Por Sinay Céspedes Moreno

Quito, 5 sep (Prensa Latina) La recién concluida etapa de aceptación de precandidaturas para dignidades de cara a los sufragios de 2021 en Ecuador, genera hoy polémica sobre la legalidad de la postura del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La fase, que estuvo vigente durante casi la semana, permitió a las organizaciones políticas habilitadas para competir en los comicios validar la disposición de sus nominados a los diferentes cargos en disputa (binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos).

Precandidatos de 16 movimientos y partidos desarrollaron el acto de firma de sus respectivas aceptaciones, sin embargo, un evento que fluía con normalidad se convirtió en punto de divergencia y críticas al máximo órgano comicial.

El contrapunteo comenzó tras la ratificación de la nominación del exmandatario rafael Correa para la vicepresidencia, en fórmula con Andrés Arauz, postulado para dignatario por la Unión por la Esperanza (UNES), que estará representada en las justas por el Partido Centro Democrático.

Correa, quien reside en Bélgica y cumple cuarentena preventiva tras viajar a París, ciudad incluida en zona roja en el marco del combate a la pandemia en el país europeo, aceptó su precandidatura por vía telemática, mientras en su representación legal acudieron a la sede del ente electoral Pierina Correa, su apoderada y el propio Arauz.

El expresidente emitió su pronunciamiento, pero al no estar, físicamente, en la instalación, la documentación no fue aceptada, con el argumento de que debía aceptar de cuerpo presente, lo que desató críticas sobre la actuación del CNE.

‘La proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará, tratándose de dignidades nacionales, en la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del órgano electoral’, sentenció el ente en su defensa, rechazada por expertos y políticos, a cuyo juicio la instancia malinterpretó sus propios estatutos.

Para muchos, con esa declaración la institución pretendió desconocer lo actuado por Correa y dio un nuevo paso en sus intentos de proscribir su participación en las elecciones pactadas el 7 de febrero de 2021.

‘La disputa política en las próximas elecciones se va a definir entre dos modelos. El progresismo que representa a la diversidad y a las grandes mayorías, y los pelucones de la derecha, ahora reunidos para mantener al Estado en función de sus negocios’, advirtió el exvicecanciller, ahora nominado a asambleísta, Kintto Lucas sobre lo que está en juego en la lid.

En ese sentido, representantes de UNES consideraron absurdo el requisito de tener que acudir al CNE a firmar la aceptación, lo cual pudo ser de manera electrónica, sobre todo ante la situación sanitaria por la Covid-19 y la exposición de candidatos a un posible contagio.

Hoy, el Consejo Nacional Electoral insiste en que no se aceptó el trámite del exmandatario, mientras UNES, Centro Democrático y el propio precandidato sostienen la legalidad del mecanismo utilizado.

‘Para los que esperan la eliminación del binomio de la esperanza: Adjunto firma de aceptación cumpliendo TODO. Solo SI falta esta firma se puede negar inscripción del CANDIDATO (art.13g, reglamento)’, afirmó en Twitter Correa, quien rubricó el formulario de manera electrónica.

Al respecto, el precandidato presidencial Andrés Arauz explicó, con pormenores, por qué la aceptación de su compañero de fórmula es legal y, según alertó, a partir del venidero 18 de septiembre las autoridades pertinentes deberán emitir pronunciamiento al respecto, por lo cual los criterios anticipados carecen de fuerza vinculante.

Mientras, el Binomio de la Esperanza se mantiene como una opción popular y sus seguidores ratifican que representan la posibilidad de recuperar los logros alcanzados durante el liderazgo de Correa (2007-2017), sacar a Ecuador de la actual crisis económica y generar oportunidades de empleo.

Al mismo tiempo, UNES y Centro Democrático afirmar estar preparados para sustentar la aceptación del exgobernante y hacer valer su derecho político y el de los votantes ante el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral y si fuera necesario en todas las instituciones nacionales e internacionales pertinentes.

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