Por Osvaldo Cardosa *

Brasilia (PL) Con serenidad y la fuerza más enérgica de todas que es su inocencia, Luiz Inácio Lula da Silva cumple condena en 2018 como el primer expresidente en la historia de Brasil en ser arrestado por un supuesto delito común.

En abril, el cuestionado juez Sérgio Moro, quien en enero será ministro de Justicia del nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel por posible corrupción pasiva y lavado de dinero.

Según los investigadores, el exmandatario fue culpable de admitir sobornos por 1,1 millones de dólares de la constructora OAS, una de las empresas involucradas en el megacaso de Petrobras.

Para el magistrado, Lula, como responsable de designar a los directivos superiores de Petrobras, tenía un notable papel en el esquema delictivo de la llamada operación Lava Jato (autolavados).

Esa red de corrupción propiciaba que grandes empresas nacionales convinieran para compartir los multimillonarios contratos de Petrobras, al sobornar a políticos y empleados de la compañía estatal.

Teniendo en cuenta el dictamen de Moro, Lula cometió una complicada violación ‘que implicó la práctica de diversos actos en momentos diferentes’.

Con el aparente pago, indicaron los pesquisidores, el exdirigente obrero modificó y amuebló un apartamento de tres pisos de lujo (triplex) en el área litoral de Guarujá, estado de Sao Paulo.

Bajo ese escenario la orden de prisión, expedida por Moro, fue cumplida 26 horas después del plazo indicado por el magistrado.

Entonces Lula anunció que se entregaría a la Policía Federal durante un acto en el entorno del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, en Sao Bernardo do Campo. Pero antes de dar ese paso, insistió en que era inocente de todas las acusaciones y estimulado a exiliarse en otro país o en alguna embajada.

Remarcó su crítica a los jueces del Supremo Tribunal Federal y en otro momento afirmó que el país no puede permanecer subordinado a la dictadura de un pequeño grupo del Poder Judicial.

Alertó que pretendían excluirlo de la contienda presidencial de octubre, como mismo ocurrió.

Consideró asimismo que sería incorrecto ‘paralizar el país por cuenta de una investigación’, la de Moro y como parte de la cual fueron dados a conocer fragmentos de las delaciones premiadas del exempresario Marcelo Odebrecht, en las cuales citó al exjefe de Estado.

Respecto a estas acusaciones, comentó que son inverosímiles y cuestionó las condiciones en que estas fueron obtenidas.

Los abogados de la defensa del expresidente también subrayaron que en las imputaciones contra su defendido se perciben muchas suposiciones, pero ninguna prueba concreta de su presunta participación en los hechos que se le atribuyen.

Calificaron además de sensacionalistas las delaciones de exejecutivos de la empresa Odebrecht, las cuales apenas refuerzan el objetivo falsificado de manchar la imagen de Lula y comprometer su reputación. Desde el desde 4 de marzo de 2016, Lula es víctima directa de inculpaciones para destruir su trayectoria, construida en más de 40 años de vida pública, denunciaron.

Como era de esperar, de la noche a la mañana Lula se convirtió en blanco del bombardeo mediático y emergieron denuncias superficiales que, a pesar de la virulencia de los acusadores, no apuntan a ninguna conducta ilegal o amparada en pruebas.

En medio de ese panorama, el 1 de septiembre el Tribunal Superior Electoral invalidó la candidatura al poder de Lula, que lideraba las encuestas para las elecciones del 7 de octubre.

Cinco días más tarde, el político de extrema derecha Jair Bolsonaro, que lideraba las encuestas de la primera vuelta en ausencia del fundador del Partido de los Trabajadores (PT), fue herido de una puñalada en un mitin en Minas Gerais.

Y el 11 de septiembre el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad reemplazó a Lula como candidato petista.

Después de una primera vuelta de las presidenciales, (Bolsonaro con 46 por ciento y Haddad con 29) ambos disputaron la segunda vuelta el 28 de octubre. Finalmente ante las urnas ganó el excapitán del Ejército con más del 55 por ciento de los votos.

A inicios de noviembre, Moro descartó haber migrado a la política, sin embargo aseguró ser un político que no miente, pese a que aceptó el cargo de ministro.

Lula, de 73 años, lo definió entonces como un cuadro político, pero la rapidez con que se concretó, sin embargo, fue una sorpresa.

Reveló su estupefacción no con la celeridad de la justicia, sino con la metamorfosis de un juez en político.

Moro traicionó sus declaraciones de hace dos años, cuando dijo estar bien lejos de la política y dio ahora el sí a la invitación de Bolsonaro.

Tras el exjuez quitarse la careta, los abogados defensores consideraron que ‘Lula es víctima de una verdadera cacería judicial por parte de un agente togado (Moro) que utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular, una por una, sus libertades y derechos’.

Se espera que a inicios de 2019 la Corte Suprema coloque en agenda nuevamente el análisis de un recurso de habeas corpus (suspendido a fines de noviembre) presentado por su defensa para poner en libertad al expresidente.

Recientemente el exlíder obrero afirmó en una carta que ‘no quiere favores, simplemente justicia’, y que ‘no cambia su dignidad por su libertad’. Acentúo que ‘tiene la conciencia más tranquila que aquellos que le condenaron’.

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