Abril 14 del año 2020

La crisis humanitaria, sanitaria, social y económica suscitada por la Pandemia Covid-19, afectará de manera inmediata el goce pleno de los derechos humanos de toda la población. Dependerá, de la voluntad política de nuestros dignatarios y de la presión que ejerzamos como sociedad civil, evitar y minimizar los riesgos en que se encuentran el derecho a la vida, salud, integridad personal y los mínimos vitales de toda población, principalmente de los grupos poblacionales vulnerables, dados los altos índices de inequidad, exclusión e injusticia social en el departamento y en el país.

Por esto, desde la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia advertimos de la vigencia de los derechos humanos y hacemos un llamado de urgencia a todas las autoridades municipales para que asuman de manera inmediata todas las recomendaciones consignadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 1/2020. Entre otras, la aplicación de los planes de emergencia humanitaria, presupuesto necesarios y suficiente para garantizar una renta básica, los mínimos vitales, las necesidades básicas de la población y medios de subsistencia de todas las personas y familias, principalmente de la población más vulnerable.

Nuestra preocupación radica en las cifras analizadas en el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE y en el Anuario Estadístico de Antioquia que miden el porcentaje de población en condición de pobreza, miseria y sus niveles de necesidades básicas insatisfechas NBI. En estas cifras encontramos una población de 582.414 habitantes en todo el oriente antioqueño, de las cuales 88.261 viven en condición de pobreza y 10.306 en condición de miseria.

Los índices de calidad de vida que miden la pobreza y la miseria en el oriente antioqueño se agudizan principalmente en los municipios de Sonsón, Rionegro, Marinilla, Abejorral, Nariño, Guarne, El Carmen de Víboral, El Peñol, La Ceja, San Rafael, Cocorná, San Vicente Ferrer, San Luis; sin dejar de incluir a toda la clase media fuertemente golpeada en esta crisis.

Invocamos, hoy más que nunca, la vigencia de la Democracia y el Estado Social de Derecho para que las decisiones departamentales y municipales, en este caso, de los 23 municipios del oriente de Antioquia, estén articuladas con fuertes medidas sociales estatales, a la vez, que deben contener una respuesta humanitaria clara y eficaz dirigida a garantizar de manera efectiva la igualdad, la vida, la salud e integridad personal, la seguridad social, la educación, la alimentación, el agua y la vivienda de todos los ciudadanos por encima de los intereses de los sectores más poderosos o de particulares.

Recordamos a todas las autoridades que la salud física, mental y social son derechos fundamentales y deben priorizarse por encima de los intereses económicos de las EPS. La atención en salud, oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, deben garantizarse en condiciones de igualdad y no discriminación.

Las autoridades locales y departamentales deben de manera pública informar sus planes de Atención Humanitaria para abordar el Covid-19. Comunicaciones en donde estén consignadas las estrategias de prevención, detención y el tratamiento con los enfoques a grupos en situación de especial vulnerabilidad, y la protección de los derechos humanos, con especial énfasis de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales DESCAS.

Además se debe asegurar el acceso a medicamentos, instrumentos para el tratamiento sanitario y la cantidad suficiente de material de bioseguridad, insumos, suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud y los planes de contingencia adecuados para nuestro territorio.

El Estado colombiano y sus autoridades locales deben vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, y adopten procesos de debida diligencia en esta materia. Las autoridades de todos los niveles deben rendir cuentas ante posibles abusos e impactos negativos sobre las garantías Constitucionales y los derechos humanos de toda la población.

Estas medidas y seguimientos serán vitales en el tratamiento efectivo y el goce de derechos de las y los ciudadanos de la subregión del oriente antioqueño, no asumirlas producirán efectos que podrían llevarnos a ahondar la crisis a niveles que impedirían minimizar las variables de los efectos causados por esta Pandemia mundial.

Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia