CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD(*)  08 JULIO 2021 

Versión pública del Informe “El riesgo de defender la libertad en las calles” – Informe sobre agresiones a personas defensoras de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia desde el 28 de abril de 2021 en el marco de las jornadas del Paro Nacional desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas.

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Contexto de agresiones a defensoras de DDHH en el Paro del 28 de abril de 2021 en Colombia
3. Identificación de las agresiones más comunes en contra de personas defensoras de DDHH en Colombia en el marco del Paro Nacional del 28 de abril de 2021
4. Conclusiones y peticiones a la Relatoría Especial para Defensoras de DDHH de la Organización de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

1. Introducción

El presente informe sobre agresiones a personas defensoras de DDHH ocurridas en el marco del Paro Nacional (iniciado el pasado 28 de abril en Colombia) es elaborado por la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT). La Campaña es una red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales, feministas, ambientales, de comunicaciones y de DDHH que trabaja para verificar el cumplimiento de las garantías al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política en contextos de manifestaciones públicas, así como para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

La CDLAT desarrolla su trabajo mediante las Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil (CVI), las cuales realizan, como su nombre indica, acciones de verificación e interlocución con las autoridades y recolección de

información acerca de la violencia y el abuso policial, detenciones arbitrarias, lesiones personales y otras agresiones en el contexto de la protesta social. A partir de este trabajo en terreno, la Campaña realiza registro de casos, denuncias públicas, atención jurídica y acciones de litigio estratégico e incidencia con el objetivo de exigir la garantía del ejercicio satisfactorio de la protesta social y de los demás DDHH en dicho contexto.

La labor de las CVI encuentra respaldo normativo interno a nivel nacional en la Resolución 1190 del 2018 del Ministerio del Interior y en el Decreto 003 de 2021, así como a nivel de Bogotá en el Decreto Distrital 563 de 2015 y Barranquilla en el Decreto 00223 de 2020. Asimismo, se encuentra amparada en el derecho a defender DDHH que ha sido reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal sobre los Defensores de DDHH adoptada por las Naciones Unidas; la Convención Americana sobre DDHH y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También ha sido reconocido internamente en múltiples sentencias de la Corte Constitucional colombiana que lo instituyen a nivel de derecho fundamental, exigiendo, por tanto, la máxima protección y reconocimiento del Estado.

En ese sentido, las CVI se constituyen en herramientas de la sociedad civil para la promoción y protección de los DDHH en los diferentes repertorios de movilización, desde una labor de acompañamiento y monitoreo de las garantías que deben brindar las autoridades al ejercicio del derecho a la protesta social.

Debido a esto, tanto la CDLAT, como las personas defensoras de DDHH que pertenecen a ella o a diferentes CVI, se han posicionado como un referente a nivel nacional y territorial para el ejercicio de la defensa de los DDHH en dicho marco.

En específico, el método que se utiliza para la recolección de la información expuesta en este documento está fundamentado precisamente en la labor que realizan las CVI en terreno a través del registro de los hechos de agresiones a la protesta social de manera presencial. Las CVI remiten esta información a personas que se encargan de procesarla, organizarla y clasificarla en una base de datos diaria que contiene en sí la información correspondiente a personas objeto de detenciones, judicializaciones, lesiones personales, violencia basada en género (VBG) y desaparición forzada.

Asimismo, incluye un registro específico para agresiones a personas defensoras de DDHH. Las bases de datos pasan por una labor de corroboración que implica su contrastación con medios de prensa, contacto con las CVI, contrastación con las cifras oficiales de los Puestos de Mando Unificado (espacio de decisión e interlocución estatal), personas testigos y con las personas víctimas para la verificación final de su contenido, convirtiéndose igualmente en un instrumento de denuncia.

De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de observar una actuación de violencia dirigida e intencionada por parte de la Fuerza Pública hacia las personas defensoras de DDHH en el marco de la protesta social, el presente texto expondrá, en primer lugar, un contexto general de las agresiones que han sufrido las personas defensoras a nivel nacional, en conjunto con un análisis concreto de lo que ocurre en algunas regiones y ámbitos locales, resaltando algunas cifras que evidencian dicha actuación dirigida y que por ende, revelan los riesgos que tienen las personas defensoras en los escenarios de protesta social.

En segundo lugar, se expondrán de manera preliminar y sucinta las principales violaciones a DDHH en contra de personas defensoras de DDHH en Colombia en el marco del Paro Nacional que inició del 28 de abril de 2021, estas son 1) Homicidios; 2) Lesiones personales; 3) Violencias Basadas en Género (VBG); 4) Estigmatización; 5) Judicializaciones y detenciones arbitrarias. Para ello se reseñan algunos casos representativos de las agresiones anteriormente enunciadas en distintos territorios de Colombia como Bogotá D.C., Cali – Valle del Cauca, Popayán – Cauca, Pasto – Nariño, Barranquilla – Atlántico, Cundinamarca, Pereira – Risaralda, Bucaramanga -Santander, Medellín – Antioquia, Manizales – Caldas, Tunja – Boyacá, Ibagué – Tolima, Puerto Asís – Putumayo, Cúcuta – Norte de Santander y Villavicencio – Meta. Señalando la responsabilidad de distintos actores en las agresiones registradas, la cual en todas las categorías registradas la encabeza el Estado colombiano.

En tercer y último lugar, se compartirán unas breves conclusiones relacionadas con los diferentes apartados de este primer informe, así como una serie de peticiones dirigidas a facilitar a que los organismos del Derecho Internacional de los DDHH puedan desarrollar su labor e instar al Estado colombiano (una vez más)- a respetar la labor de las personas defensoras de DDHH.

2. Contexto de agresiones a defensoras de DDHH en el Paro Nacional del 28 de abril de 2021 en Colombia

En el marco de las movilizaciones a causa del Paro Nacional, desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas hemos evidenciado, recolectado e informado sobre las agresiones y violaciones a los DDHH de las que han sido víctimas las personas defensoras de DDHH, en particular las pertenecientes a las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil (CVI) quienes desarrollan su labor en terreno. Como se mencionó con anterioridad, las CVI tienen como objetivo velar por la promoción y protección de los DDHH en el marco del ejercicio de la protesta social y su labor se encuentra respaldada en normativa nacional e internacional que reconoce su existencia y además se recoge en el derecho humano y fundamental de defender DDHH, lo cual exige de las autoridades su respeto y protección.

Pese a este reconocimiento constitucional y legal, Colombia se constituye como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la defensa de los DDHH.

Tan sólo en lo corrido del 2021, 66 personas defensoras de DDHH han sido asesinadas y se ha observado la ocurrencia de más de 180 agresiones entre las que se incluyen amenazas, atentados, judicializaciones e incluso desapariciones forzadas.

A estas cifras, empero, debe añadírse el aumento de agresiones que se ha registrado en el marco del Paro Nacional. En efecto, durante dichas jornadas, como Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, hemos podido documentar y sistematizar al menos 250 agresiones a personas defensoras de DDHH a nivel nacional, de las cuales 83 han sido dirigidas a mujeres defensoras, 81 hacia hombres y 86 registros no cuentan con identificación del género.

Esta ocurrencia de múltiples vulneraciones (que se inserta en el prenombrado contexto de agresiones sistemáticas a personas defensoras de DDHH) es evidencia de un actuar claramente dirigido por parte de la Fuerza Pública pese al respaldo normativo y jurisprudencial a nivel nacional e internacional de la labor que desarrollan las personas defensoras de DDHH parte de las CVI, y evidenciando un objetivo claro de sancionar y aconductar a las personas defensoras de DDHH en el marco de la protesta social.

Este tipo de acciones y objetivos se encuadra en la construcción y mantenimiento de una doctrina de seguridad nacional basada en la noción del “enemigo interno” que ve en las personas que expresan insatisfacción con un estado de cosas político, social o económico o que ejercen actividades de denuncia, como parte de un grupo enemigo a la institucionalidad o al Estado.

Dicha noción, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) e incluso fue analizada en un Informe Conjunto de dos Relatores Especiales de Naciones Unidas, se ha extendido a las organizaciones defensoras de DDHH, lo que ha implicado una formación específica de la Fuerza Pública, incluyendo la Policía Nacional, desde una perspectiva que privilegia la militarización y que entiende las manifestaciones como expresión del conflicto armado, por lo cual quienes ejercen su derecho a la protesta social y quienes defienden los DDHH de las personas manifestantes deben ser objeto de sanciones y condicionamientos.

De manera concreta, es necesario observar que el reconocimiento normativo de las CVI y su respaldo jurisprudencial e internacional en Colombia son parte de la formación en DDHH que la Fuerza Pública posee y hacen parte de su normatividad general lo que implica que debe ser de conocimiento y aplicación de todas las autoridades públicas. En ese sentido, los integrantes de la Fuerza Pública y los diversos funcionarios tienen conocimiento del Decreto 003 de 2021 y de las diferentes normativas en materia de protocolos territoriales de protesta social, las cuales reconocen la labor de las CVI y de las personas defensoras que hacen parte de ellas.

Asimismo, es necesario notar que las personas integrantes de las CVI y quienes ejercen la defensa de los DDHH se encuentran plenamente identificados a través de prendas que especifican su labor, se presentan ante la Fuerza Pública y ejercen permanente interlocución con sus miembros, en ese sentido, deben y son ampliamente conocidos por ellos. Así, existe un pleno conocimiento de la Policía Nacional acerca de la labor de las personas defensoras de DDHH, conocen sus facultades reconocidas legalmente, saben cómo identificarlos, quiénes son y cómo realizan su trabajo.

Pese a ese pleno conocimiento o quizás por él, los integrantes de la Policía Nacional, incluyendo a su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), han cometido agresiones de manera directa en contra de las personas defensoras que, en la mayoría de los casos, se acompañan de manifestaciones que buscan aleccionar acerca de su labor. Este es, de hecho, un patrón común que acompaña los distintos tipos de agresiones mediante el cual el integrantes de la Fuerza Pública profieren expresiones encaminadas a reprochar la labor de las y los defensores, llamando la atención sobre su supuesta “falta de imparcialidad”, buscando que cambie su labor de monitoreo de las garantías que debe brindar el Estado a las personas manifestantes para exigir que se dediquen a defender a los agentes de Policía Nacional o que asimile la violencia ejercida por los particulares a la violencia ejercida por la institucionalidad.

En ese orden de ideas, las agresiones a las personas defensoras de DDHH no son una externalidad o un efecto secundario de la actuación general de la Fuerza Pública, sino que son actos conscientemente dirigidos a aleccionar a las personas defensoras de DDHH en un marco que entiende su labor como “incorrecta”, “no procedente”, “peligrosa” e incluso ilegal.

Esto en el entendido que su labor de verificación y denuncia es “desestabilizadora” o de “desprestigio” del orden institucional como incluso fue señalado por el Ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, quien, al referirse a las denuncias por homicidios cometidos por agentes del Estado en el marco del Paro Nacional, manifestó que éstas hacían parte de “una situación que organizaron a nivel internacional para desprestigiar al país”.

Esta posición que se esgrime desde las autoridades civiles son el trasfondo de un accionar de la Fuerza Pública que busca minimizar la intervención de las personas defensoras de DDHH en la verificación, registro y denuncia de las irregularidades que se presentan en el marco de la protesta social.

En ese sentido, la violencia dirigida hacia las personas defensoras se encuentra motivada en obstaculizar una labor de denuncia que se percibe como indeseable y perniciosa. Así, las agresiones que se cometen en contra de las personas defensoras de DDHH se explican en una búsqueda de sanción y de corrección hacia estas conductas, lo que las diferencia de las agresiones cometidas hacia el general de las personas manifestantes, pues posee un objetivo especial que es el de amedrentar y disuadir el ejercicio de la defensa de los DDHH para con ello lograr el silencio ante las denuncias por abusos policiales y disminuir la supervisión social sobre la función pública de la policía.

Ya de manera concreta, en cuanto a las violaciones de los DDHH de personas defensoras, Bogotá es la ciudad que encabeza la lista con 118 registros, seguida por los departamentos de Valle del Cauca con 22 casos, Cauca con 20, Antioquia con 20, Nariño con 15, Cundinamarca con 16, , Atlántico con 10; Santander con 9 registros y otros departamentos con un número aparentemente menor de casos, como lo son: Boyacá 8, Caldas 4, Tolima 2, Putumayo 1, Norte de Santander 1, Risaralda 1, Meta 1 y Casanare 1. Es necesario aclarar que este reporte es parcial y que es altamente probable que continúe aumentando de manera paralela al desarrollo y continuidad de las movilizaciones.

De forma específica, estas agresiones suelen estar acompañadas de insultos, grabación de los rostros sin autorización, seguimiento por medio de drones, hostigamientos, amenazas de detenciones y privaciones de la libertad en distintas modalidades. Asimismo, se incurre reiteradamente en la retención de los documentos de identidad de las personas defensoras de DDHH y en la toma de fotografías no permitidas a sus documentos y requisas agresivas de sus pertenencias personales. Paralelamente, se han identificado casos de personas defensoras que han resultado heridas producto del impacto del lanzamiento de gases lacrimógenos, balas de goma y/o aturdidoras, que en la mayoría de las ocasiones son disparadas directamente hacia la humanidad de las personas defensoras, encontrando casos en los que inclusive, integrantes de la Fuerza Pública les han lanzado rocas directamente.

De igual manera, personas armadas no identificadas han realizado amenazas de muerte e incluso han disparado con armas de fuego en territorios como Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca y Bogotá; es de resaltar que estas personas aparentemente han contado con la aquiescencia de la Fuerza Pública, como revelan los videos que la Campaña Defender la Libertad ha recibido en múltiples denuncias y en los que se evidencian que su accionar se desarrolla en compañía de la Policía Nacional.

También se han registrado agresiones que reconocemos como “…uno de los impactos lo recibe la primera camioneta del esquema de protección del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, los vehículos empiezan a retroceder y se escuchan aproximadamente 6 disparos más. Luego de este suceso, empiezan agresiones telefónicas contra Darnelly Rodríguez Integrante de la Red de DDHH Francisco Isaías Cifuentes al teléfono celular 3044990171, en el cual se empiezan a recibir video llamadas de Whatsapp, en una de ellas se ve cómo dos hombres, al interior de una vivienda empiezan a reírse ante la cámara…” violencias basadas en género hacia las mujeres y que han implicado agresiones físicas, palabras obscenas haciendo alusión a amenazas de agresiones sexuales y desconociendo su papel como defensoras.

Se ha observado que, en el transcurso de las horas de la noche, es el momento en el cual se han evidenciado mayores abusos y violaciones de DDHH, pues las circunstancias de la oscuridad y la dificultad para visualizar con claridad es aprovechada por integrantes del ESMAD, que con el fin de interrumpir la labor de las defensoras, han recurrido al ejercicio de violencias en contra de la integridad personal de las mismas. Las armas menos letales son usadas inclusive contra funcionarios de DDHH de la Alcaldía de Bogotá; ejemplo de ello es lo ocurrido el día 28 de abril de 2021, cuando agentes del ESMAD con un disparo de gas lacrimógeno hirieron directamente a una defensora de DDHH y con una bomba aturdidora hirieron al director de DDHH de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor.

Igualmente, son preocupantes las agresiones cometidas en la estación de Policía Fray Damián de Cali, por parte de uniformados que insultaron, golpearon, amenazaron y realizaron disparos de arma de fuego al aire y los pies de defensoras DDHH que se dirigían en una Misión de Verificación junto a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Iglesia Católica y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.

De igual manera en Cali, el vehículo blindado de Unidad Nacional de Protección – UNP asignado para la protección de personas defensoras de DDHH de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (organización beneficiaria de Medidas Cautelares de la CIDH), que transportaba a defensores de DDHH que se dirigían a verificar denuncias sobre excesos policiales en un sector de la mencionada ciudad fue impactado con varios disparos de arma de fuego accionadas por parte de desconocidos.

También son recurrentes las amenazas contra personas defensoras, periodistas y ciudadanas que buscan registrar los procedimientos y actuaciones de la Fuerza Pública. La amenaza más recurrente es la de ser detenidas por ejercer la labor de DDHH. Esta se ha materializado bajo la excusa de que las personas defensoras con su labor obstruyen los procedimientos policiales.

Por otro lado, resultan preocupantes los distintos actos de estigmatización y señalamiento a las organizaciones defensoras DDHH por parte de congresistas de los partidos políticos de Gobierno, así como de altos mandos gubernamentales, pues han señalado a las organizaciones que denuncian los excesos de querer acabar con la Fuerza Pública.

En otros casos, la prensa ha reseñado que informes de inteligencia consideran que los abogados que interceden por las personas capturadas hacen parte de una quinta “línea de operación” en los hechos de violencia, criminalizando claramente la labor de asistencia jurídica y aumentado los riesgos de las personas que ejercen las representaciones judiciales en defensa de ciudadanas detenidas y/o judicializadas arbitrariamente.

Finalmente, consideramos que la negativa por parte de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación de permitir que organizaciones de la sociedad civil puedan verificar situaciones de salud y jurídica de las manifestantes en los Centros de Traslado por Protección, Estaciones de Policía y Centros de Detención, es un claro obstáculo para ejercer la labor de defender los DDHH. Además de ser un claro incumplimiento de las órdenes de la sentencia 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, como la de expedir un protocolo para verificación de detenciones para organizaciones ciudadanas y de Naciones Unidas.

3. Identificación de las agresiones más comunes en contra de defensoras de DDHH en Colombia en el marco del Paro Nacional del 28 de abril de 2021

Siguiendo el registro de la CDLAT, se pudo identificar que las cinco agresiones más comunes tipos de agresiones en contra de defensoras de DDHH son:

1) Homicidio y uso de la fuerza letal contra defensoras DDHH de los cuales tenemos registro de 1 caso; 2) Lesiones personales contra defensoras DDHH con un registro de 96 casos, de los cuales 12 fueron cometidas con uso de armas de fuego y 2 incluyeron amenazas de muerte por parte de civiles no identificados; 3) Violencias Basadas en Género contra defensoras DDHH con 18 casos; 4) Estigmatización contra defensoras DDHH con 98 casos y; 5) Detenciones y judicializaciones arbitrarias contra defensoras DDHH con 32 casos. Todos ellos con las particularidades que se expondrán a continuación.

3.1. Homicidio y uso de la fuerza letal contra defensoras DDHH.

Como consecuencia del uso de armas potencialmente letales para contener los escenarios de protesta social por parte de la Fuerza Pública, así como por la presencia de personas de civil armadas que cuentan presuntamente con el beneplácito y protección de la Fuerza Pública, se ha observado un alza en la tendencia de lesiones por arma de fuego y de homicidios hacia las y los manifestantes, pero también hacia las personas defensoras de DDHH. En efecto, como ya se ha mencionado una (1) persona defensora fue asesinada en Cali, Valle del Cauca y 12 han sido atacadas con armas de fuego, de ellas 7 son hombres, 3 mujeres y en 2 casos no se ha podido identificar el género.

De los casos de lesiones personales los registros de ataques realizados con armas de fuego son: Valle del Cauca con 10 casos, seguido de Cauca con 2 casos y Cundinamarca con 1 caso registrado.

De manera especial, es característico del presente Paro Nacional, siguiendo lo ya dicho, la importante participación de civiles armados. De los 241 casos registrados se han observado que 13 casos de defensoras atacadas, lesionadas y/o asesinadas son presuntamente responsabilidad de civiles armados. Por su parte, 5 casos han ocurrido con presunta responsabilidad de agentes estatales de la Fuerza Pública.

Resulta preocupante la aparente connivencia entre terceros civiles y las fuerzas armadas en el ataque a las personas manifestantes, pero específicamente a las personas defensoras de DDHH quienes se encuentran plenamente identificadas. Al respecto es igualmente alarmante la omisión de la captura o de las acciones correspondientes en terreno de las autoridades públicas frente a este tipo de actuaciones, lo que puede indicar la existencia de connivencia y apoyo de los funcionarios públicos a actuaciones de carácter presuntamente delictivo.

En este contexto, uno de los casos representativos es el del defensor de DDHH que fue presuntamente asesinado por civiles armados no identificados el viernes 28 de mayo de 202118 en el sector de Meléndez de la ciudad de Cali, Valle del Cauca en medio de las protestas que se desarrollaban en el lugar en uno de los días más violentos en la ciudad de Cali donde se registraron en una sola noche 13 asesinatos. El defensor DDHH “era miembro del Pueblo indígena Inga y estudiante de la Universidad del Valle y de la Juventud Rebelde Cauca, también se destacaba por su labor en defender los derechos de las comunidades indígenas, donde se ganó los atributos de guardián y sanador de la medicina ancestral de su territorio y del Putumayo”.

Esta agresión se dio en el marco de un ataque generalizado por parte de terceros armados a la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fueron atacadas por unas personas vestidas de blanco que se movilizaban en camionetas, de las cuales se desconoce su identidad, imposibilitando individualizar a los responsables de estos hechos.

De igual forma resulta relevante el caso de la Comisión de Verificación e Intervención del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Seccional Valle del Cauca, quienes el 30 de abril de 2021 en la ciudad de Cali, fueron víctimas de disparos con arma de fuego cuando se trasladaban al lugar de las movilizaciones:

“…uno de los impactos lo recibe la primera camioneta del esquema de protección del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, los vehículos empiezan a retroceder y se escuchan aproximadamente 6 disparos más…”

Afortunadamente no hubo heridos a raíz de dicha agresión, pero es una clara muestra de una tendencia al alza de las vulneraciones con armas de fuego. Al respecto es necesario resaltar nuevamente que las agresiones no han sucedido como un número más dentro de las agresiones generalizadas a manifestantes, sino que han sido ataques específicamente dirigidos a las defensoras puesto que los mismos son reconocidos por la Fuerza Pública y se encuentran identificados.

Esta intencionalidad se verifica en casos como el ocurrido el 3 de mayo de 2021, en el que una misión de verificación integrada por una delegada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH en Colombia, una delegada de la Defensoría del Pueblo, dos delegados de la Procuraduría General de la Nación (delegada de DDHH y delegada Penal) del orden nacional, fueron víctimas de hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios públicos, con frases como “eso si a ustedes como nos les duele, ustedes que no sirven para nada, ustedes que no defienden nuestros derechos, ustedes no sirven váyanse inservibles”, “váyanse, váyanse, ustedes no sirven, no defienden nuestros derechos, nos están matando, o es que no tenemos derechos” mientras se encontraban realizando labores de verificación de algunas personas detenidas.

Luego, cuando las defensoras se estaban alejando del lugar de verificación, varios agentes les gritaron “esta vez sí los vamos a matar” y les empiezan a disparar con sus armas de fuego, posteriormente llegó el ESMAD y lanzan una aturdidora a los pies de las defensoras de DDHH y continúan disparando al aire.

3.2. Lesiones personales contra defensoras DDHH

Esta conducta hace referencia al abuso del poder físico cometido por parte de la Policía Nacional, incluyendo el ESMAD, que provoca lesiones a la integridad personal en sus dimensiones corporal física, mental y emocional hacia personas defensoras DDHH de manera direccionada e intencional en contra de éstas teniendo en cuenta, según lo que ya ha sido señalado anteriormente, que las personas que integran las Comisiones se encuentran identificadas y es de conocimiento pleno de la Fuerza Pública su labor y alcance.

Frente a este tipo de agresión, se registran un total de 96 casos, asimismo es necesario señalar que el territorio que registra el mayor número de lesiones personales es Bogotá con 45 casos, seguido de los departamentos de Valle con 13, Cauca con 9, Cundinamarca con 9, Antioquia con 8, Santander con 4, Nariño con 3, Atlántico con 3 y Norte de Santander con 1.

El objeto de estas agresiones, de acuerdo con lo que ya ha sido reiterado, es impedir el ejercicio de verificación de la situación de derechos mediante el uso de la fuerza injustificada y desproporcionada evitando la denuncia y exigencia realizada por parte de las personas defensoras. De forma concreta, los agentes de policía hacen uso de su armamento, como sus escudos y tonfas (bastones o porras) para golpear e impedir el tránsito hacia los lugares de detención y limitando el registro audiovisual.

Ejemplo de ello fue lo sucedido en Medellín, Antioquia el 28 de abril de 2021, cuando una defensora de DDHH que se encontraba realizando su labor, es abordada por un agente de la Policía, quien le arrebata el celular con el que estaba filmando el procedimiento y lo arroja hacia el viaducto del Metro.

De igual forma, se observó lo anterior en los hechos presentados el 29 de abril de 2021 durante las manifestaciones en la misma ciudad. En este escenario, la Fuerza Pública impidió el paso de la movilización, agredió a las personas marchantes mediante el uso indebido de armas de largo alcance y uso excesivo de la fuerza, apuntando y disparando de manera directa a los cuerpos y realizando detenciones presuntamente arbitrarias sin permitir la identificación, por parte de las CVI, de las personas detenidas. En dicho contexto, la Fuerza Pública presente, en convivencia con civiles armados de palos y varillas, acorralaron y atentaron contra las personas defensoras de DDHH y de prensa hurtando sus celulares, golpeándolos con las tonfas, electrocutándolos con TASER y agrediéndoles psicológicamente.

Estas prácticas, según lo ya reiterado, se encuentran acompañadas de agresiones verbales que se dirigen a descalificar y estigmatizar su ejercicio por presuntamente obstaculizar el trabajo policial y por “no cumplir adecuadamente” la labor de la defensa de los DDHH bajo los criterios de la Policía Nacional los cuales pasan por desconocer las normativas que respaldan las CVI. Ejemplo de esto, son los argumentos de agentes que manifiestan que el ejercicio de registro audiovisual interfiere con el procedimiento policial, aun cuando en el mismo Código de Policía Nacional se permite dicho registro.

Es de resaltar que en estas situaciones se presenta una desproporción del número de integrantes de la Fuerza Pública en comparación con el número de las personas defensoras de DDHH que se concreta en una relación superior a 10 policías por cada persona defensora DDHH, posicionándose así en una situación de mayor vulnerabilidad frente a agentes altamente equipados y con armas potencialmente letales. Esto ocasiona situaciones de riesgo que desembocan incluso, como ya se señaló, en el hurto de los teléfonos móviles o de dispositivos de registro audiovisual e incluso de registros escritos, impidiendo, en consecuencia, la denuncia de las irregularidades.

La anterior desproporción genera igualmente un escenario que posibilita empujar y golpear a las personas defensoras de DDHH dificultando la identificación del agente responsable y permitiéndoles acudir al mal uso de su equipamiento.

Dentro de las prácticas comunes identificadas, se observa que existe una intencionalidad en dicho mal uso con el objetivo de ocasionar más daño. Ejemplo de ello es el empleo inadecuado de la tonfa, la cual es empuñada de manera contraria a la establecida con el fin de realizar los golpes con la empuñadura y así generar más daño a las personas defensoras. Asimismo, hay un accionar de las granadas aturdidoras, el disparo de gases lacrimógenos y balas de goma o marcadoras directamente al cuerpo de las personas defensoras DDHH cuando estas se encuentran específicamente de espaldas o durante la labor de registro de la información de personas detenidas.

Un ejemplo de esto es el caso del defensor DDHH (nombre bajo reserva), el 28 de abril de 2021 en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca al que le fueron retiradas sus pertenencias y el chaleco por parte de la Fuerza Pública y así mismo fue agredido físicamente, teniendo que ser atendido en un centro hospitalario debido a las lesiones que le dejaron fisuras en las costillas.

Asimismo, la Fuerza Pública solicita de manera reiterada la identificación institucional con carnet a las integrantes de las CVI deviniendo en requisas injustificadas, retención de documentos, revisión de los dispositivos móviles e incluso el retiro y la retención de los chalecos. Esto con el presunto objetivo de probar la condición de persona defensora de DDHH aún en contravía de lo ya establecido a nivel internacional que estipula que dicha condición no está sujeta a la pertenencia a organizaciones, a identificaciones específicas o a afiliaciones, sino por el sólo hecho de defender los DDHH. Así, con este argumento se busca retirar a las personas defensoras del escenario de manifestación para restringir su labor de verificación.

La frecuencia con la que estos casos se presentan no solo ha afectado a las personas defensoras de DDHH directamente agredidas, sino que han creado un ambiente que busca disuadir del ejercicio de la defensa de los DDHH.

En ese sentido, se han observado igualmente afectaciones emocionales ante el ejercicio injustificado de la fuerza para el conjunto de los y las defensoras. Esto se ha hecho notorio en alteraciones psicológicas como la pérdida en la calidad de sueño, desregulación en hábitos alimenticios e hiperactivación en escenarios donde hace presencia la Fuerza Pública ante el temor de un inminente riesgo de agresión en razón de su labor.

3.3. Violencias Basadas en Género contra defensoras DDHH

Estas conductas hacen referencia al abuso del poder institucional patriarcal por parte de la Policía Nacional que provoca violencias basadas en género (VBG) y violencia sexual en contra de mujeres defensoras DDHH o identidades de género y sexuales diferenciadas. En el contexto actual de manifestaciones, se ha podido evidenciar que los cuerpos de las mujeres y la población LGTBIQ+ se han convertido en blanco de las violaciones a los DDHH por parte de la Fuerza Pública, y esto incluye de manera especial a las defensoras DDHH, quienes se encuentran más expuestas a las agresiones de la Policía y el ESMAD debido a sus labores de verificación e intervención y de diálogo con las instituciones estatales y gubernamentales.

En específico, las VBG ejercidas en contra de las personas defensoras buscan ser una sanción hacia las mujeres e identidades diferenciadas como consecuencia de haberse distanciado de los roles de género tradicionales que les han sido asignados históricamente. Así, para la Fuerza Pública resulta sancionable que estas identidades se aparten del escenario de “lo privado” que les es propio según dichos roles y decidan realizar el ejercicio de la defensa de los DDHH en el ambiente de “lo público”. Esto se evidencia en la forma diferenciada o “marca de género” que poseen dichas agresiones y que las distinguen del común de las vulneraciones ejercidas por la Fuerza Pública.

De manera concreta las VBG evidenciadas por parte de la CDLAT hacia las personas defensoras de DDHH han consistido en violencia física (golpes) acompañada de manifestaciones de carácter sexual, agresiones sexuales (tocamientos indebidos en el marco de detenciones) violencia psicológica que incluye acoso sexual, hostigamiento, amenazas contra la integridad y la vida y uso de lenguaje obsceno mediante el cual se hace hincapié en que las mujeres y población LBGTQ+ no deberían estar ejerciendo dicha labor, si no que deberían cumplir con los ya mencionados roles de género, por ejemplo, quedarse en la casa, no estar en las calles, no alzar la voz o no cuestionar la autoridad.

De acuerdo con lo registrado han ocurrido casos de agresiones en contra de 81 mujeres defensoras DDHH, dentro de las cuales se puede establecer que en 18 casos se evidencian VBG que ocurren en el marco de la labor de acompañamiento en terreno a manifestantes, 8 en Tunja, 6 en Medellín, 2 en Pasto, 1 en Cauca y 1 en Manizales, cuyo principal autor es la Policía Nacional y el ESMAD.

La mayor agresión registrada es la que configura amenazas en contra de la integridad psicológica y moral de las mujeres defensoras de DDHH. Hay que señalar que el universo de mujeres defensoras DDHH tiende a crecer, toda vez que no ha sido fácil para ellas poner en conocimiento de las organizaciones y entidades diferentes casos de agresiones de VBG.

Resulta representativo el caso de una defensora de DDHH de la ciudad de Manizales, Caldas, quien fue agredida la madrugada del día 20 de mayo de 2021. Ella y sus compañeros de CVI fueron requeridos por agentes del ESMAD y se identificaron ante ellos plenamente. A pesar de ello, los agentes las detienen, les pegan patadas, les ahorcan y les roban sus pertenencias. La defensora es tirada al suelo por el ESMAD, le pegan patadas, la levantan del cabello y la tiran nuevamente contra el piso y mientras realizan estas agresiones físicas, le manifiestan que es una “perra”, “unas hptas que los acusamos de violadores” e incluso uno de los agentes de policía dice que las defensoras “están buenas” pero que son “unas vándalas” y al preguntarle que si es de DDHH, le recriminan que no debería estar en la calle, sino que debería estar durmiendo en su casa.

Otro de los casos que ha sido reportado, ocurrió el sábado 15 de mayo de 2021 a la defensora de DDHH en la ciudad de Tunja, Boyacá. Agentes de la Policía Nacional tocaron de manera inapropiada y sexualizada los cuerpos de ella y de las defensoras y a una de ellas intentaron entrarla forzadamente a la estación de Policía mientras tocaron sus senos y le dijeron al oído: “se lo voy a meter profundo, le voy a quitar el short, la voy a recorrer con la lengua para que sepa que es la violencia sexual”.

Al día siguiente, 16 mayo de 2021, a la defensora DDHH le llegan 4 mensajes de un perfil falso de la red social Facebook identificado como “Juan José” con el siguiente contenido: “estaba muy asustadita ayer”, “Como se veía de rica corriendo con esa faldita lo que ustedes estaban buscando era que les metieran ese

bolillo por dónde les gusta”, “Ojalá no me la encuentre por ahí sola y sin chaleco”, “No sé le olvide que a las guerrilleras como usted las violamos y las picamos”.

Puede observarse que la violencia ejercida en contra de las defensoras no posee las mismas características a las realizadas a sus contrapartes masculinas, pues la violencia física se acompaña de tocamientos sexuales, amenazas y manifestaciones de carácter sexual y el continuo reclamo para que “se queden en la casa” o “no salgan a las calles” como una forma de castigo o sanción al ejercicio específico de la defensa de los DDHH por parte de las mujeres, al considerar que éstas no se encuentran legitimadas para ello, sino que su lugar es el ámbito de lo privado: “el hogar” y no el ejercicio de actividades públicas y de denuncia de acuerdo a los mencionados roles de género.

3.4. Estigmatización contra defensoras DDHH

La cuarta conducta más común ejercida en contra de las personas defensoras de DDHH es la estigmatización, la cual constituye una de las principales y más recurrentes conductas a la labor de las defensoras DDHH y que propicia condiciones directas para que se incremente la probabilidad de ocurrencia de los otros patrones de agresiones que atentan contra la vida, integridad y libertad de las defensoras.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la estigmatización a personas y organizaciones de DDHH es una actividad que busca deslegitimar el trabajo que realizan ante la sociedad y que además los marginaliza, aísla y acrecienta su vulnerabilidad y riesgo frente a agresiones. Esta estigmatización suele concretarse en calificar a las personas defensoras como “terroristas”, “enemigos del Estado” “delincuentes”, “conspiradores” e incluso de relacionarlos con partes de un conflicto armado lo que crea un contexto adverso para la labor de defensa a los DDHH.

La CIDH ha indicado igualmente que pronunciamientos de esta naturaleza no sólo están destinados a deslegitimar su labor, generando un contexto adverso para la defensa de los derechos, sino que además constituyen la antesala del inicio de acciones penales y procesos judiciales infundados en su contra. Adicionalmente, según lo informado, en algunos Estados las autoridades promueven la apertura de procesos penales en contra de defensores y defensoras por pronunciarse o realizar denuncias de irregularidades.

De manera específica, en el contexto del Paro Nacional de 2021, se ha observado que la estigmatización, los señalamientos y acciones discriminatorias son ejercidas principalmente por autoridades civiles nacionales y locales, figuras públicas influyentes con alto nivel de resonancia en la sociedad colombiana, así como por agentes policiales y militares, y medios de comunicación masiva que de manera continua han señalado a las personas defensoras de DDHH como “cómplices de acciones vandálicas y terroristas” o de realizar su trabajo de manera inadecuada bajo, nuevamente, la idea de cesar la defensa de los DDHH de los manifestantes.

Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en las declaraciones realizadas por la cuenta de twitter de la Congresista de la República, María Fernanda Cabal, el 29 de mayo de 2021 donde expone un vídeo de un defensor DDHH frente a una pared. El texto acompañado es “¿Los DDHH solo aplican cuando la fuerza pública llega a restablecer el orden? Miren la complicidad de estos defensores de DDHH ayer en Cali con estos vándalos que destruyen la ciudad.”

En el vídeo no se evidencia la comisión de ningún delito, ni contravención, pero lo expresado derivó en múltiples ataques y fortaleció la campaña de desprestigio que se ha desplegado en contra de las personas defensoras de DDHH bajo el argumento de que estos pertenecen a grupos vandálicos, guerrilleros, terroristas o delincuenciales.

De igual forma el Ministro de Defensa Diego Molano, tras un consejo de seguridad en el departamento del Cauca, señaló a varias personas defensoras de DDHH del departamento de ser “ser cabecillas y tener nexos con las disidencias de las FARC.” poniéndolos en grave riesgo y deslegitimando su labor.

De manera reiterada se ha difundido la idea de la supuesta participación de las personas defensoras de DDHH en grupos armados o terroristas, señalando de manera negativa específicamente a las personas defensoras que ejercen la labor de representación jurídica de personas detenidas o capturadas de manera ilegal o arbitraria. De esta forma, informes de inteligencia realizados por entidades estatales y que han sido difundidos por medios de comunicación, han manifestado que dicha defensa jurídica hace parte de la cadena de “líneas de defensa” para la desestabilización del país a través de las movilizaciones, desdibujando el rol de las defensoras DDHH y desconociendo los principios de imparcialidad e independencia promovido por las CVI.

De igual forma, el periodista Néstor Morales en una entrevista señaló a la Organización No Gubernamental (ONG) Temblores como una organización que “tiene un sesgo de izquierda” y que las cifras que han publicado sobre las agresiones y violaciones a los DDHH en el marco de paro “son inventadas”. Asimismo, la periodista Salud Hernández, aseguró que la CIDH venía a Colombia a “darle la razón a la extrema izquierda y a los de los bloqueos”.

Estos pronunciamientos de autoridades civiles son el trasfondo que legitima el accionar de la Fuerza Pública, los cuales también hacen señalamientos y estigmatización de la labor de las personas defensoras de DDHH. Ejemplo de ello es el caso de la defensora DDHH (nombre bajo reserva) quien realizaba acompañamiento como defensora de DDHH en el municipio de Piedecuesta, Santander. Mientras la defensora grababa un procedimiento policial, uno de los agentes de policía empezó a gritar de manera reiterada su nombre acompañándolo de la palabra “vándala” generando un escenario de riesgo mientras ella intentaba hacer verificación de las labores de los agentes.

Igualmente, en el departamento del Cauca las defensoras DDHH (nombres bajo reserva) fueron señaladas por parte de uniformados de la Fuerza Pública como guerrilleras por realizar su labor de verificación de los DDHH en el marco de la protesta social.

Lo registrado ha permitido observar que este tipo de pronunciamientos han aumentado la situación de riesgo y vulnerabilidad de las personas defensoras de DDHH en el marco de la protesta social al no sólo buscar deslegitimar su trabajo, sino igualmente justificar tanto la acción o persecución penal en su contra, como la violencia por parte de la Fuerza Pública.

Debe anotarse que las autoridades civiles y medios de comunicación que han estado profiriendo dichos mensajes tienen (i) un amplio alcance comunicativo en la ciudadanía; (ii) un amplio margen de replicarse y masificarse en redes sociales, radio y la televisión nacional; y (iii) son personas que gozan de cierta credibilidad en un sector de la ciudadanía, lo que genera que su opinión y sus mensajes en contra de las personas defensoras de DDHH sean apropiados por las personas que los observan, trayendo consigo manifestaciones de odio e incluso amenazas, generando como se ha observado la concreción de los distintos tipos de agresiones que se han expuesto en el presente documento, incluso por terceros civiles.

3.5. Privación de la libertad: detenciones y judicializaciones arbitrarias contra personas defensoras de los DDHH.

La quinta agresión mayormente registrada corresponde al ejercicio de detenciones y judicializaciones arbitrarias por parte de agentes de la Fuerza Pública en contra de personas defensoras de DDHH y que se ha materializado especialmente en la detención transitoria bajo medios policivos como el Traslado por Protección o la judicialización por supuesta comisión de conductas delictivas. Estas modalidades de privación de la libertad se han dirigido de forma especial a defensoras DDHH que realizan una labor de documentación, registro e interpelación de Fuerza Pública como una forma de sancionar o reprochar dicha labor por ser “parcializada”, “obstaculizar los procedimientos” o, en concordancia con lo que se ha venido exponiendo, por no ajustarse a sus criterios que conscientemente buscan desconocer la normatividad que respalda el trabajo de las CVI.

En el contexto del Paro Nacional de 2021 se han reportado la ocurrencia de al menos 31 detenciones a personas defensoras DDHH, ocurridas de la siguiente manera: 7 en la ciudad de Pasto, Nariño; 7 en la ciudad de Bogotá, 6 en la ciudad de Popayán, Cauca, 2 en Valle, 3 en Medellín, Antioquia, 2 en Soacha, Cundinamarca, 2 en Caldas, 1 en Piedecuesta, Santander, 1 en Cajamarca, Tolima y 1 caso no identificado.

Son mayoritarias las detenciones arbitrarias de carácter transitorio bajo la figura del traslado por protección contemplada en el artículo 155 del Código de Policía, la cual es un medio policivo consistente en salvaguardar a las personas en dos circunstancias particulares: 1) cuando una persona está en estado de embriaguez y necesita protección e inclusive acompañamiento por parte de la Policía hasta su hogar y 2) cuando una persona se encuentra en estado de exaltación y necesita protección; en los dos casos se dice que la protección se refiere a que la detención se da; para que la persona no sea un riesgo para sí misma y/o para las demás. Sin embargo, el traslado por protección se ha usado de manera ilegal y violando el debido proceso judicial de las ciudadanas, toda vez que, en un claro abuso de poder, la fuerza pública ha detenido de manera arbitraria a varias defensoras de DDHH.

Son mayoritarias las detenciones arbitrarias de carácter transitorio bajo la figura del traslado por protección contemplada en el artículo 155 del Código de Policía, la cual es un medio policivo consistente en salvaguardar a las personas en dos circunstancias particulares: 1) cuando una persona está en estado de embriaguez y necesita protección e inclusive acompañamiento por parte de la Policía.

Debido a esta naturaleza, la figura es ampliamente utilizada por los integrantes de la Policía Nacional habida cuenta de la ausencia de control judicial a este tipo de privación de la libertad y que da lugar inclusive, a que, en muchas ocasiones, ni siquiera se reporten la realización de estos traslados.

De lo que ha podido registrarse, se ha observado que, pese a que según la normatividad para los traslados por protección debe existir un lugar específico y con presencia de autoridades de corte civil, la Fuerza Pública omite ello y trasladan a las personas a lugares no aptos y sin la presencia de dichas autoridades civiles, dificultando adicionalmente la labor de verificación de las personas defensoras de DDHH.

Paralelamente, las autoridades superan el tiempo legalmente establecido para este tipo de privación de la libertad, impidiendo intencionalmente la comunicación con familiares o abogados/as, al no dar información, manifestar que se encuentran en otra ubicación o negando el derecho de comunicarse. Con ello se busca que transcurran varias horas sin que familiares o abogados/as conozcan el paradero de las personas detenidas.

Esto se evidenció en el caso de la detención de cinco (5) personas defensoras de DDHH detenidas en la ciudad de Pasto. Bajo la figura del traslado de protección fueron detenidas y llevadas a un lugar no apto como lo fue un Coliseo cuya vocación no es la de recibir a estas personas y en el cual no había presencia permanente de autoridades civiles como la Defensoría del Pueblo o la Personería municipal.

De igual manera ocurrió el 12 de mayo de 2021 en el departamento del Cauca contra las defensoras DDHH, quienes luego de registrar personas de civil sospechosas en diálogo con miembros del ESMAD, fueron abordadas por dos agentes de la Policía Nacional, quienes impidieron el registro aludiendo que no era permitido tomar fotografías (en contravía de la normatividad nacional). Posteriormente les solicitaron identificarse y les manifestaron que “sólo si eran parte del Ministerio Público o de la ONU podían realizar el ejercicio de defender los DDHH”. Finalmente, varios policías se los llevan detenidos, aun teniéndolos plenamente identificados y conociendo las normativas respectivas, a la Secretaría Departamental de Educación donde a un integrante de la comisión de DDHH lo amedrentan, lo señalan como defensor de terroristas, de vándalos y desconocen su labor de defensa DDHH.

Igualmente hubo un intento de judicialización en contra de un defensor de DDHH en Santander, por presuntamente haber agredido a tres policías. En el marco de su detención, el defensor fue objeto de actos constituyentes de tortura al amenazarlo de manera constante con su homicidio y obligándole a auto inculparse. En efecto, de camino a la estación de Policía, pasaron por un puente sobre una quebrada donde el capitán le dijo “si quiere lo arrojó y lo dejo ahí tirado, y luego digo que usted se accidentó. Usted tiene que decir que me pegó a mí y a tres policías más”. Así mismo durante su detención fue sometido a limitación de posiciones tras ser esposado con los brazos suspendidos. Finalmente, la Fiscalía evaluó las pruebas recibidas, las cuales calificó de insuficientes y determinó que la captura había sido ilegal.

4. Conclusiones y peticiones a la Relatoría Especial para Defensoras de DDHH de la Organización de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

En Colombia la labor de la defensa de los DDHH implica un riesgo diferenciado para quienes la ejercen al encontrarse en un contexto de ocurrencia de múltiples homicidios, amenazas y diferentes atentados contra la vida y la integridad personal. Desafortunadamente, el escenario de la protesta social no es la excepción a esta tendencia.

Como ha podido observarse a lo largo de este documento, las personas que realizan la defensa de los DDHH de los manifestantes y en el marco de la protesta son objeto de múltiples agresiones que poseen el objetivo de amedrentar y disuadir a los y las defensores de cumplir su labor. Lo anterior, no como una cifra más o como consecuencia de una actuación indistinta de la Fuerza Pública hacia el conjunto de las manifestaciones, sino como una acción intencionada y específicamente dirigida para sancionar y buscar aconductar las acciones de las personas defensoras de DDHH al ser vistas como un “obstáculo” o un “elemento de desprestigio” o “desestabilización” institucional.

Las diversas actuaciones y casos que fueron reseñados son ejemplos de cómo la Fuerza Pública conociendo un marco normativo que avala y protege la labor de las CVI y estando las personas defensoras integrantes de estas comisiones plenamente identificadas, comete estas agresiones de manera intencionada y consciente para impedir la labor de registro y denuncia. Así, las agresiones a defensores no son externalidades o errores en operativos policiales, ni una cifra entre las agresiones generales, son expresión de una actuación Estatal que no cumple con las normatividades establecidas para la protección de las personas defensoras de DDHH.

Así, en el presente Paro Nacional, como CDLAT hemos podido observar un incremento y tendencia del actuar de la Fuerza Pública, pero también de las autoridades civiles que torpedean el ejercicio del derecho humano a defender derechos.

El conjunto de homicidios, lesiones, manifestaciones estigmatizantes, violencias basadas en género y privaciones de la libertad buscan crear en su conjunto un ambiente de zozobra que disuade a las personas del ejercicio de verificación, denuncia y protección de los DDHH y de esta forma, pretende hacer difícil la producción de cifras y registros independientes que le permitan a la sociedad civil hacer denuncias y contrastación de los registros e informes oficiales y exigir rendiciones de cuentas, investigaciones imparciales y actuaciones integrales del Estado. En ese sentido, es necesario resaltar la importancia de las personas defensoras de DDHH en la verificación y denuncia de irregularidades y violaciones a los derechos ocurridos en el marco de la protesta social.

Con base en lo anteriormente reseñado nos permitimos solicitar respetuosamente a la Relatora Especial para Defensoras de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU):

1. Realizar un pronunciamiento público y una comunicación al Estado Colombiano en el que se le exhorte a reconocer la labor de las personas defensoras de DDHH en el marco del Paro Nacional, rectifique los pronunciamientos estigmatizantes proferidos por funcionarios públicos, se disponga al cumplimiento de las normativas de prevención y protección a personas defensoras de DDHH, especialmente las relacionadas con el ejercicio de la protesta social y finalmente a que realice las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes por la comisión de presuntas conductas delictivas en contra de defensores y defensoras.

2. Emitir solicitudes formales al Estado colombiano para que se reconozcan las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil (CVI) y se cumplan las normas vigentes que les permiten realizar la defensa de DDHH, a través del uso de distintivos visibles de las diferentes organizaciones y redes como la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, teniendo en cuenta la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior y el Decreto 003 de 2021 del Ministerio del Interior y Presidencia de la República, en los cuales sólo se exige como requisito para ser defensoras DDHH el uso de un distintivo y no de certificaciones, carnet, permisos u otros, los cuales son solicitados por la Fuerza Pública para permitir el monitoreo de protestas; restringiendo con ello la labor de defensa de los DDHH.

3. Solicitar al Estado colombiano que permita una visita especializada sobre la situación de defensoras de DDHH, entre las cuales se contemplen las exigencias de las garantías para realizar la labor de las defensoras DDHH en el marco de protestas sociales.

4. Exhortar al Estado Colombiano a que dé cumplimiento integral a las sentencias y órdenes judiciales proferidas por diferentes instancias del poder judicial acerca de la regulación del uso de la fuerza y de armas potencialmente letales por parte de la Fuerza Pública en el marco de la protesta social y en especial la sentencia 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia.

5. Realizar un pronunciamiento que reitere al Estado Colombiano la normatividad internacional en materia de investigación de violaciones de DDHH y lo exhorte a la no aplicación de la Justicia Penal Militar para estos casos en el marco de la protesta social debido a las consecuencias que esto tiene para el acceso de las víctimas a justicia, verdad y reparación.

Teniendo en cuenta el informe “Personas defensoras de DDHH y líderes sociales en Colombia” publicado el 6 de diciembre de 2019 por la CIDH solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH,

1. Reiterar el llamado urgente a la implementación integral y de buena fé del Acuerdo Final de Paz, de manera especial, los puntos 2.1 y 3.4 que contienen en sí los sistemas y programas de protección a personas defensoras de DDHH, así como los puntos relacionados con el respeto y protección al ejercicio de la protesta social.

2. Exhortar al Estado colombiano a que convoque de manera inmediata y periódica los escenarios de diálogo e interlocución con la sociedad civil sobre garantías a las personas defensoras de DDHH tales como la Mesa Nacional, las mesas territoriales de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Asimismo, que convoque con la periodicidad debida la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas según el Decreto 003 de 2021.

3. Hacer un llamado al Estado Colombiano para que inicie las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes por la presunta comisión de actuaciones irregulares y conductas delictivas por parte de la Fuerza Pública en contra de personas defensoras de DDHH y que dichas investigaciones sean adelantadas por la Justicia Ordinaria y no la Justicia Penal Militar en el entendido que de que estas vulneraciones no son actos de servicio.

4. Instar al Estado Colombiano a realizar una reforma estructural e integral a la Policía Nacional y la Fuerza Pública que cuente con las recomendaciones y participación de las organizaciones de la sociedad civil y que contemple la superación de la idea de seguridad nacional bajo la visión del “enemigo interno”, una separación clara de la función de la Policía y el las Fuerzas Militares, una transformación del sistema disciplinario y aseguren mecanismos de rendición de cuentas y de supervisión por parte de las autoridades civiles y la sociedad civil.

5. Exhortar al Estado Colombiano a suspender el uso de proyectiles de impacto cinético y del Venom hasta que se realice un examen independiente sobre el riesgo de estas armas, los protocolos para su uso y la capacitación que han recibido los agentes policiales para utilizarlos. En ese sentido a que se realice una revisión exhaustiva de los protocolos, prácticas y equipos de la Policía Nacional de manera independiente y con participación de la sociedad civil.

Agradecemos a las siguientes organizaciones que han realizado un trabajo fundamental en las calles para defender el derecho a la protesta social y que aportaron información de carácter reservado a este informe: Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Nariño, Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Juventud Comunista, Juventud Rebelde, Campaña VIDA de Soacha, Fundación de Derechos Humanos PASOS, Congreso de los Pueblos, Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Ciudad en Movimiento, Comité Universitario de Derechos Humanos del área metropolitana de Bucaramanga, Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Empresas de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados Subdirectiva Pereira, Fundación de Defensores de la Dignidad de los Pueblos BAKIA, Colectivo Tierra de Todos Manizales, Comité de Derechos Humanos Alfredo Correa de Andréis, Corporación Para la Educación y Autogestión Ciudadana, Corporación Colectivo de Abogados Suyana, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Programa Social de Garantías Antioquia, Red de Derechos Humanos del Putumayo – Baja Bota Caucana, Cofanía Jardínes de Sucumbíos de Ipiales, Nariño, Marcha Patriótica, COSPACC, Trochando sin Fronteras, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Juntanza Techotiba, Observatorio de Derechos Humanos Klaus Zapata, Red Contra el Abuso de Autoridad, Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos Bogotá, Asamblea Suba Oriental, Colectivo Jurídico Popular, dhColombia, Humanidad Vigente, Movimiento por la defensa de los derechos del Pueblo, Comisión Colombiana de Juristas.

(*)Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas

Junio de 2021