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Como El Porvenir se conoce el nuevo punto de concentración del Paro en el departamento de Norte de Santander; el cual, ha sido fortalecido con la llegada de más procesos y comunidades de todos los rincones de la región.

El mandatario departamental y el gobierno nacional no han atendido el llamado de los manifestantes a la conformación de una mesa de concertación. No obstante, tras la mediación de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas de la zona; el Gobernador de nuevo ha anunciado la voluntad política de reunirse mañana con los sectores en protesta, proponiendo como sitio para ello la ciudad de Cúcuta; luego, a través del coronel Palomino de la policía metropolitana de Cúcuta, planteó que estaría dispuesto a trasladarse hasta el casco urbano de El Zulia. Las comunidades requieren que el encuentro se desarrolle en El Porvenir, pues todo diálogo debe darse de cara a los procesos que han confluido en el Paro.

Mientras tanto, se incrementa la militarización y actos de hostigamiento y represión contra el ejercicio de la Protesta: Dos patrullas y varios motorizados de la policía, se encuentran apostadas al frente del punto de concentración El Porvenir, en un inmueble de propiedad de una empresa minera. Desde ahí lanzaron dos drones sobre el sitio de la Protesta.

El discurso policial según el cual sólo están “acompañando” la manifestación, contrasta con sus conducta de agresión, intimidación, provocación y falsas acusaciones contra el movimiento social en Paro: Han pretendido impedir que la comunidad se organice en el nuevo punto El Porvenir; les han sindicado de causar daños y afectar los derechos de terceros; mantienen una vigilancia permanente con fines de identificar y judicializar a los/as presentes, lo cual se suma al porte de sofisticado armamento de guerra, el uso permanente de drones y el sobrevuelo de helicópteros por el sitio.

Con suma preocupación se analizan las afirmaciones del Capitán Gelvez de la Policía, en relación con que tienen fotografías de todos los manifestantes, refiriéndose en particular al defensor de derechos humanos LEONARDO JAIMES MARÍN, del Equipo jurídico Pueblos. Según el oficial, esta información se ha recabado con fines de judicialización por los delitos de terrorismo y daño en bien ajeno; e indicó además, que saben cuál es el lugar de procedencia del abogado y cada una de las personas participantes del Paro.

De otro lado, continúa el proceso de judicialización contra el campesino Abdías Vargas, por el presunto punible de enriquecimiento ilícito. Este proceso tiene inicio en medio de versiones diversas, contradictorias, ambiguas y de dudosa credibilidad emitidas por la Policía. El labriego ha sido forzado a dar información sobre el Paro y su dirigencia, para lo cual le han exhibido las fotografías tomadas por el personal de civil que ha hecho presencia en la movilización.