estado en una cueva de ladrones en donde corre el dinero a manos llenas para asegurar el fortalecimiento de un pacto de corruptos que tiene al país yendo directo a convertirse en el ejemplo vivo de la quiebra moral de una nación. La manipulación de las leyes, la amenaza a quienes intentan decir la verdad y el soborno descarado de los congresistas y jueces no hablan de poder, sino de una cobardía tal como para llevarlos a lanzarse en picada -y sin medir las consecuencias- contra todo aquel valiente que les presente oposición. 

Toda la podredumbre de la administración pública -con su rastrera sumisión ante el crimen organizado que les acaricia los bolsillos con sus inmensas fortunas- tiene su réplica en las calles y los caminos de ese castigado país, en donde los matones se abren paso a balazos contra una población condenada al silencio. Los niveles de impunidad ante la criminalidad desatada a lo largo y ancho de Guatemala, responden a una especie de pacto cuya meta es colocar en la primera magistratura a quien se pliegue a continuar con la línea trazada y quien evite, por supuesto, cualquier intento de llevar a los culpables ante una justicia capaz de actuar con transparencia.

La persecución contra la prensa -incluido en ella el trabajo de opinión editorial realizado por columnistas de distintos sectores e ideologías- demuestra la debilidad de estas estructuras criminales ancladas en las instancias públicas, pero sobre todo el desprecio por el derecho de la población de ser informada -en detalle y con veracidad- sobre los actos de sus gobernantes. La violación de este derecho está claramente tipificada en las leyes y en la Constitución Política de la República, en cuyas páginas se garantiza aquello que hoy pisotean: la libertad de prensa. 

Restar derechos constitucionales es un tiro en el pie. Tarde o temprano, pagarán por ello.