Por Humberto Vargas Carbonell *

San José, (Prensa Latina) Acabó la convivencia pacífica, se declaró la guerra a los trabajadores. Esa batalla es permanente, pero ahora se hizo evidente y también escandalosa en Costa Rica.

Una mayoría de diputados, encabezados por el Presidente de la República, decidieron quitarse la máscara ‘democrática’ para anunciar a los trabajadores que se les acabó el derecho a protestar y a buscar la justicia social apelando al ejercicio de una facultad fundamental, el derecho que le otorga el artículo 61 de la Constitución, es decir declarar una huelga.

Lo cierto es que con esa ley o sin ella los trabajadores protestarán siempre que se demande justicia.

Una ley de la vida social que, por su valor ético, es irrenunciable. El derecho permite o prohíbe y organiza, siempre sometido a determinados intereses hegemónicos; esto resulta cierto pero la ética política exige que la justicia y la fraternidad se impongan aún contra el derecho vigente.

Para los explotadores la acumulación de riqueza y de capital valdrá siempre más que su dignidad. Los trabajadores están ubicados en la antípoda moral. Así, el valor de la justicia y de la igualdad es superior a cualquier ley.

Los asalariados y los campesinos producen todos los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas, además, administran, sanan, enseñan, asean, distribuyen, experimentan e investigan. Esas manos y esos talentos son los ejes centrales de la vida humana, el cerebro y el corazón de la sociedad.

Al frente están sus enemigos, sedientos de riquezas materiales y de falsos honores. Son los que sin producir nada se apropian de lo que aportan los auténticos creadores, los que trabajan.

Unos van por un camino y los de enfrente por otro muy distinto. Unos marchan por la vía de la justicia social, por la vida plena, por la felicidad y por el amor. Otros, por el camino del odio, de la explotación y de la desenfrenada avaricia.

Llámenlos como lo llamen algunos estos choques de intereses han estado presentes en toda la historia humana. Su nombre científico es lucha de clases. En la estructura social capitalista unos acumulan riquezas y capitales explotando el trabajo de otros que por norma apenas pueden obtener una pequeña parte de los valores producidos con su esfuerzo.

Mienten los promotores de la ley estúpida cuando dicen que es para defender a los habitantes de los supuestos desmanes de los huelguistas. Basta con decir que los supuestos sufrimientos de la población. Los afectados por una huelga de cualquier rama de los trabajadores, nunca le han preocupado a la oligarquía. Esos lamentos son actos de hipocresía.

Si tuvieran alguna preocupación por la vida de los pobres no cometerían felonías tan graves como no pagar ni el salario mínimo, no eludirían ni evadirían el pago de los impuestos y tampoco retrasarían el pago de las cuotas a la seguridad social.

Además, tendrían preocupación por otros asuntos tan graves como la corrupción que ha sido la fuente principal de algunos de los mayores capitales del país, por la desesperada situación de los pescadores o por la gravísima y ruinosa crisis de muchos campesinos; ya habrían intentado meter en cintura a la llamada Palma Tica que practica un dumping en Panamá para arruinar a los productores costarricenses.

A los más pobres los oligarcas los consideran un detritus social, hacinados en tugurios, sin atención médica, diezmados por el hambre, utilizados por los grandes narcotraficantes. Tampoco han puesto jamás su mirada sobre los cientos de miles de trabajadores informales, a menudo perseguidos por la policía. El Estado está obligado a atender a esta población.

El artículo 61 de la Constitución Política otorga a los trabajadores el derecho a la huelga y a los patrones otro correlativo que es el derecho de paro de actividades. Al paro que puede tener efectos tan serios y hasta más graves que las huelgas, la Asamblea Legislativa no le presta ninguna atención.

Mientras escribo esta nota leo en el periódico que una empresa que tuvo favores del Estado para construir una marina en Golfito hizo abandono de sus actividades y despidió a los trabajadores. Sumó más desocupados a la crisis social que padecemos.

Siguen siendo propietarios, mantienen impagos los créditos bancarios, destruyen un atractivo turístico, pero a ellos no los investigan ni les ponen normas. Son, en última instancia, los dueños de la voluntad de la ultraderecha parlamentaria y del Presidente de la República.

Si tienen que elegir en cualquier conflicto social, siempre han optado y siguen haciéndolo a favor de los capitalistas y en contra de los trabajadores y de los intereses nacionales.

Esta es la lógica de una sociedad donde la clase hegemónica son los explotadores. Pero es irracional, precisamente porque es brutalmente injusta.

ES NECESARIO AVANZAR, JAMÁS RETROCEDER

Carlos Alvarado y la mayoría parlamentaria de la ultraderecha cambian el curso de la historia nacional, es necesario avanzar y jamás retroceder.

En la década de los años 40, la Segunda Guerra Mundial, hizo posible una alianza política que le dio un impulso muy importante a la construcción de una sociedad más justa. Se produjo una importantísima reforma constitucional con la promulgación de un capítulo de Derechos y Garantías Sociales y la refundación de la Universidad de Costa Rica. Y también la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la promulgación del Código de Trabajo, las primeras leyes de casas baratas, la Organización de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) y un sistema estatal de Control de Precios de los artículos de primera necesidad.

Se creó un Tribunal de Elecciones; en Asamblea Legislativa se tramitaba una ley para dar derechos políticos a las mujeres. Se creó así un ambiente ampliamente democrático. El pueblo pasó a jugar un papel histórico esencial, se rompió el inmovilismo popular.

En esa década, tan importante y brillante, no existió la posibilidad de emprender grandes obras de desarrollo económico. El mundo entero vivía en las condiciones muy específicas creadas por la Segunda Guerra Mundial.

Como resultado de la Guerra Civil de 1948 fue posible emprender cambios importantes para el desarrollo económico. Se nacionalizó la banca, se creó el Instituto Costarricense de Electricidad, se dio la posibilidad de crear un sector estatal de la economía nacional y al final de cuentas se respetó la existencia de las principales instituciones creadas en los años 40.

Es importante destacar que la Junta del gobierno presidido por José Figueres puso en vigencia el Decreto 105 que sumó a Costa Rica a la política de guerra fría manejada directamente por el imperialismo yanqui y además, como parte de esa misma política se ilegalizó al Partido Vanguardia Popular y se disolvieron los sindicatos clasistas.

Después de la guerra civil se entabló una lucha entre dos sectores oligárquicos. Por una parte la vieja oligarquía cafetalera y de otra la nueva oligarquía liberacionista que estaba apenas naciendo con el usufructo, a menudo corrupto, de la nacionalización bancaria.

Esta fue una lucha dura y compleja. Sin grandes sobresaltos lidiaron tanto en el terreno ideológico como en el electoral. Llegó un momento en que la lucha era puramente electoral, sin contenidos antagónicos. Se produjo el acercamiento ideológico y político. Como sabiamente lo definió la inteligencia popular, los viejos contendientes se convirtieron en un monstruo con dos cabezas.

Era una contienda electoral en que solo se disputaba el manejo de la hacienda pública. Y hasta ahora no hay diferencias sustanciales. Los dejó pasmados el neoliberalismo. No saben para dónde tomar, les basta con mostrarse derechista a ultranza y servir a la política imperialista de Trump y Pompeo, sea reverenciando al llamado Grupo de Lima o a cualquier otra causa infame. Pareciera que cuando les pasaron el rasero político, si no les cortaron la cabeza al menos les robaron la sensatez.

Los partidos de la oligarquía criolla comparten un programa único: el neoliberalismo y el servicio a la política agresiva y demencial del gobierno de turno en los Estados Unidos. Este es el programa compartido, el fundamento de la unidad de los parlamentarios, primera fila de la oligarquía apátrida, con evidente deriva protofascista.

Los viejos oligarcas rurales eran productores. Los nuevos son parásitos. Venden los valores y los recursos nacionales. Esa es la semilla de su riqueza y de su capital. El capitalismo nació enemigo de los trabajadores y esta enemistad permanente es parte de su esencia. Hace más 200 años en medio de la Revolución Francesa, cuando el capitalismo apenas comenzaba a soñar con su poder hegemónico, ya desplegó la lucha contra las organizaciones obreras y populares.

En las luchas de los obreros y de otros trabajadores se lograron importantes conquistas, se logró rasgar, al menos formalmente, las más graves manifestaciones del odio capitalista. La organización obrera consiguió romperlas parcialmente, aunque se pagó un terrible precio de muertos, torturados, encarcelados y el dolor de la miseria.

En este momento, Carlos Alvarado, la mayoría de los diputados ultraderechistas, la Contraloría General de la República y las cámaras oligárquicas se proponen sentar las bases de un régimen infame e infamante. El proceso está en marcha, se dirigen a terminar con la democracia burguesa y hacernos caer a todos los costarricenses en el foso del fascismo.

Es imprescindible organizar la defensa.

UNIDAD POPULAR PARA LUCHAR Y VENCER

Es necesario enfrentar la embestida de la oligarquía.

Los oligarcas no están solos, tienen en el imperialismo yanqui un firme aliado. Es su soporte principal. Y no solo soporte, es también su alimentación ideológica. El neoliberalismo es la política que los unifica a todos.

Lo que queda de los partidos políticos de derecha han constituido una unidad sin precedentes; cuando luchan el combate tiene como fin mostrar quién es más certero en las medidas antipopulares y quien más fiel a los mandatos de los poderosos carteles que mandan en Wall Street.

Los enemigos del pueblo son muy poderosos, cuentan con el poder político, con los medios de prensa que son sus armas ideológicas y además, tienen todo el poder económico. Para derribar esos muros el pueblo trabajador solo cuenta con su propia unidad y capacidad de resistencia.

Para unir al pueblo los sindicatos existentes deben alejarse del gremialismo, que es un recurso a favor de los enemigos porque en la práctica significa darle la espalda al interés nacional.

Cada vez es más evidente, conforme se institucionaliza la política contra los trabajadores y contra todo el pueblo, que resulta imprescindible trabajar por la unificación de todo el pueblo en base a un programa democrático y elaborado con el concurso de todos.

Es imprescindible una renuncia total a las tendencias hegemonistas y a la prepotencia. La unidad no se hace con un acuerdo entre individuos, se debe forjar con fundamento en consignas y aspiraciones comunes.

Los sindicatos existentes deben poner recursos económicos y humanos para hacer que todos entiendan sus luchas. Es necesario difundir los valores democráticos y de justicia social que inspiran las luchas sindicales.

Los medios oligárquicos mienten sobre los sindicatos, se debe contestar con las verdades de la explotación de los trabajadores, decir la verdad sobre los negocios sucios y denunciar abiertamente y sin temor la corrupción de las altas esferas políticas y de los negociantes privilegiados en los tratos con el Estado.

Mientras no se tomen esas medidas para una justa valoración de los esfuerzos sindicales, desmintiendo a los medios oligárquicos, no se podrá ganar la conciencia de la clase obrera, de los campesinos pobres y de todo el pueblo trabajador.

Contra las mentiras y el odio, la verdad y el amor a la justicia social. Frente a la unidad de la derecha, la respuesta debe ser la unidad de todo el pueblo.

arb/ale/hvc / https://www.prensa-latina.cu