Por: Heidy Sánchez

Durante el 9 y 10 de septiembre de 2020 se presentaron varias protestas en la ciudad de Bogotá, esto a raíz del asesinato del ingeniero y estudiante de Derecho Javier Ordóñez a manos de uniformados de la Policía Nacional, quienes lo torturaron con un arma eléctrica en la calle y posteriormente lo trasladaron al CAI de Villa Luz en Engativá, donde lo golpearon hasta llevarlo a la muerte. Este crimen fue perpetrado con tanta sevicia que la necropsia arrojó nueve laceraciones en el cráneo, una hemorragia abdominal, el estallido de un riñón y esquirlas de proyectil de arma de fuego en una pierna.

La respuesta a la indignación por un nuevo caso de violencia policial, dentro de una larga fila de hechos que continúan en la impunidad, fue más represión por parte de los uniformados, quienes utilizaron su fuerza letal de manera indiscriminada para dispersar a las y los manifestantes. En medio de estas jornadas de protesta, se perpetró una masacre en la ciudad de Bogotá y en el municipio aledaño de Soacha, en la que murieron 13 personas por impactos de arma de fuego, 75 más resultaron con heridas de este mismo tipo, 43 por arma cortopunzante y 187 más resultaron lesionados con heridas causadas por distintos objetos, esto según el informe para el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante estos días[1].

Sumado al uso de armas de fuego, también se presentaron torturas, el uso de armas como palos, seguimientos ilegales, detenciones ilegales y violencias basadas en género, entre otras violaciones a los derechos humanos. Del mismo modo, es importante recordar que, junto a la Policía, también intervinieron hombres armados vestidos de civil que actuaron en contra de quienes protestaban. A partir de este desenlace fatal y según el informe de esclarecimiento, se pudo concluir, por un lado, que no existió una orden directa por parte de la alcaldesa Claudia López, ni por parte de los mandos policiales, para impedir el uso de armas de fuego de manera indiscriminada, y que, por otro, la Policía Nacional violó con su accionar los principios de proporcionalidad y de estricta necesidad.

Sin embargo, nadie se responsabilizó por los hechos, ni la alcaldesa Claudia López, ni los mandos policiales, ni los miembros individuales de la institución que participaron, ni el entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y el presidente de la República en ese momento, Iván Duque Márquez. Pese a que es el segundo año de conmemoración de esta masacre, la impunidad sigue reinando, mientras el dolor de las familias de Andrés Rodríguez, Angie Baquero, Anthony Estrada, Cristián Hernández, Cristián Rodríguez, Christian Hurtado, Fredy Mahecha, Germán Puentes, Jaider Fonseca, Julián González, Lorwan Mendoza, Julieth Ramírez y Marcela Zúñiga sigue intacto.

Impunidad que se refleja en que ninguno de los uniformados que están siendo investigados por estas atrocidades ha sido condenado. Según Cerosetenta, todos los procesos judiciales se encuentran en etapas distintas, unos en la etapa de acusación y otros están iniciando las audiencias preparatorias al juicio. Han sido imputados hasta el momento solo John Antonio Gutiérrez, José Andrés Lasso, Andrés Díaz Mercado y Oscar Alexander Márquez, siendo este último el único que se encuentra en detención domiciliaria. Como si fuera poco, pese a que no ha habido ni una sola condena o destitución, sí se han celebrado ascensos de los mandos que estaban encargados de tales uniformados; lo que se convierte en burla y revictimización de las familias de las personas asesinadas durante estas dolorosas noches.

Ante esta realidad, el ministro de Defensa del nuevo gobierno, Iván Velásquez, aseguró en el marco de la conmemoración del segundo año de la “masacre del 9S” que se iba a revisar junto a la Fiscalía todos los casos de violencia policial ocurridos durante las protestas de esos días. Del mismo modo, resaltó la voluntad desde su cartera para aportar a la verdad y la justicia, buscando esclarecer las responsabilidades a las que haya lugar. Esto abre una luz de esperanza frente a la impunidad dominante, sin embargo, es necesario además de la verdad y la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Precisamente, para que este tipo de hechos vividos durante septiembre de 2020 o en el marco del estallido social de 2021 no se vuelvan a repetir, es fundamental una reforma estructural a la Policía Nacional que incluya, por supuesto, el desmonte del ESMAD (no simplemente un cambio de nombre o de uniforme), al cual se le atribuyen homicidios, mutilaciones oculares y múltiples violaciones a los derechos humanos.

Para una reforma real se tiene que abolir la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno que ha hecho de la Policía un cuerpo político de represión, militarizado, dependiente de la política militar y que entrena a sus miembros para ver al pueblo colombiano como el adversario y a su derecho a la movilización como la máxima expresión de sublevación. Esto se traduce inminentemente en un cambio en el enfoque del manejo a la protesta social y en la búsqueda de respuestas integrales por parte del Estado a esta, pues no se trata de delimitar su ejercicio, sino por el contrario, de identificar y resolver las causas que conllevan a la misma.

En ese sentido, es prioritario aunar esfuerzos por la exigencia de una reforma estructural a la Policía Nacional, no solo para que cese el flagelo de los abusos por parte de la fuerza pública, sino también por el respeto a la memoria de todas y cada una de sus víctimas. Esperamos que la voluntad expresada por el gobierno del cambio se vea realmente materializada en una transformación al manejo de la protesta social y en la reforma estructural a la institución, lo que ha sido un mandato popular. Que nadie más muera exigiendo sus derechos.

  1. Informe final: Para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020.