Por Heidy Sánchez

La política de seguridad de la ciudad depende de muchos factores, pero, sobre todo, de una evaluación objetiva de la realidad que permita la construcción de herramientas que incidan positivamente en este aspecto de la vida ciudadana, en cambio, la administración de Bogotá elige hacerse la de la vista gorda con un problema que cada vez se hace más evidente e incontrolable en la ciudad: el control territorial de grupos neoparamilitares.

Desde la política de la “seguridad democrática” la ciudad ha reincidido sistemáticamente en un error (por decir lo menos) en términos de seguridad ciudadana: para la época, los esfuerzos estatales se concentraron en confrontar a las guerrillas, mirando hacia otro lado cuando se trataba del control de grupos paramilitares o sus herederos en el contexto urbano. En consecuencia, para 2009-2010, había presencia documentada de varios de estos grupos en la ciudad, pero tanto las autoridades nacionales como las distritales negaban el control territorial que tenían (1).

Hoy en día hay por lo menos dos líneas de continuidad frente a la política de ese entonces; la primera, el negacionismo oficial: según la Policía Metropolitana de Bogotá actualmente no hay presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), tan es así, que hay mayor preocupación de las autoridades por la presencia de disidencias de las FARC o del ELN “para cometer actos vandálicos” (queriéndoles ligar a la protesta social), que por la presencia de grupos neoparamilitares que ejercen un efectivo control en los barrios de la ciudad.

La segunda, la evolución de las dinámicas de control territorial se siguen presentando en función de la “subcontratación” de estructuras delincuenciales locales para efectos del aseguramiento del mercado del microtráfico y el monopolio sobre otras dinámicas delictivas.

Ejemplo paradigmático de esta línea de negacionismo oficial es el caso de las Águilas Negras, un GAO que sigue amenazando a líderes sociales e incluso funcionarios de la administración hasta el año pasado, pero que, según la policía, es una “marca criminal”, una especie de franquicia usada indistintamente por grupos delincuenciales para cubrir delitos comunes.

Pues bien, esta franquicia ha demostrado no solo una perdurabilidad en el tiempo alarmante (desde 2006), sino que evidentemente reproduce las lógicas de control territorial del paramilitarismo, en especial, la sistematicidad del señalamiento a líderes de izquierda y dirigentes sociales. En ello coincide la Defensoría del Pueblo (2) al señalar que son una amenaza latente con efectivo control territorial sobre varias zonas de la ciudad y sus alrededores.

La presencia paramilitar en el sur de la ciudad

El Bloque Capital (nunca desmovilizado en el proceso de Ralito) aún tiene presencia, según denuncias de la ciudadanía, en Altos de Cazucá (Soacha), Ciudad Bolívar, Santafé, Los Mártires, Puente Aranda, Engativá, San Cristóbal, Usme y Kennedy. Su objetivo es captar diferentes rentas a partir de extorsiones, secuestro, narcotráfico, legalización y comercio de predios (el negocio de los llamados “tierreros”), y también se expande hacia los San andresitos, San Victorino y la Plaza de Abastos.

Este Bloque realmente nunca desapareció, se reconfiguró en otras estructuras paramilitares por medio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las águilas negras, los pascuales, los obispos, los boyacos, los rastrojos, los sayayines y los paisas.

Por ejemplo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en barrios como Santa Viviana, Santo Domingo (zona borde con Soacha), Paraíso, Lucero alto, Marandú, Villa Gloria, Divino niño, San Francisco, Compartir entre otros, es evidente la presencia de grupos al margen de la ley y del paramilitarismo, reclutando de manera descarada a los jóvenes para integrar estas bandas criminales y sicariales.

El barrio Santafé, un ejemplo de control territorial

Hemos recibido también denuncias de la comunidad del barrio Santafé sobre el control y la disputa territorial entre bandas dedicadas al narcotráfico, de la mano con delincuencia común y desafortunadamente la policía, razón por la cual, existe un miedo a presentarlas ante estas mismas autoridades.

En este barrio las denuncias van desde agresiones físicas, como las sufridas por una chica lesbiana que fue atacada por narcotraficantes de la zona y que por defender a su mamá resultó varios días hospitalizada; hasta el control territorial que alias “Milton” ejerce sobre el barrio, quien a pesar de estar en detención domiciliaria se mueve con documentos falsos ejerciendo un dominio criminal entre las calles 19 y 21.

¿En qué se materializa este control? en hechos como el constante hurto a una comerciante del lugar (hurtos cometidos en compañía de alias “Shaggy”), cuya hija, además, es obligada a vivir con otro traficante, alias “Edgar”.

Todo lo anterior frente a la inacción de la policía que, según las denuncias de las habitantes, participa de las rentas criminales. Como ejemplo de lo anterior, recibimos la denuncia de que, en presencia de la misma policía, se había golpeado a esta comerciante, igualmente, esta chica lesbiana ha sido golpeada por dichos agentes hasta tumbarle los dientes, ha sido apuñalada y le han cortado su cabello.

Asimismo, se nos informa sobre una subcontratación de los grupos expendedores, entre los cuales se destaca un grupo de mujeres que controlan el microtráfico en la calle 21, quienes además agreden a otras mujeres de presencia histórica en el sector, ingresando a la gente a la olla para golpearles.

Se denuncian alianzas entre los conocidos “Boyacos” y “Pereiranos” quienes eran anteriores rivales en época del Bronx, para enfrentar a una nueva dinámica de traficantes relacionados, al parecer, con el conocido cartel del “Tren de Aragua”, situación que ha exacerbado la violencia y el desplazamiento intraurbano de trabajadores, comerciantes y habitantes.

Todo esto se conecta con la nefasta estrategia usada en el Bronx como también en su época en el cartucho y hoy se repite en el sector del Barrio San Bernardo, en donde se impacta la infraestructura de las ollas para supuestamente acabar con las mismas, pero lo que se hace es dispersar y atomizar las bandas delincuenciales por toda la ciudad y generar nuevos focos de inseguridad.

No es posible que todas estas situaciones se presenten en la cara de las autoridades sin que haya una reacción al respecto, no hay confianza de la gente en la policía local ni en la MEBOG por lo que hemos pedido que la Inspección Nacional de la Policía y la Secretaría de Seguridad investiguen todas estas denuncias, sin embargo, el Santafé es apenas una muestra de una dinámica que se repite en varias zonas de la ciudad, en especial, el occidente y el sur de esta.

Una errada política de seguridad distrital.

Todo esto es evidencia de que la administración se está haciendo la de la vista gorda con la existencia de grupos armados neoparamilitares frente a lo cual la ciudad no tiene una solución que vaya más allá de la persecución a los eslabones más débiles de la cadena criminal (el microtráfico) o a las víctimas (los consumidores de Sustancias Psicoactivas -SPA-).

En cambio, desde la Colombia Humana – Unión Patriótica creemos que la solución a las más graves amenazas de seguridad en la ciudad (dentro de ellas el control territorial de grupos armados organizados, muchos de ellos herederos del paramilitarismo) debe hacerse desde un enfoque de seguridad humana, de atención integral a los factores que permiten la proliferación de la criminalidad y de reconocimiento del problema y su magnitud.

Asimismo, el aumento del pie de fuerza sin reforma estructural de la policía solo se traduce en un incremento del abuso de poder (como lo demuestran los hechos del 9 y 10 de septiembre) y la proliferación de frentes de seguridad (la otra estrategia de la administración) que más que “redes de comunicación ciudadana” son verdaderos grupos de patrullaje y control territorial con la anuencia de la policía es un incentivo a un fenómeno cada vez más preocupante y evidente: la paramilitarización de la ciudad.

Notas:

(1) Ariél Ávila. Bogotá cercada. En Revista Arcanos No. 15. Abril de 2010. pp. 46-63.

(2) Alertas tempranas de la defensoría del pueblo: 086 para las localidades de Rafael Uribe Uribe, Usme y san Cristóbal, 023 para las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Fontibón, 046 para las localidades de Mártires, Candelaria y Santafé, 026-2018 para todo el distrito capital (líderes y defensores de DDHH).

(*) Heidy Sánchez Barreto, Concejal de Bogotá por Colombia Humana – Unión Patriótica, es abogada y cursó una especialización en Derecho Ambiental y un máster en Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia.

Fuente: Cuarto de Hora