Documento publicado por el Dr. Diego Martínez – CPDH –

Bogotá.

Soy representante judicial de varias víctimas de los hechos ocurridos en el marco del Paro Nacional que se vivió en el país durante el gobierno de Iván Duque, entre ellas apodero a algunas  madres de los jóvenes que perdieron sus vidas y de otros que fueron mutilados y, en muchos casos, torturados; casi todas estas graves violaciones se encuentran en la total impunidad, constituyen verdaderos crímenes de Estado. 

Respecto a las reacciones que ha generado el nombramiento de jóvenes como gestores de paz, resulta increíble la doble moral de algunos aparatos de poder que perviven en Colombia, pues mientras algunos critican la medida legítima del presidente Gustavo Petro de declarar a algunos jóvenes GESTORES DE PAZ, por el otro lado olvidan que durante el Paro Nacional se silenció cruelmente a toda una generación.  

Las madres de muchos de estos jóvenes que fueron asesinados, o aquellos que fueron mutilados o torturados, deben soportar la impunidad y la falta de reparación efectiva por parte del Estado Colombiano. Gran parte de estos procesos son investigados por fiscales locales, sin ninguna vocación de esclarecimiento.

Respetando la autonomía e independencia de la justicia, los organismos judiciales y de investigación deben rendir cuentas al país respecto a este tipo de impunidad; los crímenes contra los jóvenes, practicados de manera sistemática durante el paro nacional, son verdaderos crímenes de sistema que deben ser investigados y sancionados.  

La libertad de los jóvenes que hoy están en las cárceles, víctimas, en muchos casos, de montajes judiciales, es una forma de reparación colectiva del actual Estado de Derecho.

DIEGO MARTINEZ

Integrante del CPDH  

Defensor de Derechos Humanos.