Naciones Unidas, 14 jul (Prensa Latina) La defensora de los derechos humanos en Colombia, Clemencia Carabalí, denunció hoy que desde la firma del acuerdo de paz en 2016 se asesinaron a más de 680 personas, entre ellos, excombatientes y líderes sociales.
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Según dijo en videoconferencia al Consejo de Seguridad de la ONU, cada día el país se despierta con la noticia del asesinato de una persona indígena o afrodescendiente, con una nueva amenaza a defensores de derechos humanos y líderes sociales, y con la violación de niñas y mujeres.

Esta situación de sistemáticos crímenes atroces se agudiza en medio de la pandemia de la Covid-19, subrayó.

Carabalí fue objetivo de un ataque perpetrado por grupos armados en mayo de 2019, en el que también se puso en riesgo la vida de otros 25 líderes sociales.

Ella recordó al Consejo que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, han sido asesinadas 686 personas entre firmantes del Acuerdo y defensores de los derechos humanos: tan solo en lo que va de este año, ya se reportan 120 asesinatos.

Por su parte, el jefe de la misión de ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó al Consejo de Seguridad el más reciente informe sobre la situación del proceso de paz en la nación suramericana.

Ese reporte demanda medidas urgentes contra el asesinato de defensores de derechos humanos y alerta de la expansión de grupos ilegales armados y del aumento del reclutamiento a menores.

Los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores continúan durante la pandemia de Covid-19, y algunos actores aprovechan para fines criminales los confinamientos y cierres para frenar la propagación del nuevo coronavirus, especialmente en las localidades del Cauca, el Meta, Putumayo, el Chocó, Nariño y Antioquia, indica el informe.

Además, añade, que el departamento del Cauca mantiene los niveles más altos de violencia contra líderes sociales, a pesar del aumento del despliegue de la fuerza pública,

Durante la cuarentena ya se informaron de cinco masacres y varios asesinatos, incluidos los de líderes sociales y sus familiares, entre ellos, niños, ancianos y mujeres embarazadas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, describió como preocupante la situación en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación de Ituango (Antioquia) y Miranda (Cauca).

Los excombatientes abandonaron esas zonas a causa del deterioro de las condiciones de seguridad y de las amenazas, dirigidas también contra las comunidades locales, señaló.

Asimismo, los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que viven fuera de los espacios territoriales continúan siendo particularmente vulnerables a las amenazas, los ataques, el desplazamiento y el reclutamiento forzados, así como a la estigmatización y las represalias, reporta ONU.

‘Pese al compromiso y las medidas implementadas por el Gobierno y autoridades del Estado, el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz sobrepasó los 200’, detalla el reporte del secretario general.

Desde el 26 de marzo, la misión de Naciones Unidas en Colombia verificó nueve asesinatos, para un total de 37 en 2020, incluidas dos mujeres.

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