Curiosa cuenta que rinde ídem de lo que, si no lo atajan, va a hacer en el futuro…

Gustavo Burgos*

La primera Cuenta Pública de José Antonio Kast marcó un punto de inflexión en la evolución política de su gobierno. Lo que se presentó ante el Congreso no fue simplemente un conjunto de anuncios administrativos ni una enumeración de políticas sectoriales. Fue la exposición sistemática de un proyecto de reorganización del régimen político chileno cuyo objetivo estratégico es la modelación transversal de un nuevo orden autoritario, asentado en el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado, el disciplinamiento de la población trabajadora y la restricción progresiva de los espacios de organización, protesta y resistencia social.

En efecto, la principal novedad del discurso no fue su radicalidad, sino exactamente lo contrario. Kast compareció ante el país como un hombre de Estado, no como el dirigente de una derecha insurgente. La insistencia en las llamadas “políticas de Estado”, las referencias elogiosas a procesos desarrollados durante los últimos doce años y su apelación permanente a la unidad nacional constituyeron una verdadera declaración de continuidad con los gobiernos que lo precedieron. En más de una oportunidad el mandatario situó su gestión como parte de un proceso histórico común que incluye a Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric. El mensaje fue inequívoco: el nuevo gobierno no pretende romper con la arquitectura política nacida del Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019, sino profundizarla.

La propia evolución del discurso oficial en materia de seguridad demuestra hasta qué punto existe una continuidad estructural entre administraciones aparentemente enfrentadas. Resultó particularmente revelador que, solo unos días antes, el nuevo Ministro de Seguridad Martín Arrau reivindicara explícitamente el denominado “Plan de Seguridad” impulsado por el gobierno de Boric, asumiéndolo como base de la política actual. La declaración posee una enorme importancia política porque transparenta algo que el discurso institucional intenta ocultar: las herramientas represivas, los mecanismos de control territorial, el fortalecimiento policial y buena parte del andamiaje securitario que hoy aparece asociado al gobierno de Kast fueron preparados, legitimados y desarrollados bajo la administración anterior.

Esta constatación desmonta la ficción de una ruptura radical entre el actual gobierno y el progresismo oficial. Lo que existe es una continuidad de Estado frente a la crisis abierta por el levantamiento popular de octubre de 2019. La función histórica del gobierno de Boric consistió en estabilizar el régimen luego de la irrupción de las masas. La función histórica de Kast consiste ahora en profundizar esa estabilización mediante formas más abiertas de disciplinamiento social y fortalecimiento coercitivo.

Desde una perspectiva de clase, precisamente allí radica el significado profundo del discurso. La seguridad no aparece como una respuesta a la delincuencia sino como una política de control de clase. La modernización del Estado no apunta a ampliar derechos sino a perfeccionar los mecanismos de vigilancia y administración de la población. El crecimiento económico no se presenta como una mejora de las condiciones de vida de la mayoría, sino como una estrategia destinada a restaurar las condiciones de acumulación del capital mediante la reducción de costos sociales, la flexibilización institucional y el fortalecimiento de la autoridad estatal.

En ese marco debe entenderse una de las iniciativas más reveladoras y escandalosas anunciadas por el gobierno: la creación del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. La propuesta, que parece tomada del siglo XIX, busca privar de beneficios sociales a quienes sean incorporados a dicho registro por conductas que van desde delitos contra la propiedad hasta una serie de comportamientos definidos como “incivilidades”. El significado político de esta medida excede largamente su dimensión administrativa. Se trata de la institucionalización de un principio profundamente reaccionario: la subordinación de los derechos sociales a la obediencia política. El acceso a prestaciones estatales deja de ser concebido como un derecho y pasa a transformarse en una recompensa condicionada al comportamiento social definido por el poder.

La figura del “vándalo” emerge así como una categoría política destinada a identificar y sancionar sectores potencialmente conflictivos de la población. No es casual que esta iniciativa aparezca pocos años después del levantamiento popular de octubre de 2019. El registro constituye una respuesta preventiva frente a futuras explosiones sociales. Bajo la retórica de la convivencia y el orden, se construye un instrumento de vigilancia y castigo dirigido contra aquellos sectores que puedan protagonizar procesos de protesta masiva. El paradigma no es el combate al crimen organizado. Es el control de la movilización social mediante una figura represiva hecha a la medida de la represión contra el movimiento estudiantil secundario.

Porque mientras amplios sectores de la oposición parlamentaria convergen con el gobierno en torno al paradigma securitario, los liceos han vuelto a transformarse en uno de los principales focos de resistencia callejera y confrontación política con el régimen. La criminalización sistemática de los secundarios por parte de autoridades, medios de comunicación y sectores parlamentarios revela precisamente el temor de la clase dominante frente a una generación que reaparece como actor político independiente.

La propuesta del Registro Nacional de Vándalos no es por lo mismo una anécdota. Históricamente, el movimiento secundario chileno ha desempeñado un papel detonante en los grandes procesos de radicalización social. Ocurrió en 2006 con la Revolución Pingüina, volvió a manifestarse en 2011 y tuvo nuevamente una expresión decisiva en las jornadas previas al estallido de 2019. Hoy, en condiciones de creciente endurecimiento estatal, la ofensiva represiva contra los secundarios busca impedir precisamente que vuelvan a convertirse en un punto de articulación entre descontento juvenil y protesta popular.

Con todo, lo más significativo de la jornada no fueron las declaraciones del oficialismo, sino las reacciones provenientes de la oposición parlamentaria. Lejos de cuestionar el carácter represivo y abiertamente inconstitucional del programa gubernamental, la mayoría de sus dirigentes centró sus observaciones en la falta de cifras, la insuficiencia de recursos o la viabilidad técnica de las propuestas. Diversos voceros opositores coincidieron en valorar positivamente algunos anuncios en materia de seguridad mientras reclamaban una ejecución más eficiente o una mejor fundamentación presupuestaria.

Particularmente ilustrativas fueron las reacciones provenientes la senadora comunista Claudia Pascual, quien destacó aspectos positivos del mensaje presidencial y formuló observaciones centradas principalmente en la implementación y el alcance de las medidas, sin cuestionar de manera frontal la orientación general del discurso. Como ocurrió durante los gobiernos de la ex Concertación y posteriormente bajo Boric, la discusión quedó reducida a la administración del mismo paradigma securitario. La discrepancia aparece respecto de los instrumentos; el objetivo permanece intacto.

Este fenómeno revela una transformación profunda de la política chilena. La oposición parlamentaria ya no se presenta formalmente como una alternativa estratégica al proyecto de Kast. Actúa, más bien, como una fuerza destinada a corregir, moderar o perfeccionar aspectos secundarios de una orientación compartida. La seguridad, el control territorial, el fortalecimiento policial y la criminalización de la protesta se han convertido en consensos básicos del régimen.

La aludida apelación de Kast a los gobiernos de los últimos doce años debe ser entendida en esa clave. No se trata de una concesión retórica. Es el reconocimiento explícito de una continuidad histórica. El programa que hoy impulsa la derecha no surgió de la nada. Se alimenta de leyes, instituciones, doctrinas y prácticas desarrolladas progresivamente por administraciones anteriores, incluyendo aquellas que se reivindicaban de centroizquierda.

Por eso la Cuenta Pública puede ser leída como el certificado de defunción anticipado del Kast ultraderechista que dominó la campaña electoral. Lo que emerge es un Kast transversal, institucional y republicano, empeñado en transformarse en el administrador de un nuevo consenso autoritario. Esa evolución anticipa probablemente el progresivo acercamiento de sectores de la derecha tradicional y de franjas significativas de la oposición parlamentaria mediante acuerdos legislativos y pactos de gobernabilidad.

El antecedente histórico más cercano fue el desembarco del bloque PS-PPD en el gobierno de Gabriel Boric durante septiembre de 2022. En aquel momento, la incorporación de las viejas fuerzas de la transición tuvo como función estabilizar un gobierno debilitado por la crisis política. Hoy podría observarse un movimiento similar en sentido inverso: sectores que hasta ayer distantes y aún opositores convergen con Kast en nombre de la seguridad, la gobernabilidad y las políticas de Estado.

Frente a esta perspectiva, la cuestión decisiva no se encuentra en los pasillos del Congreso sino en la lucha social. Mientras las fuerzas políticas del régimen avanzan hacia nuevos consensos represivos, continúan desarrollándose procesos de resistencia en poblaciones, sindicatos, comunidades territoriales, organizaciones estudiantiles y movimientos populares. Son esas expresiones de lucha las que contienen la posibilidad real de enfrentar el proyecto de disciplinamiento social que el gobierno ha puesto sobre la mesa.

La tarea estratégica consiste en transformar esas resistencias dispersas en una fuerza política consciente. Porque la respuesta al avance autoritario no puede provenir de quienes discuten cómo administrar mejor el mismo programa. La defensa de las conquistas sociales, de las libertades democráticas y del derecho a la organización exige la construcción de una nueva dirección revolucionaria capaz de intervenir en las luchas venideras y de ofrecer una perspectiva independiente de todo el régimen político heredado del Acuerdo por la Paz. La Cuenta Pública de Kast ha dejado claro que la clase dominante avanza hacia nuevos acuerdos de estabilidad. La tarea de los trabajadores, de la juventud y del pueblo consiste en preparar las fuerzas necesarias para enfrentarlos.

publicado en El Porteño

POLITIKA

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*Gustavo Burgos Velásquez es un abogado, analista político marxista y director del periódico de izquierda chileno El Porteño. A nivel público y editorial, destaca por los siguientes aspectos clave: Se define firmemente dentro de la izquierda revolucionaria chilena y el movimiento obrero. Dirige el medio El Porteño en Valparaíso, Chile. Colabora activamente con columnas de opinión en publicaciones como Política Obrera. @gustavoburgos661

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