Por: José Heriberto Holguín Bejarano

La situación crítica de la salud del pueblo-pueblo de Colombia, amerita no una reforma sino el cambio radical estructural de los cimientos de la Ley 100 que fue diseñada intencionalmente no para prestar un servicio sino para sacar grandes réditos, beneficios, ganancias y provechos para los que invirtieron grandes cantidades de dineros y regalías a los liberales y conservadores de ese momento histórico, que estaban entusiasmados con el modelo económico neoliberal, ávidos y ansiosos de su aplicación, con el objeto evidente de convertir la salud en un negocio bastante lucrativo para unos pocos y concentrar alrededor de la salud las prestaciones sociales entre ellas las pensiones las cuales quedaron amarradas al peculio del dueño y bancario Sarmiento Angulo. 

El no apoyar a la ministra de la salud Carolina Corcho, sería una torpeza superior similar a la de todos los neoliberales uribistas juntos, con su jefe a la cabeza. El no reconocerle su proyecto es negarle al pueblo un derecho fundamental que hasta hoy no existe como tal, consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal caduco que es importantísimo y necesario romperlo de la historia de Colombia, con el fin de arrebatarle a todos esos deshonestos, nuestro elemental y fundamental derecho a la vida mediante un servicio real que nos permita estar seguros de la existencia alguna vez en la historia de Colombia, con la presencia, la cercanía directa de la Presidencia a nuestro pueblo colombiano. 

La reforma procura un cambio sostenido e intencionado que busca mejorar la eficiencia, la equidad y la eficacia del sector de la salud, busca mejorar y fortalecer el sistema general de Seguridad Social de la salud y garantizar la prestación del servicio como un derecho Universal; propone establecer un modelo de atención primaria de salud en el que todos los colombianos podamos tener acceso a una atención primaria en la misma, que incluya consulta de urgencias, atención de medicina general y una sala de partos.

Garantizar la portabilidad nacional del servicio para que los colombianos puedan ser atendidos en cualquier lugar del país y no solo en su municipio de residencia. Fortalecer la red hospitalaria pública con nuevos recursos, mayor capacidad de gestión e incentivos a los médicos, enfermeras y demás trabajadores prestadores del servicio, dignificando de esta manera el trabajo del capital humano en salud.

Esto es importante sobre todo para el sector rural, las áreas más alejadas del país y en los barrios más pobres de las ciudades, puesto que, según cifras del Gobierno, en Colombia de casi 1.100 municipios, hay 600 sin sedes de salud, 183 municipios de zonas rurales con una sola sede de salud. Con relación al fortalecimiento, se busca crear un sistema preventivo y la creación de un procedimiento gubernamental que busca atención primaria para evitar las enfermedades como una estrategia que explora formalizar a los trabajadores de la salud y darles un estímulo para que vayan a trabajar a zonas dispersas rurales y lograr establecer un perfil epidemiológico en cada departamento y municipio. 

Uno de los cambios que propone, es el fin de la intermediación de los recursos porque la salud se financia con aportes de los trabajadores y del presupuesto de los aportes de los colombianos.

Para la atención primaria en cada lugar, es menester incluir dentro de la reforma la dignificación de los trabajadores de salud, que con la ley 100 ha sido vulnerada y conducida políticamente como una mercancía, que ha deshumanizado no solo al médico sino también el servicio prestado. 

Acabar la violencia de la guerra económica, política y social es una extraña paradoja.

La polaridad nos explica que todo tiene su opuesto, su antagónico, que al mismo tiempo ambos son parte de una misma cosa, una unidad, como el día y la noche, el invierno y el verano presentes en la realidad del tiempo necesario para la vida en una unidad recíproca, no como el frente nacional que fue “creado para frenar la violencia” y terminó siendo parcializado para los que han detentado el poder como herencia colonial en forma de dinastía monárquica, que ha conducido al país a las puertas del sepulcro o sepultura, cementerio común que nos invita  necesariamente  brindarle la gran oportunidad a la ministra liderar lo que puede ser un beneficio permanente para todo los colombianos y colombianas.

Ahora es el pueblo-pueblo,  el que exige la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad no sólo de criterios filosóficos, sino sociales, políticos y económicos donde no exista lo mío ni lo tuyo sino lo nuestro, bajo los principios de equidad extirpando toda clase de parásitos que se han instalado en la economía del país. La palabra la debe tener el pueblo con el ejercicio de la democracia popular.