PRENSA – COLECTIVO  12 OCTUBRE 2020 

Reinaldo Villalba, abogado del senador Cepeda

En conclusión, el abogado reveló que lo que busca la defensa de Uribe es anular todo lo actuado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, aunque formalmente no se haya expresado así esta pretensión, y que esa política de “tierra arrasada” sobre un proceso es contraria a los derechos de las víctimas, y allana el camino a la impunidad, por lo cual declaró que espera que la jueza de garantías falle en derecho y reconozca lo actuado por la Corte.


El día 8 de octubre de 2020, se realizó la audiencia solicitada por la defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez en la cual sus abogados pidieron dejarlo en libertad por considerar que al haber cambiado el procedimiento penal mediante el cual se tramita su caso, no se cumplieron las garantías para dictarle medida de aseguramiento.

Al respecto Reinaldo Villalba, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y abogado del senador Iván Cepeda quien es víctima dentro del proceso contra Uribe, señaló que no puede echarse atrás y perder las pruebas -efecto práctico de la solicitud de los abogados de Uribe- de lo actuado por la Corte Suprema de Justicia bajo la Ley 600 de 2000 para volver a empezar el caso desde cero en el sistema que ahora cobija este caso que es la Ley 906 de 2004.

El origen de este nuevo episodio en el caso contra el expresidente por los cargos de soborno y manipulación de testigos, fue la renuncia a su cargo como congresista el pasado 18 de agosto, con lo cual perdió el fuero o tratamiento diferencial que tenía ante la justicia, y su caso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Aunque las víctimas presentaron una sustentada recusación tanto contra el Fiscal General como el Fiscal delegado por no otorgar garantías de imparcialidad en el caso, esta no prosperó.

Ya en la Fiscalía, la defensa del senador pidió que un juez de control de garantías examinara la medida de aseguramiento que se le dictó a Uribe bajo la Ley 600. Al ser el juez de control de garantías una figura legal de la Ley 906, las víctimas pidieron resolver el conflicto sobre cual sistema debía seguirse adelantando la investigación, si la Ley 600 de 2000 bajo la cual se juzgan los casos anteriores a 2005 así como a los funcionarios que tienen fuero especial, o bajo la Ley 906 que rige a los casos por hechos ocurridos a partir de ese año y a personas sin ningún fuero. La jueza de control de garantías que asumió el caso en esta etapa, trasladó esta discusión de nuevo a la Corte y esta decidió que el caso debía ir por Ley 906.

Ya con esta decisión en firme, la defensa del senador insistió ayer en su solicitud de libertad alegando que las decisiones tomadas bajo el régimen de la Ley 600 no eran válidas o no era posible hacerlas compatibles con la Ley 906. El Fiscal encargado del Caso Gabriel Jaimes y la Produradora Delegada María Lourdes Hernández se sumaron a esta petición, llegando incluso a solicitar que se desestimara lo actuado en la Corte Suprema, en una actuación sorprendente, dado que estas figuras del proceso judicial deben garantizar los derechos de las víctimas.

Ante esta argumentación, el abogado del senador Cepeda, recordó que “es completamente válido lo actuado por la Corte Suprema de Justicia” y que existen muchos antecedentes de casos, pero también leyes muy claras y principios constitucionales que señalan que lo actuado en un proceso penal no se puede revertir o retrotraer al inicio de todo el proceso. También, recordó la Ley vigente 153 de 1.887, que en su artículo 40 “hace referencia a la validez de lo actuado en los sistemas procesales precedentes. Pero además de esta ley vigente, el artículo 138 del Código General del Proceso confirma la validez de lo actuado y que las medidas cautelares del sistema precedente queda vigente, tanto en procesos civiles como penales, como señala la misma Ley en su artículo 1.

De igual manera, que existen precedentes sobre la necesidad y la posibilidad de armonizar los dos sistemas penales cuando se producen dichos cambios de sistema. “La propia Ley 906 en su artículo 533 determinó que para las investigaciones en la CSJ la aplicable es la Ley 600. Este artículo fue objeto de control Constitucional.” Agregó el abogado defensor de derechos humanos.

En el caso concreto que alegan los abogados de Uribe de la etapa de indagatoria (en ley 600) y la imputación de cargos (ley 906) el abogado Villalba insistió en que son actos jurídicos similares que otorgan las mismas garantías y comunican la condición de investigado, y que, en el caso específico del entonces senador Uribe, la Corte Suprema de Justicia lo citó a esta indagatoria después de varios meses de practicar muy serias y profundas pruebas, y posteriormente dictó la medida de aseguramiento con detención domiciliaria que el país conoce.

Es decir, agregó, “que estamos ya no en etapa de indagatoria o imputación de cargos para el caso de la Ley 906, sino en la aplicación de la medida de aseguramiento una figura que existe en ambos procedimientos.”

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría, “al desconocer estos precedentes crean inseguridad jurídica todos los procesos de la Corte Suprema porque no se sabe si las medidas que dicten dentro de un proceso van a servir de algo cuando el congresista o funcionario procesado termine su periodo, pierda su condición de aforado y utilice esa especie de puerta de escape para llegar a la Fiscalía y arrancar de cero.

En conclusión, el abogado reveló que lo que busca la defensa de Uribe es anular todo lo actuado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, aunque formalmente no se haya expresado así esta pretensión, y que esa política de “tierra arrasada” sobre un proceso es contraria a los derechos de las víctimas, y allana el camino a la impunidad, por lo cual declaró que espera que la jueza de garantías falle en derecho y reconozca lo actuado por la Corte.

También reiteró que la exigencia de las víctimas a la Fiscalía es que el proceso avance y se formule sin más dilaciones el escrito de acusación para que el juez de conocimiento de inicio al juicio contra el senador y expresidente.

En todo este trayecto jurídico es necesario recordar que el exsenador Uribe está siendo investigado por presuntamente haber enviado emisarios a las cárceles a buscar testigos entre ex paramilitares y narcotraficantes que lo favorecieran declarando que el senador Iván Cepeda les había ofrecido sobornos para inculparlo a él y a su hermano en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia.

Es decir, que el expresidente y exsenador habría intentado ocultar unos delitos con otros y para ello emprendió una agresiva campaña de desprestigio contra el senador Iván Cepeda porque este último realizó un debate de control político en el cual lo cuestionó por esos vínculos con el paramilitarismo.

Publicado viernes 9 de octubre de 2020
Tomado de colectivodeabogados.org