Por Elizabeth Borrego Rodriguez

Caracas, 6 jul (Prensa Latina) Autoridades, organizaciones sociales y no gubernamentales de Venezuela defienden hoy el sistema de protección de derechos humanos en el país, tras la reciente publicación del informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Las autoridades consideraron una visión selectiva y abiertamente parcializada la relatoría presentada esta semana por la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos, encabezada por la expresidena chilena, sobre la situación en la nación, en contradicción con los principios de la Declaración y Programa de Acción de Viena.

El representante venezolano en la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos, el vicecanciller William Castillo, subrayó que el documento carece de imparcialidad al desconocer los datos presentados a la propia Bachelet sobre los avances de las políticas sociales y de protección al pueblo que impulsa el Gobierno.

‘Ignora casi en su totalidad la información brindada por el Estado, solo toma en cuenta la obtenida por voceros de la oposición y fuentes de prensa. Basta mencionar que de 558 entrevistas, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, lo cual representa el 82 por ciento de las opiniones vertidas’, aseguró desde Viena.

Por su parte, la Red Venezolana de DD.HH. enfatizó en que el documento desestima el impacto del bloqueo económico y financiero para la sociedad venezolana, tema harto denunciado en las tribunas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por representantes civiles y políticos del país.

La publicación del texto ocurrió pocas semanas después de que la alta funcionaria realizara una visita a esta capital, en respuesta a una invitación del presidente Nicolás Maduro.

El jueves último, un día antes del anunciado para su presentación oficial, la ONU divulgó el documento con las conclusiones de la Oficina sobre la situación de esas garantías en la nación sudamericana, el cual recibió 70 observaciones por parte del Ejecutivo.

Entre otros aspectos, la respuesta calificó de preocupante el alto por ciento de las entrevistas con personas fuera del territorio venezolano utilizadas, pese a que la entidad realizara dos visitas al país este año.

Las autoridades señalaron además más de 50 errores de hecho al análisis de la alta comisionada, que entre sus recomendaciones, llamó a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar lo que denominó graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales.

‘No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en la materia’, enfatizó la respuesta del Gobierno venezolano.

El texto omitió mencionar que Venezuela destina tres cuartas partes de su presupuesto a la inversión en el área social, como se mostró a la misión técnica que visitó la nación en marzo último y a la propia enviada.

De igual forma, reconoció la necesidad de adoptar medidas para superar la crisis económica, pero se abstuvo de reclamar el levantamiento de las sanciones impuestas contra el país.

‘Venezuela está segura de que usted (Bachelet) sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio (…) Exigimos la corrección de su contenido, e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina’, indicó al respecto Castillo.

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