Por: Cicerón Flórez Moya

Hoy será la elección de presidente de Colombia para el período 2022-2026. Termina el mandato de Iván Duque y su sucesor está entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández según lo decida el voto de los ciudadanos. Es un acto democrático llamado a buscarle a la nación un nuevo rumbo en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución de 1991: “Colombia es un Estado social de derecho”. Lo cual debe llevar a la construcción de las condiciones que hagan posible esa norma y propicien su expresión en el funcionamiento del gobierno.

Los candidatos se han comprometido a un cambio, cada cual desde su concepción y esto es lo prioritario. Se requiere atacar situaciones que afectan la existencia de todos. La corrupción, la violencia, el desempleo y la pobreza son problemas generalizados y hay que buscarles soluciones sin más pérdida de tiempo. Su prolongación los agudiza y genera inestabilidad, como ya se ha visto en las protestas de los sectores contestatarios. A esos reclamos no se ha respondido con receptividad constructiva sino con represión, sin tomar en cuenta que un mayor acumulado de insatisfacciones altera, sin duda, el orden público, lo cual da lugar a las acciones represivas con violación de los derechos humanos mediante acciones desproporcionadas de la Fuerza Pública, oficialmente justificadas con el manido argumento de la defensa de la seguridad, al amparo del autoritarismo que funciona con beligerancia.

Un cambio sí. ¿Y para qué? Para sacar a los colombianos de las estrecheces en que están atrapados. Y no es con un discurso pendenciero como se consigue ese objetivo sino con actos correctivos de políticas que ahondaron la división de clases. De lo que se trata es de la no repetición de cuanto ha sido negativo en el manejo de la república en los 200 años de vida independiente. Son muchos los actos a través de los cuales se ha tejido esa trama de denegación de derechos y de garantías que hubieran podido surtir un bienestar estable o una prosperidad colectiva.

El cambio debe representar la abolición de los vicios punibles introducidos en el ejercicio de la política. Y en general el desmonte del sistema que hace imposible la equidad en el reparto de los bienes de utilidad común. La educación y la salud tienen que surtirse como derechos fundamentales. Hay que sustraer la propiedad de la tierra del régimen feudal predominante. No se pueden seguir consintiendo las operaciones de aniquilamiento de la naturaleza con efectos de degradación ambiental, como lo hacen tantas empresas con poder ilimitado, cuyo libertinaje también provoca atrocidades en Colombia.

El interés particular elevado a la avaricia no puede convertirse en barrera para la ejecución de los cambios que el país requiere. La estrategia de infundir miedo y propagar distorsiones con respecto a las propuestas progresistas de Gustavo Petro está pensada para que todo siga igual y evitar que los colombianos puedan vivir con dignidad, reduciéndolos al asistencialismo precario que son paños de agua tibia para una gravedad inocultable como la que socialmente se está padeciendo en el país impuesta por los malos gobiernos.

Puntada

El derecho a elegir no es solamente depositar el voto. Ese acto tiene que ser consciente y pensado en función del interés colectivo, para el fortalecimiento de la democracia. Con el voto ciudadano hay que apostarle al buen gobierno.

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(Esta columna se publica en La Opinión el 19 de junio 2022)-