La lideresa social Rita Bayona, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio 11 de noviembre, de Santa Marta, Magdalena, fue asesinada por sicarios.

Hace varias semanas había denunciado ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) que era blanco de amenazas. El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta Óscar Solarte confirmó que “ella había expuesto la situación ante la Fiscalía y solicitó protección ya que había sido amenazada”.

La Casa de la Mujer señaló en twitter:

“#VivasYVivosLasQueremos Sicarios asesinan a Rita Bayona (…) ella le había notificado a la Fiscalía que estaba recibiendo amenazas. ¿Hasta cuándo presidente Iván Duque?

Marco Teruggi destaca:

“Nueva masacre en Colombia. Tres personas asesinadas en el Norte de Santander. También fueron asesinados dos líderes sociales, Rita Rubiela Bayona y Edis Care. Mientras tanto en Miami proponen ponerle de nombre a una calle “Álvaro Uribe Way””

Al respecto la senadora Aída Avella precisa:

“Siguen volviendo TRIZAS a los ciudadanos ¡Gobierno Duque genocida!”

En lo que va del año suman 47 masacres en Colombia.

El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, excombatientes de las Farc-ep, indígenas, niños y jóvenes es fruto de la complicidad por acción y omisión del régimen Duque/Uribe, que no protege el derecho a la Vida de los colombianos.

Su respuesta ha sido afirmar con cinismo que lo que pasa no es tan grave:

El 3 de marzo la Ministra del Interior Alicia Arango en la Mesa por la Vida celebrada en Puerto Asís (Putumayo) aseguró que era mucho más grave el fenómeno del robo de celulares que el del asesinatos de líderes sociales, y al día siguiente se lamentaba ante los medios porque, según ella:

“Todos chillan por los líderes sociales y no por otros muertos”, expresando el desprecio que le merecen a la burguesía y los terratenientes las personas que dedican su vida a la defender los derechos de las comunidades.

La Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y Luis Almagro, Secretario de la OEA (tan acuciosos para atacar a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela), continúan guardando cómplice silencio frente a la crisis humanitaria y de Derechos Humanos que vive Colombia.