AGENCIA PRENSA RURAL  19 MAYO 2020  

En la madrugada del día del 18 de mayo, tropas del Ejército Nacional, al parecer miembros del batallón Hermógenes Maza, dispararon indiscriminadamente contra campesinos que se hallaban en el refugio humanitario organizado por las comunidades del Catatumbo en las veredas de Tutumito y Vigilancia, en la zona rural del municipio de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

El trágico saldo de esta acción violenta contra el campesinado fue la muerte de Emérito Digno Buendía Martínez, campesino de 44 años, que deja huérfanos a seis hijos.

Emérito era miembro de la Junta de acción Comunal de la vereda el Tutumito, de la Asociación campesina del Catatumbo, ASCAMCAT y de la Coordinadora de cultivadores de coca, marihuana y amapola, COCCAM.

El alevoso crimen, una gravísima infracción al derecho internacional humanitario, dejó además tres campesinos heridos, Miguel Hernández León, Juan José Orozco y Jimmy Alberto González, quienes fueron trasladados al centro de salud del corregimiento de Aguaclara, desconociéndose su estado de salud.

Después de este doloroso incidente las comunidades realizaron la captura ciudadana del miembro de la unidad militar, subteniente Martínez, que estaría bajo el mando del Mayor Lozano, exigiendo la presencia del ministerio público y la Fiscalía para entregar al militar y establecer las responsabilidades en el asesinato del campesino cocalero.

Los campesinos se habían refugiado en esta zona del área rural de Cúcuta después del inicio de operaciones de erradicación violenta, que iniciaron en el Catatumbo el 11 de marzo y que desembocaron en el asesinato ejecutado por miembros del ejército del campesino Alejandro Carvajal, en hechos ocurridos el 26 de marzo en la vereda santa teresa del municipio de Sardinata.

Las operaciones de erradicación en el territorio se extendieron hacia la zona rural de Cúcuta, obligando a los campesinos a establecer este asentamiento humanitario desde el 24 de abril para exigir la implementación del punto 4 del acuerdo de paz sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito.

La Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, en la declaración de denuncia de los hechos fratricidas contra la comunidad campesina, publicada el día de hoy con el título “Ejército Nacional intenta masacrar a campesinos”, anuncia, además, que el campesinado se declaró en asamblea permanente, rechazando el crimen, la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y exigiendo la inmediata implementación del punto 4 del acuerdo final de paz.

Las comunidades campesinas rechazan las operaciones de erradicación, que están poniendo en grave riesgo a la población por potencial contagio de COVID-19, ya que la movilización de tropas no se hace bajo ningún tipo de protocolo de bioseguridad y con un elevado número de unidades, dejando en absoluta vulnerabilidad a las familias que viven en la región, y donde se atenta contra la seguridad alimentaria y la situación socio económica de los cultivadores al no garantizar alternativas reales para los campesinos, alternativas que están previstas en el programa de sustitución de cultivos que el gobierno no ha cumplido.

El Gobierno Nacional debe garantizar la vida de los colombianos y especialmente de los más vulnerables, el campesinado empobrecido necesita soluciones y políticas reales que le reivindiquen, no bala, muerte y humillación.

El mundo, los sectores democráticos, las personas que aprecian la vida y reconocen el papel del campesinado, el ministerio público que vela por los derechos consagrados constitucionalmente, deben expresar su repulsa a la infamia que está atropellando a miles de familias campesinas. Que se detengan los crímenes, se cumpla sin dilaciones el acuerdo de paz, para garantizar la vida y la permanencia en el territorio.

Adendum:
Himelda Ascanio denunciaba el 15 de mayo que el aislamiento es otra arma de guerra contra los líderes sociales en Colombia:

“Durante la cuarentena por el Covid-19 crece el exterminio sistemático de los líderes sociales, opositores y ex combatientes, focalizado en regiones donde las comunidades son consideradas como un obstáculo para la implementación de megaproyectos.

“Los Gobiernos de las últimas 3 décadas han hecho lo posible por ocultar la violencia estructural y sistemática que sufren las comunidades que se oponen a megaproyectos mineros, petroleros y de agronegocios. El Gobierno actual continúa dándole trato de Guerra a la protesta social.

“Según el documento “SOS por la paz, por la vida y las garantías de no repetición” realizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), desde que apareció el primer caso de Covid-19 han asesinado 21 líderes sociales, 13 de ellos durante el confinamiento [1].

“Entre 1 de febrero y el 1 de mayo el CAJAR recibió 175 denuncias por agresiones, de las que 64 fueron contra líderes sociales, 34 de ellas de homicidios que dejaron 37 líderes asesinados.

“Los líderes fueron víctimas de 3 atentados, 3 amenazas, 5 hostigamientos, 6 abusos de las Fuerzas Armadas y el desplazamiento forzado de 20 líderes de la organización Afrorenacer en El Tambo, Cauca.

“En este mismo periodo se registraron 13 ataques contra ex combatientes de FARC, 11 asesinatos y 2 hostigamientos contra sus proyectos.

“El CAJAR afirma que “mientras la pandemia de la Covid-19 ocupa nuestra vida, el aislamiento social es utilizado en los territorios como una nueva arma de Guerra. Los grupos armados legales e ilegales no están en cuarentena y controlan cada vez más la vida de las personas con la ausencia o complicidad de la actuación estatal” [2].

“Las comunidades del Cauca y Antioquia afirman que enfrentamientos armados durante marzo dejaron más de 2.190 víctimas, el desplazamiento forzado de 847 personas procedentes de 12 veredas de la zona de Cañón del Inglés en Ituango, 550 de Argelia en el Cauca, 400 indígenas de Bojayá en el Chocó, 300 de Urrao en Antioquia, 80 de ellos en las veredas de Nayita, Zabaleta y Agua Clarita por presencia paramilitar [3].

“El CAJAR también denunció 10 graves infracciones al DIH referentes a combates en zonas pobladas, confinamientos y amenazas a comunidades, que son señaladas de pertenecer o encubrir a organizaciones ilegales; además existen 4 denuncias de otras violaciones a los Derechos Humanos, como la desaparición de los líderes comunales, padre e hijo, en Puerto Guzmán Putumayo, el pasado 10 de febrero [4].

“Yilson Fernando Rojas de 20 años, fue herido de gravedad en el ojo izquierdo el 3 de mayo, por miembros de la Brigada XXVII del ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante una operación de erradicación forzada en San Diego de Puerto Caicedo, Putumayo; además 4 campesinos sufrieron heridas, entre ellos un menor de 17 años.

“Yolanda Echeverri Gómez, Secretaria Ejecutiva del Comité de Paro Cívico Buenaventura; desde el 24 de enero viene siendo objeto de amenazas y seguimientos, sin que hasta la fecha reciba la protección adecuada.

“Carlos Andrés Sánchez Villa de 37 años, vicepresidente comunal de Caño Raya en Tibú, Norte de Santander y promotor de la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito; fue asesinado el 6 de mayo en el kilómetro 17, en la vía que conduce de La Gabarra a Tibú, a 500 metros de un puesto de control militar de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército.

“Reinaldo Mantilla Blanco, docente de la etnia Barí; fue asesinado el 7 de mayo en la vereda El Seis del corregimiento Petrolea de Tibú, Norte de Santander.

“Eduardo Medina, comunero indígena y transportador de un bus tipo Chiva; fue asesinado el 7 de mayo en la vereda Alto Come Dulce del corregimiento Bella Vista en Suárez, Cauca.

“Wilder Daniel Marín Alarcón 22 años, ex combatiente de las FARC era estudiante del SENA en técnica de Auxiliar Contable. Fue asesinado e incinerado vivo en Bello, Antioquia el 7 de mayo.

Notas:
[1-2] Paz con justicia social y ambiental: La respuesta a la crisis humanitaria agravada por la pandemia. CAJAR, 07-05-2020.
[3] AGC controlan comunidades indígenas luego de combates con el ELN. Comisión Intereclecial de Justicia y Paz, 2-05-2020.
[4] En el aislamiento, la violencia ha cobrado 278 vidas en el país: colectivo José Alvear. El Colombiano, 7-05-2020.

Fuentes:
https://prensarural.org/spip/spip.php?article25437
https://rebelion.org/el-aislamiento-otra-arma-de-guerra-contra-lideres-sociales/