LIBARDO MUÑOZ  13 FEBRERO 2019

No se necesita atravesar las fronteras, para encontrar una grave crisis humanitaria, y es la que atraviesa el pueblo guajiro, al norte de Colombia, donde 4.770 niños de la etnia wayuu han muerto por desnutrición en un lapso de 8 años, bajo gobiernos corruptos, compuestos por políticos que saben burlar la justicia.

Con cierta frecuencia, la ciudadanía guajira, líderes populares; algunos incluso amenazados de muerte, marchan en la capital de su departamento, Riohacha, desde sus rancherías distantes cientos de kilómetros para exigir una solución más estable para su comunidad, pero el Estado colombiano no responde.

Se han presentado tutelas y fallos judiciales por la presión comunitaria de activistas wayuu como Gustavo Valbuena y Rafael Rodríguez Beltrán quienes desde la Alta Guajira, denuncian que hay una clase política responsable de la crisis humanitaria nacida y criada en su propia tierra. Rodríguez incluso es uno de los firmantes de la tutela contra el Estado colombiano por el Derecho a la Vida de los niños wayuu, quizás el más vulnerado de los Derechos Humanos en esta región de Colombia.

En recientes pronunciamientos, el Obispo de Riohacha Monseñor Saleh dijo que la primera calamidad de La Guajira es su clase política corrupta, y que además existe todo un archipiélago de ONGS y consorcios que son fachadas y testaferros creados para apoderarse de los contratos de alimentación escolar del Instituto de Bienestar Escolar.
Los fondos públicos, dinero del Estado, pasan con facilidad a las cuentas de personajes de la politiquería guajira que sencillamente no trabaja.

La corrupción guajira tiene nombres propios pero estos saben esperar con la asesoría de sus abogados el vencimiento de términos para salir libres, que es un camino fácil hacia la impunidad.

Mientras, en las rancherías, guajira arriba, el agua para consumo humano escasea y la que se consigue es una verdadera inmundicia, la alimentación es deplorable, carente de proteínas,  las medicinas no llegan a tiempo y las vías terrestres entre un pueblo y otro prácticamente no existen.

Hay una asignación para el departamento de La Guajira por la extracción del carbón, en miles de millones de dólares, pero nadie da razón de cuanto es, ni mucho menos en que se invierten. Para lo que se necesita, no hay en La Guajira una coordinación interinstitucional.

Lo que si se sabe es que la muerte de niños wayuu es una crisis humanitaria que no conmueve a un Estado ocupado en crear en la frontera una provocación contra Venezuela, por orden de Trump.