ADRIANA QUINTERO 29 AGOSTO 2020 |PACOCOL.ORG


Un despido masivo se dio a raíz del cambio de administración del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, Cesar, efectuado el pasado primero de abril.

Desde entonces, la nueva gerente, Jackeline Enríquez, inició con la terminación sin justa causa de los contratos y sin previo aviso a más de 100 empleados del centro asistencial.

Según Jader Carrillo Robayo, representante legal de la Asociación Sindical de Trabajadores Unidos (ASTU), la nueva gerente “prescindió de la empresa ASTU y contrató una nueva y ahí sacó a más del 70% de trabajadores que venían con más de seis años de experiencia, de ayudar en el hospital y no dieron ni las gracias ni el adiós, solamente terminaron el contrato con el sindicato”.

El primer recorte de personal, según Ana Rodríguez, auxiliar de enfermería del hospital y miembro de la junta directiva departamental del Sindicato de Salud y Seguridad Social, Sindess, se dio de manera arbitraria.

Rodríguez afirmó: “La gerente, la misma semana que entró, botó a todas las compañeras de la parte administrativa, fueron alrededor de 100 empleados que despidieron inicialmente que pertenecían a la Asociación Sindical de Trabajadores Unidos, ASTU. Sacó enfermeras de consulta externa en plena pandemia, incluso despidió a la Secretaria General de Gerencia que era de planta, lo hizo solo porque traía su propia secretaria y no le importó que venía laborando desde hace más o menos cuatro años”.

Sin embargo, y pese a los despidos injustificados, el Hospital continuó prestando el servicio durante la pandemia sin acondicionar las instalaciones con protocolos de bioseguridad, poniendo en riesgo la vida tanto de empleados como pacientes.

“No se evidenció en el transcurso del tiempo que estuvimos trabajando hasta mayo 13, que suministraran los elementos de bioseguridad necesarios. Los camilleros, los conductores y todos los facturadores fueron expuestos a la pandemia y hemos visto compañeros que salieron positivos en el examen del COVID-19”, relató Jader Carrillo Robayo, representante de la ASTU.

Así mismo, fue despedida el pasado 15 de mayo Mery Brito, una Trabajadora Social que laboraba en el área de urgencias desde hace cuatro años y medio, no recibió ninguna carta oficial y aunque ha escuchado al personal de la Institución diciendo que fue una terminación de contrato, manifiesta que les debieron comunicar por escrito y a su vez, pagarles los más de nueve meses de honorarios que aún les adeudan.

“Nosotros no teníamos fecha de vencimiento del contrato, porque nos lo renovaban cada mes, cada 15, así es el manejo de la contratación por medio de la Asociación Sindical. El despido de nosotros se da después de la inducción de dos semanas y media que muchos tuvimos que hacerle al personal nuevo, en mi caso entrené a una Trabajadora Social nueva, los demás compañeros hicieron lo mismo, a la niña que me tocó yo le pegunté que quién la había enviado y dijo que la nueva administración, la nueva gerente y el gobernador, eso nos sorprendió a todos porque lo hicieron sin ninguna notificación, inclusive los médicos cayeron en cuenta que ellos tampoco seguirían trabajando”, aseguró Mery Brito.

Seguido a los despidos masivos e injustificados, el 23 de junio los ex empleados emitieron un comunicado a la gerente del hospital, Jackeline Enríquez, para que les brindara una solución y se acercaron al centro de atención para mediar de manera pacífica, sin embargo, la respuesta fue echarles la policía.

Todo esto los obligó a hacer un paro de alrededor de 40 días en los que se incluyó una huelga de hambre, manifestación a la que se les unió el personal activo del hospital a quienes tampoco les han pagado los salarios atrasados; la deuda asciende a los 26.686 millones de pesos.

Debido al cese de actividades y luego de sostener reuniones con el personal médico, la gerencia del hospital y el secretario de salud, la Procuraduría General de la Nacional le pidió a la Gobernación departamental del César ponerse al día con los respectivos pagos, permitiendo así, el levantamiento del paro el pasado 20 de agosto.

No obstante, ya van siete días de haberse firmado los acuerdos con los trabajadores que están vinculados con el centro asistencial, y aún no hay respuesta para quienes fueron despedidos sin justa causa. Por otro lado, Ana Rodríguez reveló que si bien hicieron unos reintegros “el personal está trabajando sin seguridad social, todos, no solo los de enfermería que les cambiaron de asociación, los demás auxiliares hasta el día de hoy están sin la afiliación”.

Finalmente, y debido a que nadie ha dado solución a los trabajadores despedidos del sindicato ASTU, según Jader Carrillo Robayo, interpondrán una tutela colectiva, de manera individual, harán denuncias ante los medios locales para visibilizar su situación y realizarán un plantón el próximo primero de septiembre en el Palacio de Justicia de 9:00 a 10: 00 de la mañana y de 10:00 a 11:00 otro en la Gobernación y quedarán a espera a que entre el 7 y 11 de septiembre un juzgado defina su situación.

Gráfica Trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo en protesta. Foto cortesía

27 de agosto de 2020