Por: María José Pizarro

Ya les vimos el rostro desenmascarado, en la matanza del 9 de septiembre y tantas veces antes en nuestra historia. Juntándonos y cambiando este relato hegemónico, es como pondremos fin a ese horror.

Cansados de jugar a la democracia fingida, ahora sólo impera su dominación criminal. Esta arremetida del poder significó el fin de 14 vidas de una juventud que lucha por protagonizar su propio futuro a la vez que defiende la vida para que nadie se la quite. Pero hoy lo sabemos: los autores materiales e intelectuales de esa masacre han puesto en marcha un plan macabro que prevé suspender el Estado de Derecho y desatar la violencia armada como dispositivo para “resolver” conflictos sociales. Las balas contra la protesta son una manifestación de pura y patológica represión. Es decir, se trata de una auténtica guerra contra la sociedad.

Esta guerra tiene varias caras y significados. Une de ellas es, en esto momento, la criminalización, judicialización y condena de la democracia. Usando su máquina del tiempo, nos hacen volver 20 o 40 años atrás, cuando los asesinatos, la tortura y las detenciones arbitrarias, eran justificados aduciendo argumentos de legítima defensa contra el terrorismo. Cualquiera que se atreva a poner en tela de juicio al poder será considerado terrorista, y por consecuencia deberá ser perseguido y aniquilado. Tal es la trama de este conflicto.

Sin embargo, allí no para, pues en medio de esa guerra contra la ciudadanía, las apáticas autoridades proponen dejar atrás ese trágico error humano, ese accidental desvío de las normas para entablar combate. No buscan justicia. Pero en cambio sí proponen tapar los crímenes con tierrita, piedad y concordia. Buscan apaciguar el dolor y la furia popular con perdones virales, reconciliaciones espectaculares y actos solemnes de olvido, que no hacen más que coartar el derecho de las víctimas y de la sociedad a exigir justicia. Ese acuerdo entre autoridades, dejando por fuera víctimas y victimarios, cimienta un futuro de impunidad, sin verdad, sin reconocimiento de responsabilidades, sin ninguna garantía de no repetición. Es así que pretenden imponernos la omertà, la ley mafiosa del silencio; aquí no ha pasado nada.

Pero eso no aguanta mucho más, pues la movilización social rompió el silencio con vida y arte en las calles. La potencia y la intensidad de las protestas populares de los últimos días y de los últimos meses excedió la capacidad de interpretación de las castas en el poder. Estas no logran ver más allá de las imágenes televisivas de multitudes que violentan su statu quo, pues la razón de ser de la protesta social elude su entendimiento. El camino más fácil y cómodo que los dueños del poder le han presentado mediáticamente a la sociedad durante décadas, ha sido el de explicar el disenso democrático en términos de vandalismo y evocando la supuesta intervención de grupos subversivos. Acto seguido, dan inicio a una campaña de manipulación para instaurar una narrativa hegemónica. Un relato único de los hechos, un relato manipulador mediante el cual se erigen a sí mismos, de manera cínica, en defensores del orden constitucional. En efecto, lo que impera hoy en Colombia es un régimen antidemocrático, dictatorial y fascista.

Somos protagonistas a la vez que testigos de la espontánea y orgánica organización de la ciudadanía. Manifestaciones, ocupación de espacios públicos, organización de asambleas populares: el pueblo reivindica sus derechos, se sacude por la dignidad, y se pone en marcha hacia una revolución democrática. La conjugación del atrevimiento, del empoderamiento y de la unión de cada miembro de este pueblo, portan el signo mismo de nuestra emancipación.

“El primer acto revolucionario que uno puede hacer ante el sistema es juntarse, porque el sistema te quiere individual y te quiere individualista”, afirmaba en noviembre uno de los miles asistentes a una asamblea popular en Santiago de Chile. Allí, en ese país, más de 10.000 personas participaron en unos 300 encuentros tan solo en una semana. Asimismo, juntarse significa el establecimiento de casas del pueblo en los barrios, donde la comunidad se organiza, donde los productos de las huertas comunitarias se comparten, donde los estudiantes de medicina atienden a sus vecinos, los de derecho brindan apoyo jurídico, y donde las mujeres intercambian saberes. Colombia no está sola, y puede también aprender de las experiencias de otros pueblos organizados.

En estos tiempos de desinformación mundial, el gobierno, a través de declaraciones oficiales, prensa y redes sociales, está desplegando una estrategia multidimensional de manipulación. Vía señalamientos y estigmatización, transforman retóricamente a la ciudadanía indignada en terrorismo organizado. Niegan masacres, muertos y violaciones, y condenan a la ciudadanía al estigma de pertenecer a actores armados. Y es así que en un país dominado por el narco-paramilitarismo, renace el viejo adagio: ¡Plomo es lo que se merecen esos ***! Es la legitimación fascista de la eliminación del Otro.

Matador lo ilustró perfectamente. A quien grite, se indigne, exija justicia, lo acusan sistemáticamente de criminal o terrorista, y asimismo será condenado. Pero en nuestro ejercicio de resistencia, en particular a través de la comunicación alternativa popular, demostramos nuestra capacidad de desafiar el relato hegemónico de los asesinos. Al no conformarnos, rompemos con su statu quo impuesto con armas y terror. Su respuesta a nuestro atrevimiento rebelde se enuncia como represión armada y falsos positivos judiciales. Esa persecución pretende quitárnoslo todo, la vida, la libertad, hasta el hecho de nombrar la realidad. Es organizándonos en nuestros barrios, en nuestras veredas, en la virtualidad, que logramos dar una respuesta contundente a la opresión.

Ante nosotros, colombianas y colombianos defensores de la vida, la libertad y la justicia, tenemos el inmenso reto de resistir a la muerte, la dominación y la mentira. Ante la persecución militar, judicial y mediática, la juntanza entre generaciones, entre parches, entre todes, ha de ser fundamental para construir una sociedad democrática, soberana y autónoma. A pesar de que el humo de las ollas populares se mezcle con los gases lacrimógenos, no daremos un paso atrás. El tejido social lo hilvanamos nosotros y nosotras, el pueblo de Colombia.