Por /  Semanario Voz /  -21 octubre, 2022

Los trabajadores exigen recursos para cubrir las vacantes y ampliar la planta de personal, así el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá cumplir a cabalidad con sus funciones

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino

“Agradecemos señor presidente, se adicione el presupuesto ICBF 2023 por un valor de $197.028.127.990, para la modificación (ampliación) de la Planta de empleos permanente y la reclasificación general de dos (2) grados para los cargos de la planta actual…”

Así lo escribió en misiva dirigida al presidente de la República Gustavo Petro, la dirección del Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sintrabienestar, el pasado 7 de octubre, para buscar que se cubran las falencias de la planta de personal de ese ente estatal.

La medida se suma a otras que desde hace años han venido desarrollando los trabajadores sindicalizados en busca de cubrir las vacantes, ampliar el personal necesario para las tareas misionales, reducir la sobrecarga laboral y responder de manera acorde con las demandas que la sociedad hace al ICBF.

Una de las últimas acciones de los trabajadores para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y de acuerdos suscritos en años anteriores, fue las protestas del presente mes en Antioquia.

Antioquia, el inicio

Jorge Andrés Cano Agudelo, vicepresidente de Sintrabienestar de ese departamento, explicó a VOZ que inicialmente se convocó a asamblea con líderes de la región para reunirse con la directora nacional Concepción Baracaldo, con la intención de explicar la problemática laboral y los requerimientos, pero ella no accedió a establecer diálogo.

“Lo que pedimos son recursos para ampliación de planta de personal porque el ICBF no ha realizado ninguna solicitud. La administración que entra desconoce cuál es la situación del ICBF”, explica el dirigente sindical, quien agrega que la dirección anterior, que mantiene funcionarios en la actual, no solicitó más presupuesto para hacer una necesaria ampliación de planta en la entidad, además, que tuvieron comportamientos antisindicales.

La negativa a dialogar los obligó a presionar con el cierre de los centros zonales antioqueños, lo que tampoco sirvió, pues la administración del ICBF manifestó que no se sentaría a negociar con trabajadores en cese de actividades, que debían volver al trabajo y mostrar ánimo conciliador. Para el sindicato, esa posición se contradice con la actitud del actual Gobierno nacional con los sindicatos.

Esa respuesta provocó que los trabajadores radicalizaran su posición por lo que para el miércoles 19 harían mítines en todos los centros zonales del regional y el cierre del ICBF en este departamento.

Ana María Arévalo Moreno, presidenta nacional de Sintrabienestar, expresó a VOZ que el cese de actividades en este regional se dio porque desde antes de pandemia hay vacantes no cubiertas en la planta de personal del Instituto, y que estas se requieren porque aumenta la demanda de los servicios prestados por el ICBF y porque otros trabajadores dejan sus cargos ante mejores oportunidades laborales. Mejores oportunidades en cuanto a salarios, como a las cargas laborales: “Así pasamos de 95 vacantes en 2020 a 146 sin proveer, solo en Antioquia. Pero en todo el país son 1.380”.

Las necesidades

El problema va más allá. La planta del Instituto es de 8.856 trabajadores y trabajadoras en la que no se han cubierto los espacios que denuncia Ana María. Adicionalmente, hay un estudio de cargas de finales del año 2021 en el que se evidencia que, para poder cumplir con las responsabilidades del ente, hacen falta 6.413 cargos más.

Es necesario recordar que los trabajadores y trabajadoras del ICBF se ocupan de diferentes enfoques de atención de la institución, como los procesos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, realizado por las Defensorías de Familia, que comprende procesos conciliables, adopciones y responsabilidad penal para adolescentes.

Además, está el componente de prevención y promoción, en el que se supervisan los contratos con operadores o terceros para prestar servicios a primera infancia y juventud, como hogares comunitarios, centros de desarrollo infantil, programas de atención a las familias y otros componentes de prevención.

“Los trabajadores lo que hacemos en esos procesos es la asistencia técnica y la supervisión de los contratos que se ejecutan por terceros como las asociaciones de padres de familia, los operadores, lo que también nos ha generado problemas: la tercerización”, anota la presidenta de Sintrabienestar.

Por otra parte, el tardío nombramiento de la directora del ICBF, Concepción Baracaldo Aldana, y, según trabajadores, el desconocimiento del instituto y sus problemas por parte de ella, no ha permitido que se haga una petición al Gobierno nacional sobre el aumento presupuestal para el Instituto.

Asamblea de trabajadores del ICBF Antioquia en la que tomaron decisiones en pro de la defensa
de la institución. Foto cortesía

El déficit

En ese contexto, la presidenta de Sintrabienestar asegura que la administración pasada alertaba sobre un déficit presupuestal de 400 mil millones de pesos para proyectos de inversión. “Eso lo dijo el director encargado, o antiguo secretario general, luego dijo que no, que era mentira que no había déficit, entonces, que lo que habían pedido para el instituto era lo que se necesitaba para 2023. Pero sabemos que sí hay un déficit de 560 mil millones, que según lo que dijo la directora en un espacio que tuvimos con ella, los iba a gestionar, ni siquiera que los estaba gestionando. Pero hasta donde sabemos por las gestiones que hacemos para los recursos de ampliación de planta, que no están incluido en esos 560 mil millones, es que no se ha hecho ninguna gestión por parte de la dirección del Instituto”.

Para el sindicato, la ampliación de planta en 6.413 cargos y mejoramiento salarial, pactado en el acuerdo colectivo 2021 y teniendo en cuenta los recursos utilizados por los 6.148 trabajadores con órdenes de prestación de servicios, 285 mil millones, requiere 197 mil millones. Con lo que también se haría una reclasificación salarial en dos grados para alrededor de 8.800 cargos.

En busca de soluciones

Sobre la reclasificación los trabajadores se refieren a que hay profesionales en el área de sicología, trabajo social o nutrición, con grado 7, la mayoría con posgrados, que devengan menos de tres millones de pesos mensuales. “Son salarios muy bajos para la carga laboral, la formación y la experticia requerida para esos trabajos en una Defensoría de Familia”, señala Ana María Arévalo.

La situación es generalizada, lo que ha obligado al sindicato a proponer soluciones y escenarios de diálogo con Concepción Baracaldo, aunque sin respuesta. Por lo contrario, “ha tenido una posición tosca ante los trabajadores. Y, nos informó que ella necesitaba era trabajar por la salud, la educación y la comida de los niños, aspectos que no son la base del trabajo del Instituto”. Lo que demuestra desconocimiento de la entidad, por lo que ha sido criticada desde su nombramiento.

La situación de sobrecarga laboral ha llegado al extremo: “Estamos trabajando con las uñas. Estamos cubriendo dos o tres puestos cada trabajador y esos cargos ahí vacantes. La gente con necesidad de trabajar y la otra gente con necesidad de atención. Estamos cortos de defensores de familia y de nutricionistas en un 40%. Se supone que cada defensor de familia tiene un equipo con trabajo social: nutricionista y sicología, y si hay mil defensores hay 700 sicólogos, 600 trabajadores sociales y 300 nutricionistas”, como lo describe Jorge Andrés Cano.

Por ahora, los trabajadores protestan y continúan buscando acercamientos con la dirección del ICBF y representantes del Gobierno nacional, como el viceministro de Relaciones Laborales Edwin Palma, para cambiar una situación que los afecta a ellos y a la misionalidad de la entidad. También, lo han hecho con congresistas del Pacto Histórico y esperan que la directora de la entidad asuma sus funciones para lograr que el ICBF sea coherente con los propósitos de cambio del Gobierno nacional.