Brasilia, 17 nov (Prensa Latina) El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Ricardo Lewandowski, autorizó a la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a acceder a la correspondencia entre la operación Lava Jato y autoridades extranjeras, se confirmó hoy.

Para los abogados de Lula, tal información resulta esencial para confirmar que el Gobierno federal fue advertido de la probable ilegal cooperación entre la Lava Jato y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, Estados Unidos).

Los juristas defensores denuncian que la agencia de inteligencia estadounidense actuó, sin respetar procedimientos, para quebrar la criptografía del sistema de la empresa constructora Odebrecht.

Lewandowski determinó que el 13 Juzgado Penal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, libere inmediatamente el acceso a las pruebas y otros datos contenidos en el llamado Acuerdo de Indulgencia de Odebrecht.

El pedido de información se refiere a seis acciones criminales contra el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) en la operación judicial.

Tal escándalo ocupó cintillos en el país después que el sitio web The Intercept Brasil y la Agencia Pública revelaron, a inicios de julio, que la Lava Jato firmó el pacto de colaboración arbitraria con el FBI.

El compromiso ocultó a las autoridades federales, incluida la Fiscalía General, la presencia de agentes de policía del FBI, con acceso irregular y sin restricciones a datos de indagación realizada por la Lava Jato.

Según las demandas, la asistencia en investigaciones no siguió las normas establecidas en un acuerdo entre las partes y quienes estaban llamados a defender la ley incumplieron con su deber.

El abogado Eugênio Aragão, del PT, afirmó en aquella ocasión que, ‘al compartir información de manera no oficial con los agentes norteamericanos del FBI, el grupo de trabajo faltó el respeto a la soberanía nacional y utiliza ilegalmente datos confidenciales de empresas brasileñas’.

Con su fallo, Lewandowski respondió a la solicitud del staff jurídico de Lula y determinó que debería tener pleno acceso, entre otros, a documentos y declaraciones relacionados con los sistemas de Odebrecht.

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