Por Alfonso Castillo*

El mundo entero ha sido sorprendido con la epidemia del COVID – 19 (Coronavirus) una enfermedad de fácil propagación que puede llevar a los afectados a la muerte en pocos días, hasta el día de hoy, la manera más eficaz de contener el avance del numero de personas contagiadas, es sin duda alguna el confinamiento social, es decir garantizar que las personas permanezcan en sus hogares y evitar el contagio de personas que han contraído el virus, ya sea como portadores directos o asintomáticos, es decir, personas que no presentan la sintomatología pero que portan el virus, esta medida es la que pretende evitar que el sistema hospitalario colapse, dada la poca cantidad de unidades de cuidados intensivos disponibles, situación esta derivada de la mercantilización que capitalismo ha hecho con el derecho a la salud; el aislamiento se hace para que el número de personas fallecidas no sea aún peor de lo que ya está siendo a nivel mundial.

Sin embargo es importante tener en cuenta el alto impacto social y especialmente económico de esta medida, considerando la frágil economía colombiana, con bajos índices de crecimiento económico, un aparato productivo dependiente de la explotación y exportación de materias primas, un régimen laboral tercerizado qué ha promovido el empleo precario y contratos basura de dos o tres meses, lo que constituye un mercado laboral informal que genera más del 50 del “empleo” del país, a lo que se suma una alta tasa de personas desempleadas, además, el país es gobernado y se legisla por una mínima élite que diseña políticas económicas que favorecen a los más ricos, igualmente hay que considerar que esta clase política ha estado históricamente comprometida con la corrupción y la criminalidad.

Todo este panorama sólo puede provocar inconformidad y malestar entre la ciudadanía que no encuentra alternativas ciertas para mitigar el hambre y cumplir con las obligaciones que no dan espera como la vivienda, la salud y el transporte.

A lo anterior es necesario sumar la serie de anuncios que desde el gobierno distrital y nacional y algunas empresas hicieron para ofrecer subsidios y miles de mercados para aliviar la situación de los sectores más vulnerables, que con el pasar de los días, los anuncios no se materializaban en ayudas ciertas y esto fue haciendo que las comunidades más empobrecidas se desesperarán y fuesen asaltadas por sentimientos de frustración, rabia y hambre, ante lo cual, la calle se convirtió en el elemento más inmediato para denunciar su terrible situación de abandono y hambre.

Bogotá tiene un importante y reciente antecedente, la ciudad ha sido escenario de múltiples jornadas de protesta a partir del paro del 21 de noviembre del 2019. dónde en muchas localidades la gente salió a la calle a protestar contra la corrupción y contra las medidas económicas del gobierno de Iván Duque, también en rechazo a la brutalidad policial y contra la impunidad y la violación a los derechos humanos, estas protestas se expresaron a través de cacerolazos, marchas, bloqueo de vías, plantones y diversas formas de protesta que también se extendió a las redes sociales, en jornadas que se prolongaron casi un mes. Posteriormente desde mediados de enero del 2020 estudiantes, transportadores y pobladores distintas localidades de la ciudad continuaron manifestando su inconformidad frente a las medidas económicas del gobierno nacional. Luego fueron los camioneros que salieron a la calle en rechazo a las medidas que restringen su movilidad, al ser considerados agentes de contaminación del medio ambiente, igualmente protestaron los recicladores a comienzos del mes de marzo.Por eso suena increíble, a no ser que sea un distractor, señalar que hay políticos que están convocando a la gente a la protesta, tratando de convertir la protesta legitima y derecho sustancial del ser humano, como un delito. Entre otras cosas es bueno recordar qué la tarea del político es colocarse al frente de las necesidades sus comunidades, para organizar y acompañar en sus luchas, que en el caso de las jornadas de protesta que se han presentado en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, se trata de la única manera que la gente ha encontrado para manifestar su inconformidad frente a lo que considera una burla, al ver que las ayudas anunciadas por los gobernantes no llegan.

En el marco de la cuarentena y las medidas de confinamiento y aislamiento social, decretado por el gobierno nacional, se han presentado jornadas ciudadanas reclamando mayor frecuencia en las rutas del transporte público, que desde un primer momento fue reducido, y mucha gente siguió desarrollando sus actividades de manera “normal”, entre otras cosas porque, una buena parte de la población depende económicamente el actividades del rebusque que se realiza en las calles, asimismo, se han manifestado en jornadas de protesta los vendedores ambulantes, que no encontraron adecuada atención a sus preocupaciones, ante la imposibilidad de salir rebuscarse el recurso para su supervivencia diaria.

De esta manera entonces es bueno recordar a los gobernantes que la protesta social es un derecho humano esencial y está consagrado en la Constitución Política Nacional y más aún, ella no puede estar limitada ni, en el escenario de cuarentena decretado justamente por el gobierno, ni por otras circunstancias, así lo ha reiterado recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) qué le recuerda a los gobernantes de América, que a pesar de la crisis generada por el COVID-19, no se pueden restringir derechos fundamentales a los ciudadanos.

La protesta tal y como se ha expresado en los últimos días en Bogotá, surge de la necesidad apremiante de las comunidades que sienten hambre, abandono y un gran sentimiento de frustración e incertidumbre, y esto es necesario comprenderlo, pero sobre todo, atenderlo adecuadamente, proporcionando ayudas, que no se queden en los anuncios mediáticos, ni que estén mediadas por las trabas burocráticas o la profunda improvisación, cómo se presentó en el caso de las ayudas de ingresos solidario que no llegaron pronto gracias a los enredos de las bases de datos, y quizá, no hay que descartarlo, por fenómenos de corrupción que están presentes en medio de esta crisis.

Igualmente, es bueno que los gobernantes se preparen para un aumento exponencial de las protestas por cuanto durante la cuarentena y posterior a ella, seguramente aumentarán las movilizaciones, porque de seguro aumentara la precariedad y las dificultades económicas de millones de ciudadanos que seguramente van a ser el blanco principal de lo que el gobierno impondrá como medidas de ajuste al gasto social, al tiempo que con gran descaro se hará más evidente, que buena parte de las medidas de alivio económico, terminarán fortaleciendo a los sectores más poderosos de la economía, como el sector financiero, grandes industriales y comerciantes, mientras que la pequeña y mediana economía seguirán asistiendo al empobrecimiento y a la quiebra.

Así que, no tiene ningún sentido ponerse a buscar responsables de las protestas y mucho menos iniciar una campaña de estigmatización de organizaciones políticas, que por naturaleza e históricamente han organizado y promovido la lucha de las ciudadanías por sus derechos. Al contrario es necesario seguir gestionando más apoyos sociales y humanitarios para que me le dé familias en Bogotá que dependen de la informalidad, cuenten con una renta básica fija durante un buen periodo durante y después de la cuarentena, sobre todo si se tiene en cuenta que en Bogotá son cerca de 150.000 familias que están por fuera del SISBEN y desligadas del sistema financiero y que de seguro no han recibido apoyos cómo ingresó solidario, ni ningún otro, son ellas las que con todo derecho están y seguirán saliendo a la calle a suplicar ayudas.

También es conveniente que se dé una mirada a lo que está ejecutando la propia administración en Bogotá en materia de ayudas, no sea, que por parte de funcionarios e instituciones se cometan arbitrariedades, como las que se han visto de abuso policial en varias manifestaciones en el sur de Bogotá, también es necesario estar atentos a que no se presenten hechos de corrupción a través del acceso de los beneficiarios a las ayudas humanitarias o a los mercados, en las redes sociales hay algunas denuncias de cómo algunas de esas ayudas se encuentran en mal estado o son insuficientes para atender las necesidades de un núcleo familiar de 4 o 5 personas.

No hay que dudarlo, ni buscar distractores, a través de los medios de comunicaciones, detrás de las protestas en Bogotá está el hambre.

*Alfonso Castillo, Defensor de Derechos Humanos|hojasuelta0@gmail.com

Bogotá, 22 de abril de 2020.