Bogotá, 12 de octubre de 2021

La sociedad ha sido indiferente a la lamentable situación que viven las comunidades indígenas en una ciudad como Bogotá, tras el sistemático despojo y conflicto social y armado que vive el país. Situación que se suma a las precarias condiciones de vida en que se encuentran cientos de familias

– que se han asentado principalmente en el suroccidente de Bogotá y Sabana-, ante el desempleo y el encarecimiento del costo de vida.

El Estado no solo ha omitido su papel como garante de derechos fundamentales a los pueblos indígenas, sino que se convierte en victimario al responder con violencia, represión e incumplimiento de acuerdos; mientras continúa con sus políticas de saqueo de la riqueza territorial y privatización de los bienes colectivos. Como consecuencia, Colombia es uno de los países en el mundo con mayor numero de desplazados forzados. El reporte más reciente de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dio a conocer, que 44.647 colombianos fueron desplazados en Colombia en los primeros seis meses de 2021, superando la del 2020.

Esta situación se expresa hoy en el asentamiento de mas de 100 familias de la comunidad Embera Katío en el Parque Nacional desde el pasado 8 de octubre, ante la falta de soluciones verdaderas para el acceso a vivienda y alimentación. Nuestros compañeros y compañeras indígenas, se encuentran en riesgo de desalojo violento por parte de la fuerza pública, resistiendo la inclemencia del frío y lluvia bogotana, cuando son legítimas sus exigencias. Adicional a ello, parte de la comunidad también se encuentra alojada en el Albergue , teniendo en cuenta que estos albergues no son una solución, sino una manera de encerrar a las comunidades, privarlas de su derecho al trabajo y a una vida digna, sometiéndolos a control y tratos degradantes, como los que se denunciaron en el albergue de la unidad de victimas del barrio Samper Mendoza el pasado 15 de septiembre del año 2020.

Desde el año 2008, estas comunidades han llegado a la ciudad desplazados por la violencia, el saqueo y la pobreza; y hoy siguen migrando al interior de la ciudad buscando sobrevivir. Tras la pandemia Covid-19 sus actividades informales para recibir ingresos diarios, se detuvieron, razón por la que no tuvieron cómo pagar habitaciones en los inquilinatos del centro de la ciudad, por lo que fueron expulsados de esos lugares. Entre tanto el paramilitarismo y las disputas por el control territorial, especialmente en el occidente del país, recrudecieron en el año 2020, expulsando de manera violenta más comunidades indígenas y campesinas, entre ellas del pueblo Embera Katío, Chami, Dóbida, y demás comunidades.

Ante la difícil situación de hambre y pobreza, las familias no han tenido más alternativas que tomarse diferentes puntos de la ciudad para exigir respuesta del Estado en la garantía de sus derechos. El gobierno

distrital y nacional (Secretaría de Gobierno y Alta Consejería), luego de la toma del Parque Tercer Milenio en mayo de 2020, hizo con las familias acuerdos de pagar el arriendo, lo que se ha prolongado por casi 17 meses, sumando algunas entregas de mercados; sin embargo, el incumplimiento de estos acuerdos y su falta de perspectiva, ha llevado a las familias a seguir exigiendo garantías, mientras los gobiernos se “tiran la pelota” y no dan soluciones suficientes y adecuadas.

Mientras la corrupción y rentismo en cabeza del gobierno desvalija las finanzas del país, los derechos humanos son menoscabados, sometiendo a los sectores indígenas y campesinos al despojo y proletarización en ciudades sin empleo. Llamamos a la ciudadanía y organizaciones sociales a sumarnos a formas de solidaridad y movilización popular frente a esta profunda problemática. Los gobiernos nacional y distrital deben viabilizar recursos suficientes para atender y dar acceso a vivienda, alimentación, salud y educación a las comunidades indígenas que no tienen garantías para retornar a sus territorios.

Firman las siguientes organizaciones, procesos y actores, quienes nos declaramos en permanente vigilancia ante la represión que ejerce el Estado contra las comunidades desplazadas.