Por Laura Becquer Paseiro

La Habana, 25 jul (Prensa Latina) Quien dudó en algún momento que lo ocurrido en Bolivia en 2019 fue un golpe de Estado a la vieja usanza, aupado por sectores radicales y militares, que eche un vistazo ahora al panorama de esa nación.
La interrupción democrática del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales desde 2006, enrareció el ambiente político en la nación suramericana.

Aplazadas dos veces debido a la Covid-19, la convocatoria a nuevas elecciones para estabilizar el país y finalizar la transición más larga de la historia del gobierno de facto de Jeanine Añez, representa también la oportunidad del MAS de concluir el proceso social denominado Revolución Democrática-Cultural.

Sin embargo, la misma derecha opositora que lo sacó del Palacio de Quemado enfila ahora los cañones hacia el candidato masista Luis Arce.

Las aspiraciones de quien fuera ministro de Economía durante la mayor parte de la gestión de Morales, y su compañero de fórmula, el excanciller David Choquehuanca, penden de un hilo tras los intentos por inhabilitarlos, o sea dejarlos sin personería jurídica y evitar a toda costa que participen en los comicios generales postergados hasta el próximo 18 de octubre.

De hecho, Morales consideró en Twitter que alargar las elecciones no solucionará la catástrofe que vive Bolivia, y pidió votar cuanto antes por un nuevo Ejecutivo legítimo para enfrentar la crisis sanitaria y económica.

A pocos meses de la justa electoral, la dupla del MAS lidera las encuestas por encima de políticos tradicionales y conservadores como la propia Añez (de la agrupación Juntos), los expresidentes Carlos Mesa (candidato de la alianza Comunidad Ciudadana) y Jorge ‘Tuto’ Quiroga (Libre 21), así como del ultraderechista radical Luis Fernando Camacho, estos dos últimos con una escasa intención de voto.

La excusa contra la fórmula Arce-Choquehuanca es un supuesto delito por los comentarios del primero sobre una encuesta durante una entrevista televisiva el pasado 14 de julio.

La ley vigente estipula como incumplimiento la difusión de estudios de opinión, cuya elaboración y publicación están sujetas al control del órgano electoral en plena campaña.

No obstante, el propio Arce especificó que no difundió ningún sondeo y solo respondió a una pregunta del periodista.

Por ello pidió al Tribunal Supremo Electoral que actuara imparcialmente ante las presiones evidentes del resto de los aspirantes.

El desenlace de esta historia podría conducir a otro golpe de Estado, esta vez con matiz electoral, ante la falta de parcialidad de las instituciones y autoridades comiciales.

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(Tomado de Orbe)