JAIME CAYCEDO  14 JUNIO 2021

El gobierno tiene que rendir cuentas por los asesinados, los detenidos ‘desaparecidos’, las mujeres violadas, la militarización y el vandalismo de los policías infiltrados.

En Colombia suele llamarse paro a una expresión del descontento social que conjuga las manifestaciones de protesta, los plantones ante los entes responsables de políticas económicas públicas, las limitaciones a la locomoción vehicular en grandes arterias e incluye circunstancialmente formas de huelga en la producción, explícitamente decididas por asambleas de trabajadores.

Esta composición social diversa del movimiento inconforme, no centrado inicialmente en la producción, muestra la convergencia de distintos niveles de la rebeldía popular, las más de las veces provenientes de espacios reivindicativos específicos que terminan reconociéndose en torno de la crítica a las prácticas del poder de clase. El efecto de esta convergencia puede llevar a una parálisis del conjunto de la economía, con implicaciones delicadas y molestias provocadas de manera no intencional sobre sectores que alegan no compartir los propósitos del movimiento, con el disgusto notorio de sectores de clase burguesa y también de las capas sociales intermedias que se sienten afectadas en su tranquilidad y atemorizadas por el riesgo de perder sus referentes de estabilidad, su empleo y sus ingresos. Es la situación que se vive en Colombia desde el 28 de abril. En la práctica, un movimiento de movimientos, con una débil articulación en el nivel de su conducción, de carácter principalmente reivindicativo, ha desatado la sublevación de categorías sociales, de edad, de género, de transportistas, de artistas y trabajadores de la cultura, del campesinado afro y de las movilizaciones indígenas, con alta indignación frente al tratamiento de guerra y militarización a la protesta ciudadana, que ha derivado en una forma de huelga general contra algunos de los instrumentos de política económica del Banco Mundial y de los núcleos más retrógrados del capital financiero y de los terratenientes.

Esta disrupción social de contenido popular ocurre en medio de la pandemia, en uno de los países periféricos con peores estructuras de atención en salud: un sistema privatizado y un concepto institucional de la salud como un negocio.

EL PUEBLO, HARTO Y EMPOBRECIDO, PIDE JUSTICIA SOCIAL

La reforma fiscal del Ministerio de Hacienda y del Banco Mundial, de carácter profundamente regresivo, recargada en el aumento del IVA a la canasta familiar y a los servicios públicos mientras se mantienen las exenciones, subvenciones y exoneraciones a los grandes accionistas, buscaba asegurar la compra de aviones de guerra y los recursos económicos para las elecciones generales de 2022 con las que el régimen pretende blindar su continuidad.

Mientras el gobierno ha buscado el desgaste del paro indefinido mediante la represión selectiva y violenta, el movimiento fue ganando audiencia en la población e incorporando nuevos y complejos componentes, cada uno con su pliego de exigencias represadas e incumplidas, orientadas en la reclamación de justicia social. En la fecha que esto escribo, 27 de mayo, el gobierno, que ha reconocido al Comité Nacional de Paro, mantiene una táctica dilatoria, represiva y violenta, impidiendo la negociación, particularmente sobre las garantías que reclaman los voceros del movimiento: que cesen la militarización, la represión violenta, las retenciones ilegales, las ‘desapariciones’ de jóvenes, la violación de mujeres y los actos de vandalismo provocados por policías infiltrados en las marchas de protesta. Se exige que se suspenda la actuación del ESMAD [1] y el espíritu de persecución y castigo en la lógica de “seguridad nacional” que subordina las autoridades civiles electas a los mandos militares dependientes del poder ejecutivo nacional.

Además de derrotar la reforma tributaria, el movimiento sacó del camino la inversión prevista para adquirir aviones de guerra. Un proyecto de ley en el Congreso que acentuaba la privatización del sistema de salud, fue retirado de la discusión por el propio gobierno. Persisten medidas arbitrarias como el decreto 1174 que introduce la contratación laboral por horas y otras medidas de reforma laboral totalmente dictadas por los ámbitos patronales. En Colombia no existe un Estatuto del Trabajo que unifique las garantías y los derechos que han sido desmontados por decretos y resoluciones.

¿Cómo explicar esta conjunción de conflictos, aparentemente fruto del simple “estallido social espontáneo”?

La crisis económica del capitalismo periférico viene golpeando a Colombia desde la década anterior, con un creciente incremento del desempleo desde 2015. La irrupción de la pandemia ha provocado el repliegue de decenas de miles de trabajadores del comercio informal (vendedores ambulantes), obligados a permanecer en cuarentenas, en confinamientos y en las calles, sin poder trabajar, luego de ser expulsados de sus alojamientos por falta de pago. A esto se agregan los despidos y los cierres, primero temporales y después prolongados, de pequeñas empresas. El hambre se ha ido extendiendo como un fenómeno en incremento estable, con todas sus implicaciones sobre la mala nutrición y la creciente vulnerabilidad de la población frente a la crisis sanitaria. Según los datos del Departamento Nacional de Estadística, dos millones y medio de hogares ingieren menos de tres porciones diarias de alimentos y en un poco más de dos millones de familias apenas comen dos veces al día [2]. Los costos educativos, de manutención y de conectividad conllevaron la desescolarización y la deserción estudiantil. Las medidas paliativas del gobierno nacional y de algunas alcaldías, como la de Bogotá, están muy lejos de representar la renta básica que exigen el Pliego de Emergencia del Comité Nacional de Paro y el movimiento popular organizado. La llamada ayuda solidaria del gobierno alcanza la ridícula suma de cincuenta dólares cada dos meses para tres millones de familias y la municipal también centra su foco en un número fijo de hogares pobres y otros denominados vulnerables por tiempos limitados.

LA GESTACIÓN DE UNA REBELIÓN POPULAR

Si el hambre, el desempleo y la oportunidad de estudiar explican en buena proporción lo que se ha mostrado como estallido social, hay una historia reciente que ha desencadenado hechos nuevos en la vida colombiana.

– El Acuerdo de Paz, suscrito entre las Farc-Ep y el Estado (noviembre de 2016), que el actual gobierno de Ivan Duque se ha empeñado en reducir a escenarios de simulación de cumplimiento cuando no de entorpecimiento abierto. La continuación del exterminio de ex insurgentes, líderes sociales populares y activistas de izquierda, con total impunidad, es la nota más aberrante de esta realidad.

– El despertar de movilizaciones sociales, crecientes y continuadas en el tiempo, pese a la represión criminal adelantada desde el gobierno bajo la figura de alteración del orden público, y la resistencia popular y sindical frente a la ofensiva neoliberal disfrazada de comunitarismo populista de derecha. Las iniciativas que condujeron a la creación del Comité Nacional de Paro con las movilizaciones del 21 de noviembre de 2019 y días sucesivos, impulsadas desde las bases populares en distintas ciudades del país, dieron impulso también al pliego de exigencias contra el paquetazo neoliberal. En ese momento fue visible la presencia del activismo feminista y de la juventud en las movilizaciones de masas. Como símbolo de la lucha ha quedado el nombre del joven Dylan Cruz, asesinado en plena vía pública por un capitán del Esmad.

– La movilización del 9 y 10 de septiembre de 2020 levanta un Pliego de Emergencia, la petición de una renta básica frente al hambre, la matrícula cero, mínimo vital y conectividad para estudiantes, punto final a los crímenes de líderes sociales, garantías para el personal médico y sanitario, defensa del Acuerdo de Paz, como también expresa la indignación ante el maltrato y la brutalidad de la policía contra el joven abogado Javier Ordóñez frente a su casa que determinaron su muerte en un Comando de Atención Inmediata (CAI [3]).

– El Comité Nacional convocó para el 28 de abril un paro de 24 horas que incluía afectación a la producción en Ecopetrol por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) y una jornada de protesta del magisterio de 48 horas. Culminadas las acciones previstas y las enormes conmemoraciones del 1 de mayo, inicia una nueva situación, determinada por las expresiones juveniles y populares en los puntos de resistencia a la brutalidad represiva, donde toman forma las limitaciones a la locomoción en las arterias urbanas (bloqueos), las carreteras y los ejes viales nacionales y se concentra el origen de movilizaciones en gran escala especialmente en la ciudad de Cali, principal capital del suroccidente.

El estallido social ha devenido en mucho más que un movimiento de movimientos reivindicativos e indignados que ha paralizado un país cuyo gobierno se niega a proporcionar salidas mediante el diálogo y la negociación y se orienta al aplastamiento brutal de la protesta. Expresa una auténtica a la opresión y la violencia del Estado posterior al Acuerdo de Paz, con la necesidad de abrir y profundizar la democracia.

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DEMOCRÁTICO DE FONDO

Esta cronología de sucesos nos indica la creciente disposición de resistencia popular y obrera ubicada territorialmente en los cinturones suburbanos, la carretera Panamericana en su curso por el departamento del Cauca, el sur de Cali, flanqueada por las comunidades indígenas organizadas para la movilización y el bloqueo al transporte, a lo que se agrega la múltiple movilización en las ciudades que superan el concepto tradicional de manifestaciones de calle para convertirse en el copamiento y toma de los espacios urbanos. Este modo de actuar, liderado por núcleos denominados de primera línea, se ha reproducido en todo el país como una forma inicial de organización popular y de dirección localizada del movimiento.

Otra cronología, la de los hechos políticos, indica que con el recrudecimiento de la violencia del poder, que traduce su evidente debilidad e incapacidad de aportar soluciones a las demandas, se amplía la disposición de confluencias entre corrientes democráticas deseosas de un cambio contra la violencia del Estado.
En 2022 habrá elecciones generales y las encuestas muestran el desplome de Duque y Uribe, la falta de una figura uribista para la sucesión, la gran simpatía por Gustavo Petro y la extrema diversidad de precandidaturas presidenciales que se proclaman de “centro”.

El Pacto Histórico ha surgido como un proceso de reagrupamiento de las fuerzas que en 2018 levantaron la candidatura de la Colombia Humana, en cabeza de Gustavo Petro, con un resultado de más de 8 millones de sufragios, a lo que se añaden personalidades desprendidas de corrientes del establecimiento pero identificadas en la defensa del Acuerdo de Paz de 2016.

Toda la táctica del régimen en el tratamiento violento al paro nacional popular responde al cálculo perverso de cortarle el camino a un cambio democrático que lleve a su culminación el acuerdo de paz y las reformas necesarias para enfrentar lo que hemos denominado una crisis nacional en desarrollo. La dilación para dar garantías a una negociación con el movimiento social y el establecimiento de medidas que atiendan a las exigencias más críticas desde la sociedad subrayan la intencionalidad del gobierno de imponer el estado de conmoción y continuar alterando las garantías y derechos de la población. El grito por defender el derecho a la vida y soluciones eficaces al hambre y al desempleo, en un contexto de emergencia sanitaria aguda, muestra la profundidad de la crisis social, económica, cultural, moral y política que subyace en las raíces de la situación nacional.

Ahora la solidaridad internacionalista con el pueblo colombiano se ha transformado en un auténtico factor material que presiona sobre el régimen y los organismos internacionales para favorecer una urgente solución política que ponga fin a la matanza de ex guerrilleros y líderes sociales y populares, un genocidio político que es la característica del sistema de gobierno dominante en Colombia, cuya prolongación no tiene otro proyecto que la destrucción de toda forma de democracia y es además una amenaza para la paz en América Latina y el Caribe.

Es también una crisis de soberanía por la fuerte dependencia del sistema político frente a la política exterior permanente de Estados Unidos. Fuerzas militares estadounidenses ocupan varias bases en Colombia y destacamentos armados de ese país, como la llamada Brigada de Seguridad, entrenan y preparan a las fuerzas especiales colombianas para una eventual intervención militar en Venezuela.

La interrupción del orden institucional por medio del estado de conmoción o de un autogolpe, que para el caso son sinónimos, puede desatar novedades superlativas que es necesario no descartar.

La necesidad de una solución democrática para esta crisis es parte del horizonte inmediato como tarea de la más amplia convergencia de fuerzas, propósito que está en la perspectiva del Pacto Histórico y en el papel de las fuerzas democráticas que en él participan. El compromiso vital consiste en juntar fuerzas, en reunir acumulados, en ampliar las coincidencias posibles e indispensables para detener el proyecto de inspiración fascista que intenta eternizarse en la conducción del país. El bloque de fuerzas alternativas requiere decisión y acierto en la coyuntura porque un proyecto de cambio democrático real también tiene la opción de comprometer e incluir a una base social profundamente interesada en el logro de transformaciones en favor de la igualdad, la superación de la crisis en beneficio colectivo y el pleno ejercicio de la libertad política.

Notas:

1. Esmad, Escuadrón Móvil Antidisturbios, creado mediante simples resoluciones de la Dirección de la Policía bajo el gobierno de Andrés Pastrana en 1999. Es un cuerpo represivo que utiliza las más modernas armas llamadas “no letales”, entrenado según las normas ultra conservadoras de la policía estadounidense, que se guía por una doctrina de “enemigo interno” contra las y los jóvenes en el manejo del llamado “orden público”. Se le atribuyen numerosos homicidios en el uso desproporcionado de la fuerza.

2. Portafolio, marzo 25 de 2021, DANE, Encuesta Pulso, https://www.portafolio.co

3. CAI, Comandos de Atención Inmediata, creados originalmente en Bogotá en 1987, en localidades y barrios, dependen de las Estaciones de Policía, han sido fuente de irregularidades y han concentrado la ira popular contra los abusos policiales.

Tomado de mundo Obrero