Por Manuel Robles Sosa

Lima, 5 oct (Prensa Latina) La satisfacción masiva por la disolución del cuestionado parlamento controlado por fuerzas neoliberales, es el principal factor de consolidación de la medida, pero deja pendientes importantes problemas en Perú.

La primera encuesta privada realizada tras la medida, indica que 89,5 por ciento de la población apoya el decreto constitucional dictado por el presidente Vizcarra como salida de una grave y prolongada crisis.

El sondeo de la empresa CPI, en el que apenas 9,3 por ciento discrepó de la disolución, verificó el aislamiento de la coalición que, encabezada por el partido fujimorista Fuerza Popular, controlaba el parlamento y cuestiona el receso, invocando dudosos formalismos legales.

Como destacó Vizcarra, la medida no ha registrado afectaciones y el país y todas sus instituciones siguen funcionando con normalidad, por lo que, afirma, hay que dejar de lado la confrontación y trabajar por el desarrollo y la solución de los problemas pendientes.

Pocos creen que con la disolución del parlamento se solucionen todos los problemas, en especial aquellos que los críticos del modelo económico neoliberal consideran producto del agotamiento político y social de esa política impuesta por el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000), preso por crímenes de lesa humanidad y padre de la dirigente Keiko.

Hay también una lista de demandas sociales, de mejora de los servicios de educación y salud, así como de obras de infraestructura que reactiven la economía afectada principalmente por la caída de la demanda internacional de minerales, de la que dependen la economía peruana.

Las fuerzas progresistas que integran el bloque democrático que respalda la disolución del Congreso de la República han advertido que mantienen diferencias de fondo, pues se oponen a la intangibilidad del modelo neoliberal que reclaman empresarios y la tecnocracia económica persistente.

El Movimiento Nuevo Perú (NP) y el Frente Amplio (FA) se oponen también a la política de productividad y competitividad aprobada por el fenecido parlamento y ratificada por el Ejecutivo, pero rechazada por el movimiento sindical que denuncia que favorece a los empresarios y afecta derechos laborales.

Analistas y juristas coinciden en que sobre los alegatos jurídicos y políticos en torno a la medida, se yergue firme la aprobación social que ha merecido, luego de más de tres años de avasallamiento de la mayoría legislativa neoliberal y de escándalos en esta.

Tal conducta hizo que FP y su líder, Keiko Fujimori -presa e investigada por lavado de activos desde hace casi más de un año- perdieran la mayoría de votos que les permitió hegemonizar el parlamento y obstaculizar o mediatizar las reformas políticas y judiciales aprobadas en un referendo en diciembre de 2018.

Pero lo que más causó indignación y repudio en la población fue la guerra de ataques librada por FP, usando su poder parlamentario, contra los prestigiosos fiscales anticorrupción que investigan a Keiko Fujimori y pidieron su prisión preventiva.

A ello se sumaron las decisiones a favor de integrantes de una red judicial corrupta vinculada a legisladores fujimoristas, el rechazo sumario a un proyecto gubernamental de adelanto de las elecciones de 2021 a 2020, como salida a la crisis; lo que muchos consideraron una derrota definitiva de Vizcarra.

Finalmente, el bloque neoliberal, fortalecido por haber sumado a legisladores de centro-derecha y desertores de otras bancadas, intentó precipitar un cambio de miembros del Tribunal Constitucional, con el evidente fin de controlarlo.

Ante ello, el Ejecutivo de plantear un nuevo procedimiento, transparente y público, de designación de los jueces del TC, y hacer de la iniciativa una cuestión de confianza, que, de ser negada en los hechos, disolvería el parlamento, como lo permite la constitución.

Lejos de ello, el pleno legislativo definió su suerte al elegir a un abogado empresarial como nuevo miembro del TC y el mandatario dio por negada la confianza, lo que a la postre habilitó a Vizcarra a disolver constitucionalmente el Congreso.

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