Caracas, 21 may (Prensa Latina) El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó hoy sobre la detención de 66 individuos implicados en la fallida incursión terrorista del 3 de mayo último, dirigida a perpetrar un magnicidio y golpe de Estado.

En rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público, el titular precisó que las autoridades emitieron 99 órdenes de aprehensión y se realizaron además 11 audiencias de delación, como parte de las investigaciones en torno a la agresión paramilitar organizada en territorio colombiano con la participación de personal estadounidense.

De la información obtenida durante las pesquisas, se identificó que la Fundación Futuro Presente se encargaba del financiamiento de la logística, alimentación y arrendamiento de los campos de entrenamiento para los mercenarios, señaló Saab.

En tal sentido, el fiscal general señaló que se solicitaron órdenes de allanamiento y aprehensión en contra de los miembros de esta fundación, entre ellos Yon Goicochea, por su presunta vinculación en la denominada operación Gedeón.

Agregó que en las investigaciones quedó plenamente establecido el apoyo de organizaciones narcoparamilitares colombianas a la incursión mercenaria por costas venezolanas.
Producto de las confesiones hechas por algunos detenidos, se demostró además que los campamentos para el entrenamiento de los mercenarios fueron provistos por Elkin Javier López (alias Doble Rueda), vinculado al cartel Los Pachencas, el cual controla la extorsión y el narcotráfico en la costa del Caribe colombiano.

‘Ahora estos grupos criminales, se han aliado con lo peor de la política venezolana para atacar nuestro territorio y autoridades, para convertir a Venezuela en otro narcoestado como Colombia’, subrayó Saab.

Asimismo, el fiscal general informó sobre el envío de una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en la cual aportó información a la investigación que adelanta el Congreso de ese país en torno a la incursión en Venezuela, con la presunta participación de los gobiernos de Washington y Bogotá.

En la misiva se reiteró la probada participación en el acto de agresión de mercenarios estadounidenses asociados a la empresa Silvercorp, propiedad del contratista militar Jordan Goudreau, quien suscribió un contrato millonario con personeros de la extrema derecha venezolana para fijar los términos de la operación.

Al respecto, el funcionario cuestionó si el estamento jurídico de Estados Unidos permite contratar servicios privados de seguridad con el fin de desmembrar un Estado, violar la soberanía de otro país y perpetrar el asesinato de un presidente legítimo y de las autoridades constituidas de una nación.

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