Las condiciones generadas por la claratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional (Decreto presidencial 417 dl 17 marzo de 2020) y la imposición de severas medidas a la población como el aislamiento obligatorio con el fin de prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus no han impedido la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos y la represión a diversas manifestaciones de la inconformidad ciudadana. Desde el 6 de marzo, fecha en que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el país al menos 10 excombatientes que firmaron la paz han sido asesinados en Sucre, Putumayo, Chocó, Tolima y Meta 1 . Durante el mismo periodo, 21 líderes sociales fueron asesinados, generalmente en sus casas, o sacados de ellas mientras se resguardaban por la cuarentena para aparecer luego asesinados en otros lugares por los habituales “desconocidos” o “sicarios indeterminados”, quienes sí han podido moverse libremente en medio de las restricciones de movilidad impuestas (2).

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