Por Semanario Voz /  -23 febrero, 2023

Editorial VOZ 3162

Hay mucha confusión en el ambiente. El debate jurídico de alto nivel afecta los anhelos de paz de las comunidades en los territorios y de las victimas que siguen buscando verdad, justicia, reparación y no repetición.

La primera tarea institucional es unificar las instancias del Gobierno y la construcción de un sólido concepto jurídico que aclare y haga avanzar las exploraciones, diálogos y posibles negociaciones entre el ejecutivo, las insurgencias, las disidencias, los grupos paramilitares y narcotraficantes.

El Ministerio de Justicia en su anuncio del proyecto de ley de sometimiento de grupos a la justicia ordinaria, no incluyó al Comando Coordinador de Occidente FARC-EP ni a la Segunda Marquetalia por considerarlas agrupaciones con estatus político. El esfuerzo por unificar criterios constitucionales y jurídicos es urgente, ya que el alto comisionado para la paz Danilo Rueda y la Oficina Jurídica de la Presidencia insisten en que solo el ELN y el Comando Coordinador de Occidente tiene ese estatus y la Segunda Marquetalia no.

Esta situación, de falta de unidad de criterios en el ejecutivo, además de ser grave, le da argumentos a la oposición derechista y guerrerista para profundizar su campaña de desprestigio hacia la política de paz total.

La paz debe ir más allá de lo jurídico para centrarse en la necesidad histórica, como un derecho inalienable del pueblo colombiano. Lo legal debe ser la plataforma sobre la que fluya el derecho a la paz. La semántica jurídica centrada en los conceptos de disidentes y desertores no puede empantanar la paz total.

La Presidencia de la República considera que los disidentes son quienes no firmaron ni se acogieron a los contenidos de Acuerdo de Paz de La Habana, entrando en esta categoría el Estado Mayor de las FARC-EP. Por otra parte, con el ELN se ha dado continuidad a los diálogos que venían desde el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que también les asiste el carácter insurgente. Estas dos guerrillas pueden acogerse al proceso actual de paz total.

¿Por qué la Segunda Marquetalia no? Según la Presidencia, estos son desertores que firmaron el Acuerdo de Paz, pero al devolverse al monte y rearmar un grupo, traicionaron los compromisos firmados. Deben entonces según el Gobierno nacional, someterse a la justicia ordinaria, lo que obligaría darles tratamiento de grupo criminal.

Pero lo jurídico como lo conceptual, no están vacíos de historia. La pregunta es: ¿La historia demostrada de entrampamiento, de perfidia y engaño que urdió la fiscalía presidida por el nefasto y oscuro Néstor Humberto Martínez, apoyada por el silencio cómplice del expresidente Santos, reafirmada por el expresidente Duque y apoyada y dirigida por la DEA estadounidense, no juega como elemento atenuante jurídico que abre la posibilidad de retoma del proceso de paz con este grupo? Este entrampamiento también ha sido mencionado por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, como factor real e incidente en el desarrollo posterior a la firma del Acuerdo de Paz.

El senador Iván Cepeda expresó su desacuerdo con el tratamiento jurídico que se viene dando a esta situación y en un trino afirmó: “Expreso mi total desacuerdo con el concepto de la oficina jurídica de la presidencia que impide el tratamiento político del grupo Segunda Marquetalia. He denunciado que en este caso se presentó un entrampamiento judicial que no justifica el rearme, pero si un diálogo político”. Este es el camino. La paz más allá de la semántica jurídica, teniendo en cuenta el contexto real, concreto y la memoria institucional y política de la compleja construcción de la paz total.

Si hay salida jurídica y si es posible avanzar en esa dirección. En el caso de la Segunda Marquetalia, una salida posible, sería la mencionada un mes atrás por Pastor Alape, exnegociador de las Farc en La Habana y vocero del Partido Comunes, quien sostuvo en el diario El País que, “hoy la salida debe ser política, implica fórmulas combinadas entre acuerdos de sometimiento y acuerdos de negociación política (…) por el entrampamiento que le tendieron agentes del Estado”.

Es necesario que desde la sociedad civil, el movimiento social en defensa de la paz, desde los territorios donde hoy la guerra y la confrontación tienen confinadas y afectadas los derechos humanos de miles de ciudadanos y ciudadanas, nos movilicemos en defensa del proceso de paz total. Quienes hoy orientan la política pública de paz debemos estar unidos en una sola voz institucional, colocando por encima de la semántica jurídica la necesidad estratégica y sentida de la paz total con justicia social.

Proponemos un diálogo y negociación política con el ELN, las FARC-EP, el EPL y la Segunda Marquetalia, con garantías y sin exterminio a los excombatientes. Con el resto de estructuras aplicar la ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de bandas criminales que se encuentra en construcción.