Horacio Duque.
El tema de la democracia participativa y sus mecanismos legales así como las formas de poder popular, constituyen referencias centrales en el debate ciudadano y las preocupaciones asociadas con la transformación de Bogota en función de la solución de los problemas que más duramente golpean los sectores sociales muy débiles que son los mayoritarios en la Capital. El cambio en el modelo de acumulación capitalista urbano imperante y en su infraestructura política e ideológica de dominación implica la construcción de formas políticas que emanen del poder popular.
Este proceso bien puede ser observado en la vida de una de las localidades más importantes de la ciudad. Me refiero a Engativa.
El nacimiento de esta data del periodo colonial español. Engativa remite a un lejano pueblo Muisca, al occidente de Bacatá, cercano al río Funza, hoy Bogota. De igual forma se vincula a los indígenas Muiscas de donde se deriva “Engua-tiva” como a la tierra, su fertilidad, hermosura y al lugar donde vivían es decir la Gran Sabana de Bogotá. La expresión “Engue” hacía referencia a lo ameno y el vocablo “tiva”, significaba Señor. Se señala que el nombre inicial era “Ingativa”, que quería decir “Señor de lo ameno, de lo sabroso”. Otras versiones sostienen que la expresión significa “Puerta del Sol”, connotación que permanece hasta hoy y con la cual suele identificarse a menudo la Localidad.
La fundación del poblado de Engativa se dio en 1537. Su primer encomendero fue Diego Romero de Aguilar, a quien fueron entregados los indígenas Muiscas cuando fueron derrotados y sometidos por los señores feudales. En 1556 el cura dominico Juan López fue nombrado como su primer doctrinero. Después en 1.571, siendo aún una tierra completamente rural se asignó como dehesa de Santa Fe, para el abastecimiento citadino de ceba y ganadería. Esta época se caracterizó por un gobierno español sobre el poblado de indios que eran de su propiedad.
La parroquia del pueblo fue levantada en nombre del Papa Clemente XII en 1638 y a partir de 1737 se convirtió en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores. La iglesia decayó debido al abandono y los terremotos, pero fue reconstruida en 1960 por una comunidad religiosa.
Con la independencia, los resguardos indígenas fueron abolidos, se eliminó la propiedad comunitaria de la tierra y se repartió en forma individual.
El resguardo de Engativa fue distribuido junto con los de Bosa, Soacha, Fontibón, Cota y Zipacón, entre 1856 y 1858. Se eliminó la propiedad comunitaria de la tierra en el resguardo indígena de Engativa y se repartió en forma individual. Los indígenas pasaron a ser peones de jornal y muchos fueron lanzados a la miseria y mendicidad.
El 17 de diciembre de 1954, mediante el Decreto Legislativo No. 3640 además de Engativa se anexaron al naciente Distrito Especial de Bogotá los municipios de Bosa, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén. Ello trajo la subordinación del desarrollo de las comunidades locales a los requerimientos de la Capital, articulando su territorio al conjunto del distrito, ante el ya galopante proceso de crecimiento urbano bogotano a mediados del siglo XX.
Con el Acuerdo 26 de 1972, del Concejo de la Ciudad, se presenta la división territorial de Bogotá en 16 circuitos denominados Alcaldías Menores de la cual Engativa hace parte con nomenclatura y límites definidos. Posteriormente con el Acuerdo 8 de 1977, por el cual se modifica el Acuerdo 26 de 1972, se reorganizan las Alcaldías Menores, se definen dos adicionales, se reglamenta su funcionamiento y se faculta al Alcalde Mayor para delegar unas funciones. Posteriormente, la Constitución de 1991 le da a Bogotá el Carácter de Distrito Capital; en 1992 la Ley 1ª reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales. Luego, mediante los Acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital definió el número, la jurisdicción y las competencias de las Juntas Administradoras de cada Localidad. Finalmente, el proceso se consolidó con la expedición del Estatuto del Distrito Capital, Decreto 1421 de 1993, el cual asigna funciones específicas tanto a las autoridades distritales como locales.
Las dinámicas demográficas incrementadas de manera ininterrumpida desde los años setenta han superado todas las proyecciones de crecimiento, y actualmente Engativa – a diferencia de otras localidades -, ya no cuenta con veredas. Por esta razón, si se quiere profundizar en la historia reciente de Engativa es indispensable remitirse a los procesos particulares vividos en cada uno de los más de 300 barrios y urbanizaciones con que cuenta la Localidad, pues en menos de 100 años Engativa pasó de ser un poblado con características eminentemente rurales, a ser una localidad caracterizada por los “conglomerados humanos”, centenares de personas viviendo en cientos de apartamentos y pequeñas casas.
La expansión de la localidad y su consolidación urbana se inicia después de 1960 año en el cual, en los terrenos ocupados por la localidad actualmente, se encontraban tan solo 13 barrios: Ferias, Estrada, Estrada sur, Ciudad de Honda, Bosque Popular, Palo blanco, Laurel, Normandía, Boyacá, Santa María, La Granja; San Rafael y Engativá pueblo.
Precisamente uno de los barrios, más antiguos de la localidad es Las Ferias, sus primeros habitantes datan de 1937 a 1941, quienes llegaron al territorio gracias a la oferta de lotes de 175 a 300 pesos; la lotificación fue un proceso lento que llamó la atención de familias obreras, quienes por las facilidades del pago a plazos y la posibilidad de cubrir la cuota inicial, llegaron al barrio e hicieron el negocio con la urbanizadora, quien le colocó el nombre al barrio, ya que se pensó que dentro de sus terrenos podría establecerse una plaza de ferias. Cubierta la operación del pago de cuota inicial, los primeros habitantes fueron consiguiendo materiales precarios (madera o latas) para formar viviendas, algunas forradas con papel periódico por dentro; con el paso del tiempo las fueron sustituyendo por otras construidas de ladrillo, cemento y arena en un proceso lento.
La mayoría de esos primeros habitantes provenían de poblaciones de Boyacá como Firabitoba, Chiquinquirá, Ramiriquí, Turmequé, Sora, Tibaná, Tibasosa, Sotaquirá, Ventaquemada, Chivatá, Tuta y Sáchica. Como segundo lugar de origen están municipios de Cundinamarca y en menor proporción de departamentos como Tolima, Santander y Huila. De acuerdo a lo anterior, la procedencia de esos habitantes está en el contexto de migraciones campo ciudad como producto de la violencia y las condiciones difíciles del campo. Los habitantes del barrio se dedicaban a oficios como albañiles, ayudantes, mecánicos, pintores, matarifes, choferes y empleadas domésticas. En relación con la dinámica de las familias, en la preparación de los alimentos se utilizaba leña y otras empleaban estufas de carbón de piedra, traído desde el barrio San Fernando, hasta que en al barrio se instalaron depósitos de carbón, en los solares de las casas que ocupaban casi la mitad de estas, allí se cultivaban productos como frijol, lechuga, cebolla, arveja, zanahoria, remolacha, papa y plantas aromáticas. En el inicio del barrio, la población estaba desprovista de servicios públicos ya que el urbanizador solo vendió los lotes y el trazado de calles y carreras; el agua, el alcantarillado, la energía eléctrica y otros servicios fueron fruto de las luchas populares para reclamar la garantía de derechos.
En relación con la organización comunitaria, para el año de 1959, se organizó la junta de mejoras, conformada tanto por adultos como por jóvenes, con el fin de conseguir los servicios públicos mediante rifas, bazares y reinados y en algunas ocasiones acudiendo a las autoridades municipales.
Otro de los barrios tradicionales de la localidad, el barrio Garcés Navas, tuvo un proceso de consolidación diferente a las Ferias; además de ser posterior (aproximadamente en 1970), surge de un proyecto del Instituto de Crédito Territorial para la construcción de barrios jóvenes en la autopista Medellín; se propuso para familias con ingresos entre 600 y 800 pesos, con una proyección de 3000 viviendas que se levantarían mediante un proceso de autoconstrucción. Las familias a las que se les adjudicó el lote, después de largas filas en el Campin, recibían asesoría en cimentación, trazado de vías, energía eléctrica, agua y se encontraban los fines de semana para trabajar en la construcción de las viviendas (http://bit.ly/1woBOu6)
En la Localidad habitan actualmente 1 millón 500 mil personas. Se divide en 332 barrios, organizados en 9 UPZ.
Carlos Mauricio Naranjo Plata es su actual Alcalde.
La Alcaldía ha dispuesto en los últimos 36 meses de 400 mil millones de pesos (200 millones de dólares) de presupuesto en su Fondo de Desarrollo Local.
La participación ciudadana en la gestión del Estado y el gobierno local.
La participación de la ciudadanía en los asuntos locales y de su alcaldía es una de las características de la cultura política de los pobladores de Engativa.
La democracia participativa es formalmente uno de los rasgos del sistema político colombiano desde que se expidió la Constitución de 1991. La misma elevó la participación a rango constitucional, convirtiéndola en uno de los aspectos constitutivos del Estado, en uno de sus fines esenciales y en un derecho de todos los colombianos. Ese mandato constitucional fue desarrollado por la Ley Estatutaria de mecanismos e instancias de participación ciudadana (Ley 134 de 1994, que ha sido modificada recientemente por otra norma en control en la Corte Constitucional), que reglamentó los mecanismos de participación directa (consulta popular, plebiscito, referendo, revocatoria del mandato, etc.) y por cerca de 40 leyes, aprobadas en la década del 90 y en la primera del siglo XXI, que crearon una gran cantidad de espacios de participación ciudadana en la gestión pública.
Los resultados de la aplicación de dichos mecanismo democráticos, en los pasados 23 años, no han sido los mejores, pues el sistema político es monopolio de cerrados núcleos sociales, tanto en el plano nacional, como regional y local. El Estado colombiano, de hecho, ha operado dentro de los parámetros de la democracia burguesa liberal representativa, con periodos, como los dos gobiernos de Uribe Vélez, marcados por el autoritarismo paramilitar que capturo las instituciones públicas a sangre y fuego.
En Bogota, la gestión de los Alcaldes escogidos por votación popular ha sido igual. Lo que ha predominado es la retórica participativa, la oferta grandilocuente y la demagogia política.
Dos normas se han aprobado para establecer un marco legal a la participación democrática de la ciudadanía. El Acuerdo 13 del año 2000, por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones (http://bit.ly/1G72CAf) y el Decreto 448 de 2007, por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana.
Durante la vigencia de estas normas es poco lo que ha mejorado la intervención de la ciudadanía en la gestión de las políticas distritales. Hay una abundancia formal de mecanismos de participación entendida como consulta y mecanismos de control a través de Veedurías y comités de control social pero sin resultados efectivos, pues la corrupción y el clientelismo siguen siendo la norma. Lo más destacado es la sensibilidad ambiental de la ciudadanía que participa en organizaciones comunitarias para proteger ríos, humedales, fauna y flora.
En la Localidad de Engativa sobresalen dos hechos recientes asociados con el impulso a la participación democrática de la ciudadanía.
Primero. El Plan de Desarrollo 2009 – 2012 “Engativa positiva: para vivir mejor” propuso cinco proyectos tendientes a afianzar la movilización social a nivel local:
-Desarrollo y promoción del Sistema Local de Participación.
-Apoyo y fortalecimiento a la comunicación para la participación activa.
-Vinculación y capacitación a ciudadanos y ciudadanas en procesos de formación en participación, control social y veeduría ciudadana, en el marco de la escuela distrital de participación y gestión social.
-Fortalecimiento de organizaciones y redes sociales y familiares.
-Fortalecimiento de la organización comunal, los Consejos de Propiedad Horizontal y otras organizaciones.
Segundo. El actual Plan de Desarrollo Local “Engativa humana: territorio de participación, convivencia y paz” plantea en su Eje 3 “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”, la necesidad de:
-Apoyar los procesos de participación ciudadana y las formas de organización, fomentando la participación incidente y decisoria de los ciudadanos sobre los asuntos de la localidad y de la ciudad, fortaleciendo sus capacidades, brindando información y herramientas desde lo público con principios de calidad y oportunidad.
-Recuperar la confianza ciudadana en la Administración Local, a través de un trabajo coordinado y transparente entre instituciones y ciudadanía, fomentando la ética y la eficiencia de la gestión pública, promoviendo el control social, implementando mecanismos de comunicación e información de la gestión pública, brindando canales de retroalimentación de la Administración Local.
Para el alcance de estos dos objetivos, el Plan de Desarrollo Local en mención propone las siguientes estrategias:
-Incorporar en los procesos participativos la perspectiva del goce efectivo de los derechos y los enfoques diferenciales, de orientación sexual, identidad de género, grupos étnicos, las personas víctimas de violencias y personas con discapacidad, en el marco del Sistema Distrital de Participación.
-Promover los procesos y las capacidades organizacionales, los movimientos sociales y las nuevas ciudadanías y fortalecer grupos que realicen control social, empoderando los ciudadanos en temas como protección, promoción y exigibilidad de derechos, en especial del derecho a la salud.
-Fortalecer medios de comunicación comunitarios y alternativos de la localidad, incentivando el uso de tecnologías de la información, comunicación y del conocimiento (TIC-C) como medios facilitadores que se orienten a garantizar el derecho a la participación, al control social y a la interacción entre los ciudadanos y la administración Local y/o Distrital.
Formalmente en Engativa existen varios espacios de participación ciudadana como el Consejo local de juventud, El Consejo local de propiedad horizontal, el Comité local de emergencias, el Consejo local de seguridad, los Comité de participación comunitaria/Copaco, el Comité local de política social, el Comité de Seguimiento a los casos de Violencia Intrafamiliar y sexual, la Comisión Ambiental Local, el Consejo Local de Cultura, el Consejo Local de Deporte y Recreación, el Comité Local de Control Social de Parques, Consejo de Educación Local, Núcleos de Participación Ciudadana, las Veeduría Ciudadana y el Observatorio Ciudadano de Engativa, estructurado con la metodología ISO/IWA4, para hacer seguimiento a la Rendición Publica de Cuentas del Alcalde Local.
Sin embargo, los resultados de estos mecanismos de la democracia participativa no han modificado el sistema político local capturado por las redes del clientelismo y la corrupción.
Lo cierto es que hay una crisis del denominado Estado social de derecho y su fementida democracia participativa en Bogota. Lo que en realidad ha estado vigente desde 1991, es el sistema de representación y delegación fruto de la manipulación de los electores. Es lo que explica el colapso y muerte de la democracia representativa burguesa.
Como bien es sabido, la democracia representativa es aquella en la que el pueblo – titular del poder político – elige a sus representantes para su integración en las distintas instituciones que ejercen funciones de mando como los poderes Ejecutivo, legislativo y judicial.
Esta forma es la que ha venido implantándose en la mayoría de los países del mundo a partir del siglo XVIII, en Colombia desde el siglo XIX, y podemos afirmar que no ha sufrido modificaciones importantes en cuanto a la manera en la que el pueblo participa en las decisiones políticas, que no es otra que la de depositar un sufragio cada cuatro años para elegir a sus representantes, sin volver a intervenir en política hasta una vez transcurrido otro periodo similar.
Esto, que en la época de la Revolución Industrial y durante mucho tiempo después pudo tener alguna justificación, empieza a dejar de tenerlo en pleno apogeo de la Revolución Tecnológica y en la Era de las Comunicaciones, donde, como si se tratase de una cuestión biológica e incluso evolutiva, el ser humano tiende a tener la necesidad de interactuar, no sólo con su entorno, sino también sobre muchos ámbitos que lo transcienden, siendo la política a todos los niveles uno de ellos.
Sin embargo, no es ésta la razón de que la democracia representativa sea cada vez menos incapaz de representar. Esto podría ser a lo sumo una invitación a reinventarse, a adaptarse. Lo que realmente ha condenado a muerte a la democracia representativa (disfrazada de participativa hoy) ha sido la sumisión de la política a eso que llamamos “los mercados” y los bancos, es decir, al capitalismo neoliberal, cuyas leyes han acabado por prevalecer por encima de cualquier otra, incluso de las Constituciones y gobiernos más progresistas.
Las acciones cotizan en Bolsa cada día, y sus números influyen de manera continua sobre los gobiernos, al igual que lo hace el FMI, el Banco Mundial y otras entidades financieras internacionales del mundo globalizado.
Sin embargo, la participación del pueblo en la política sigue estando limitada a cuatro años.
Por tanto, si atendemos estrictamente al significado de ambos conceptos, “democracia” y “representativa”, siendo la “democracia” una forma de organización en la que el poder reside en la totalidad de sus miembros, y “representativa” la capacidad de representar que tienen las instituciones y sus cargos públicos, podemos concluir que la propia fórmula democrática ha dejado de tener validez, ya que el poder real recae sobre grupos de poder e individuos que no han sido elegidos para ello, y que por tanto no representan al pueblo.
Los derechos sociales y económicos, como son el trabajo, la protección social, la planificación de la economía, la educación pública, la sanidad pública, el acceso a una vivienda digna, etc. no sólo no se han cumplido ni se han garantizado, sino que se han deteriorado, recortado y privatizado a través de las políticas que se han aplicado durante varias décadas.
La especulación ha hecho saltar por los aires el mandato Constitucional a los poderes públicos de luchar contra ella.
La voladura del pluralismo político acabó imponiendo el dominio político de una casta corrupta con la ayuda de un sistema electoral que legaliza la desigualdad absoluta en los votos permitiendo el control absoluto del resto de poderes.
Los medios de comunicación públicos y privados se convirtieron en instrumentos tanto de grupos empresariales como de la elite. No existe la información plural y las opciones políticas ajenas al poder oligárquico tienen acceso limitado a los medios
Para asegurar que no haya “sorpresas” en los procesos electorales, el sistema “democrático burgués” ha establecido una serie de mecanismos para obligar incluso a los oprimidos a votar por sus opresores.
En primer lugar, para mantener su dominio, la elite dominante recurre a descomunales recursos financieros a su disposición, infinitamente mayores de los que están al alcance de las clases populares, y por supuesto mucho mayores de los que podría disponer cualquier grupo político o movimiento popular dispuesto a cambiar y transformar el estado de cosas. Este descomunal desequilibrio hace que en éste régimen “democrático” se haya establecido incluso un sistema de castas donde cada ciudadano nace y muere en el mismo estrato social, y además se considera como algo natural por parte de la mayor parte de la población. Oponerse a ello es enfrentarse a la democracia y a la paz social burguesa. La lucha de clases sigue existiendo, pero una vez extirpada la conciencia de clase a los trabajadores y a las clases populares, sólo queda la opresión de una clase sobre otra sin que exista por parte de ésta última una resistencia significativa.
En segundo lugar, el gran capital ha capitalizado los medios de comunicación, particularmente la televisión y la prensa escrita, mediante los cuales se efectúa una manipulación sociológica contínua sobre la población, tan efectiva que hace innecesario temporalmente recurrir a otras formas de violencia más directa, lo que permite al régimen “democrático” burgués seguir presumiendo de lo demócrata que es.
Sin embargo, cuando existe un espacio en el que las voces críticas empiezan a ejercer un grado de influencia significativo, no tardan en empezar a desarrollarse leyes para “regular” esos espacios.
En tercer lugar, las “democracias” burguesas disponen de un mecanismo para conservar el “Statu Quo” con el que llevan varios siglos experimentando: el monopolio partidista.
Colombia y el Estado ha sido también durante décadas un espacio en el que se ha experimentado con especial crudeza ese dominio partidista oligárquico grotesco, simulando democracias. Sin embargo, la resistencia revolucionario se ha mantenido, incluyendo la movilización guerrillera agraria, logrando, de una manera u otra, con los movimientos sociales y revolucionario romper, la maquina partidista existente e introducir elementos nuevos para transformar el propio régimen representativo burgués en un sistema participativo como ha ocurrido recientemente con los acuerdos en materia de participación política en los diálogos de La Habana.
En cuarto lugar, las reglas del juego democrático burgués establecen otro mecanismo de defensa para proteger los intereses de las clases dominantes: la división de poderes. Esta división de poderes, que a priori se nos presenta como baluarte de la democracia, y que permite que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial se controlen unos a otros, se ha convertido en un mecanismo más de la partidocracia para evitar cambios estructurales en caso de “sorpresas desagradables”. Imaginemos, por ejemplo, que se alzase con el poder político un partido o un movimiento dispuesto a transformar las estructuras y el paradigma económico o productivo. Entonces quedaría el poder judicial que estaría llamado a defender el sistema social existente a través de las leyes promulgadas por éste.
Y si fallasen todos estos mecanismos de defensa, las clases dominantes y el gran capital no dudarían en quitarse la máscara y dar paso a la dictadura política directa. La Historia nos enseña que las simulaciones democráticas de las clases dominantes acaban cuando surge una amenaza real para su dominio.
En definitiva, podemos decir que el régimen “democrático” actual, el régimen representativo burgués (disfrazado de democracia participativa), no es más que un mecanismo implantado para que nada cambie y para que nada amenace el poder y los privilegios de las clases dominantes. Es más, si el sistema fuese realmente democrático, las clases dominantes no deberían existir como tal, puesto que la democracia implicaría que el poder recayera en los representantes elegidos por el pueblo, pero no es así.
Como señala Lenin, hemos de tener en cuenta que las formas de la democracia han ido evolucionando en el transcurso de los milenios a medida que una clase dominante iba siendo sustituida por otra. En la antigua Grecia, en las ciudades del medievo, en los paises capitalistas actuales, la democracia adopta diversas formas. Por tanto, un presumible paso de poder de manos de una minoría explotadora a manos de una mayoría oprimida, no puede hacerse en el viejo marco de la democracia representativa burguesa, sino que deben crearse nuevas formulas y órganos participativos y representativos para la participación efectiva y permanente en los asuntos públicos por parte de los ciudadanos, y especialmente de las clases populares y los trabajadores.
Lo cierto es que este modelo de democracia está llegando definitivamente a su fin por dos razones fundamentales y concluyentes. Por un lado se ha visto superada por el propio desarrollo del capitalismo y de los denominados “mercados”, que han asaltado la democracia.
La otra razón por la que el actual modelo de democracia deja de tener sentido viene dada por el cambio de paradigma cultural, social y comunicacional resultante de la llamada Revolución Tecnológica y la Era de las Comunicaciones. Ambas han traido consigo un cambio evolutivo en cuanto a la forma en que se realizan e interactúan los seres humanos, ahora de una manera más inmediata, más comunitaria y a la vez más globalizada.
La reacción ante acontecimientos sociales, sucesos y decisiones políticas es cada vez más inmediata, y aunque aún la capacidad para dirigir la opinión de las masas es enorme por parte de los grupos dominantes – que controlan periódicos, agencias de prensa, televisiones, etc -, la masa crítica que es capaz de desenvolverse a través de internet y las redes sociales va “in crescendo”, lo que dificulta la acción de los regímenes oligarquicos.
En cualquier caso, el inevitable final de la democracia representativa burguesa (y su remedo participativo) no implica necesariamente una Revolución ni una evolución positiva del modelo hacia uno en el que los ciudadanos, y especialmente los trabajadores y las clases populares, tengan más capacidad de decidir acerca de sus propios asuntos.
La parte positiva es que hoy día las sociedades poseen un nivel de formación y alfabetización mucho mayor que el que podían tener otras sociedades en el pasado. Gracias a la era de la comunicación existe un número sin precedente de personas pueden acceder voluntariamente a las fuentes de información que consideran más apropiadas.
Gran parte de los ciudadanos tienen más capacidad para conocer la realidad, analizarla y difundirla.
Sin ir más lejos, la crisis sistémica que comenzó en 2007 la habían advertido años antes multitud de colectivos sociales y políticos en los diversos Foros Sociales desde Porto Allegre en 2001, y los análisis que de ellos se derivaron durante los años siguientes fluyeron por todo el mundo a través de internet para todo aquel que quiso tener acceso a una información y unos datos que no contaban en los medios de comunicación de masas.
Este mayor nivel de formación e información podría, por tanto, abrir paso a que aparezcan nuevos mecanismos de participación con capacidad para – además de organizar resistencias – elaborar propuestas, manejar presupuestos, organizar referéndums, juzgar a los representantes políticos, etc. Una muestra de esto, de la capacidad de convocar, crear espacios de debate y participación y autoorganizarse, pudo verse en las numerosas acampadas que siguieron a las masivas manifestaciones de Mayo de 2011 en España. No llegaron a ser una solución, sino un síntoma, pero ya dieron algunas pinceladas de la capacidad y la formación de buena parte de la sociedad.
Pero también hay una parte negativa y una posibilidad de involución aún más acentuada que la que se ha venido produciendo desde la última década del siglo XX.
La elite política que sustenta el modelo representativo burgués no puede permitir su final ya que eso supondría que podría verse arrastrada con éste. No va a permitir una transformación del modelo tan profunda que acabe con la partidocracia y con el clientelismo y su mermelada, que empodere a los ciudadanos, que haga sirvientes a los representantes políticos y no mandatarios, que refuerce la autoestima de los ciudadanos y que ponga fin a la avaricia y el ego de los gobernantes; que despoje de su poder político a los mercados y lo ponga en manos de los trabajadores.
Estaríamos equivocados si pensásemos que el modelo económico, es decir, el capitalismo, va a llegar a su fin por sí mismo. El único límite que tiene el capitalismo es el de las resistencias que se encuentra a su paso.
Por tanto, partiendo del hecho constatado históricamente de que el capitalismo es capaz de adaptarse a las circunstancias históricas, económicas y sociales, no podemos esperar su autodestrucción, sino que se debe organizar su destrucción por parte de sus propias víctimas.
El capitalismo sólo se sostiene si su modelo “democrático” representativo burgués sigue en pie, por lo que acabar con éste modelo y poner en marcha un sistema democrático en el que el pueblo – y no las oligarquías – tenga el poder en sus manos, y especialmente los trabajadores y las clases populares, pondría en marcha el mecanismo de demolición del mismo capitalismo. Este mecanismo no es otro que el Poder Popular.
Ese poder popular en Colombia tiene hoy varias formas.
Si los canales institucionales no parecen responder adecuadamente a las expectativas ciudadanas y, además, están siendo sometidos a procesos de desinstitucionalización y desaparición del escenario público, ¿a través de qué vías la población ha venido expresando sus inquietudes y concertando soluciones a sus problemas con las autoridades públicas?
La tendencia que se comienza a observar en Colombia es el uso de vías no institucionales de interlocución entre la población y las autoridades públicas. Por tales debe entenderse las formas de relación entre los ciudadanos y las autoridades locales que no están reguladas por normas del derecho positivo y que obedecen más a la iniciativa, bien del gobierno local, bien de la población, a propósito de asuntos muy específicos de interés de alguno de ellos. Son, por tanto, modalidades de relación ad hoc, por tanto de carácter no permanente, que se desenvuelven al calor de las circunstancias y en función de la relación misma. Incluyen la movilización y la protesta ciudadana, las alianzas de organizaciones para resolver un problema compartido a través de la interlocución con las autoridades, así como iniciativas gubernamentales de contacto con la población que operan por fuera de los canales establecidos.
Se trata de espacios abiertos, en los que puede participar cualquier persona, por tanto muy heterogéneos desde el punto de vista de los intereses que circulan en ellos, de los instrumentos y procedimientos utilizados y de los resultados que puede arrojar su funcionamiento. No hay reglas predefinidas, aunque la dinámica misma del espacio puede ir asentando algunas normas informales mínimas para que el espacio opere con un cierto nivel de organización y pueda llevar a cabo los procedimientos previstos para resolver un problema determinado.
Las Constituyentes municipales y locales.
Son varios los ejemplos que pueden ser citados para ilustrar esta nueva tendencia: uno de ellos, de amplia cobertura en el país, es el de las Constituyentes municipales y departamentales. Son acuerdos entre distintas organizaciones sociales, a las que en ocasiones se suman algunas autoridades públicas, para trabajar conjuntamente en la búsqueda de objetivos específicos: la convivencia pacífica, la generación de empleo e ingresos, la seguridad ciudadana o el desarrollo local. Hacen uso de todos los instrumentos disponibles para la consecución de sus objetivos y para la definición de políticas públicas en muy variados campos: espacios institucionales de participación, mesas de trabajo y de concertación, movilizaciones cívicas, etc. Las constituyentes convocan a muy amplios sectores de la población y se han convertido en un movimiento nacional que cubre cerca de una cuarta parte de los municipios del país. Sus integrantes han realizado quince encuentros nacionales, en los que intercambian experiencias y definen apuestas comunes para ampliar su radio de acción. También hay que mencionar un buen número de iniciativas ciudadanas en diversas ciudades y regiones del país en torno a los problemas ambientales. Este es uno de los ámbitos que mayor convocatoria ha logrado últimamente en el país, gracias a la conciencia que muchas personas y organizaciones han logrado crear en el conjunto de la sociedad colombiana alrededor de la protección de aguas y bosques, de la explotación minera o del cambio climático.
En Bogotá, por ejemplo, hay una gran cantidad de iniciativas de grupos ambientalistas que presionan al gobierno de la ciudad para que haya políticas efectivas de protección de humedales, de bosques y de fuentes de agua contra la invasión de urbanizadores que sólo miran la rentabilidad de sus inversiones. Estos grupos realizan alianzas para discutir temas específicos, analizar el problema, identificar soluciones y entrar en un diálogo con las autoridades públicas, a través de mesas de trabajo o de dispositivos parecidos, en la mira de concertar soluciones a los problemas vividos.
Otro tipo de formas de expresión ciudadana para presionar políticas públicas por fuera de los espacios institucionales son las movilizaciones espontáneas frente a actuaciones gubernamentales que no llenan las expectativas ciudadanas. En grandes ciudades y en pequeños municipios son frecuentes las protestas de grupos poblacionales por la mala prestación de los servicios públicos domiciliarios, o la toma de las vías por la baja calidad del servicio de transporte, como ha sucedido en los últimos años en Bogotá con Transmilenio.
Finalmente, una de las experiencias más visibles y de mayor auge en el país es la multiplicación de veedurías ciudadanas, es decir, de grupos de personas que de manera organizada y sistemática realizan ejercicios de control social a la gestión pública. En las grandes ciudades, algunas ONG, sectores empresariales y medios de comunicación han unido esfuerzos y recursos para llevar a cabo el programa “Ciudades cómo vamos”, que hace seguimiento a los planes de desarrollo en varias ciudades del país para analizar qué tanto su ejecución está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.
En Medellín, Cali y Barranquilla y en varias ciudades intermedias del país se han desarrollado experiencias similares, así como observatorios para hacer seguimiento a los concejos municipales y valorar su desempeño. Y en esa misma línea existe una gran cantidad de pequeños grupos de ciudadanos que vigilan la ejecución de proyectos de obras públicas, de movilidad, de promoción social y de desarrollo local impulsados por los respectivos gobiernos locales. Estos ejercicios han ido perfilando un tejido social de personas y grupos interesados en vigilar la gestión pública y sus resultados, haciendo uso del derecho que consagra la Constitución colombiana en ese aspecto.
Constituyendo el Poder popular local.
Pero es necesario avanzar hacia formas de Poder popular. En Engativa eso es posible, como en las otras localidades de Bogota.
El contexto más inmediato e importante en el que debemos actuar en primera instancia es el Local; aquel en el que viven y desarrollan su vida social y productiva el 100% de los ciudadanos, una vida que viene condicionada – si obviamos el ámbito personal y familiar – por factores económicos, sociales y políticos.
En este sentido, si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de la población es incapaz de ejercer ningún tipo de influencia directa sobre ninguno de estos tres factores, éstos serán los tres pilares sobre los que debería alzarse ese contrapoder, ese Poder Popular.
Por supuesto que la condición previa al simple planteamiento de impulsar este tipo de mecanismo debe venir precedida del establecimiento de un marco de entendimiento y colaboración mínimos entre los individuos y colectivos más conscientes de la necesidad de transformar el actual estado de cosas.
A partir de ahí debemos partir del hecho incuestionable de que un movimiento espontáneo, por masivo y poderoso que parezca, está condenado a ir diluyéndose si no existe una organización suficiente y adecuada, pero sobre todo si no tiene una estrategia efectiva para la consecución de un fin determinado, en este caso la constitución de un Poder Popular que logre ser hegemónico frente a las clases dominantes.
En las circunstancias actuales, la parte consciente de la sociedad en Bogota debe dar un paso al frente en este sentido ya que de no hacerlo gran parte de las capas populares y más empobrecidas de la sociedad – en este momento aterrorizadas ante la situación que viven – pueden ponerse de lado de movimientos fascistas, como ha ocurrido con el Centro democrático.
Para ello deberemos identificar los territorios locales más propicios para poner en marcha mecanismos que sean capaces de representar a la inmensa mayoría de la población, a los trabajadores y a las capas populares, y que su ejemplo sea capaz y susceptible de extenderse como la pólvora a otros territorios donde se den las circunstancias adecuadas.
Veamos pues, qué tipo de mecanismos básicos podrían ser la base de un Poder Popular Local.
Asamblea del Poder Popular Local.
Se podría plantear de una manera sencilla allí donde se den las condiciones óptimas para ello, la convocatoria de una Asamblea paralela a las Juntas Administradoras Locales que trate, entre otros, los temas importantes que vaya a debatir la propia Junta Administradora Local. Una Asamblea del Poder Popular que manifieste masivamente su posición sobre cada punto, así como sobre otros que se consideren de interés para los ciudadanos. Esto permitiría que si La Junta Local y los representantes públicos que la componen se alejan de los intereses de los ciudadanos, éstos tenderían a sentirse más representados por el Poder Popular que por el Poder Político.
La Asamblea del Poder Popular Local debería reunirse uno o dos días antes de que se reúna la Junta local, y en la medida de lo posible, hacerlo en el propio Salón donde se reúne esta o en algún otro espacio público y representativo local.
La vocación de las Asambleas del Poder Popular Local debe ser la de llegar a ser masivas, participativas, útiles para los propios ciudadanos y llegado el momento, incluso capaces de asumir la representatividad máxima de la voluntad popular.
Esto haría posible, entre otras cosas, que el poder político tal y como lo conocemos se viera permanentemente sometido a la voluntad popular. Pero ¿cómo?, pues fundamentalmente dotando a la Asamblea del Poder Popular Local de la capacidad de elaborar presupuestos municipales, impulsar referéndums, tomar decisiones que influyan positivamente en la vida de los ciudadanos, y canalizando las reivindicaciones de los trabajadores y de las clases populares hasta la máxima confrontacion ideológica con el poder político dominante.
La constitución de Asambleas del Poder Popular Local puede sentar las bases del empoderamiento paulatino de los ciudadanos, especialmente de los trabajadores y las clases populares, frente a los órganos que limitan la participación en política a la de despositar un voto cada cuatro años.
Esto, evidentemente no está opuesto a la existencia de elecciones, ni tampoco a la existencia de partidos políticos, pero limitaría la posibilidad de que cualquier gobierno local, sea del signo que sea, tome decisiones en contra de la voluntad popular, que se vería representada fielmente en las distintas Asambleas del Poder Popular.
Asamblea del Poder Popular de Trabajadores.
La involución democrática y la radicalización extrema del capitalismo que ha derivado en la actual dictadura financiera y bancaria, ha llevado aparejada la disminución de los derechos laborales y la precarización de las condiciones de trabajo hasta niveles propios de principios del siglo XX. Por ello, el empoderamiento del pueblo debe ir acompañado de un empoderamiento de los propios trabajadores frente a un régimen de explotación y saqueo que ya poco se diferencia de la misma esclavitud.
Por tanto, además de la constitución de Asambleas del Poder Popular Local podrían impulsarse Asambleas del Poder Popular de Trabajadores, según las circunstancias y las características económicas de la zona. Así, no será lo mismo, ni quizá tendría el mismo éxito inicial, en una zona industrial que en una zona comercial, aunque los mecanismos serían similares, y en ambos casos igual de necesarios.
Por ejemplo, en una zona Industrial podría organizarse – con mucho esfuerzo probablemente -, una Asamblea de Trabajadores abierta a todos los trabajadores de las empresas de la zona. Una Asamblea que muy probablemente costaría semanas preparar y difundir, y para la que habría que dedicar mucho esfuerzo, todos los medios a nuestra disposición, así como la colaboración de los Comités de Empresa “sanos” y no viciados por una forma de entender el sindicalismo que nada tiene que ver con la defensa de los trabajadores.
Dicha Asamblea del Poder Popular de Trabajadores debería ser un órgano de acción fundamentalmente, y capaz de responder de manera unitaria ante los distintos conflictos en las empresas de la zona, e incluso debe ser capaz de organizar el control de empresas por parte de los trabajadores cuando se den las condiciones para ello.
No debería importarnos que en las primeras asambleas la afluencia no sea masiva. De lo que debemos preocuparnos es que ésta sea útil y de establecer los mecanismos de funcionamiento y acción lo suficientemente eficaces como para que cuando se produzca un conflicto de grandes proporciones como podría ser una Huelga General, la Asamblea del Poder Popular de Trabajadores sea capaz de convertirse en una herramienta imprescindible de la que se valgan los trabajadores de manera masiva para afrontar el conflicto, y así, pulso a pulso, conflicto a conflicto, victoria a victoria, ir fortaleciendo dicho órgano de participación y representación de los trabajadores. Un órgano que con su actividad debería ir apartando uno por uno, Comité tras Comité, y empresa tras empresa, a los sindicalistas que sean indignos de representar a los trabajadores, y elevar a los dignos. Además, la Asamblea del Poder Popular de Trabajadores debe ser un punto de referencia para todos los trabajadores de la zona que no se sientan representados por sus Comités de Empresa o para aquellos cuya empresa no disponga de él.
Un tercer elemento a tener en cuenta y que está presente de manera natural en las sociedades, especialmente en las que los niveles de explotación y discriminación son elevados, son los propios movimientos sociales, que más que constituir una forma “sui generis” de Poder Popular, pasarían a reforzar de manera natural – y sin dejar de existir con sus características propias – los distintos mecanismos de poder popular.
La puesta en marcha de estos mecanismos tenderían a reproducirse de manera natural en aquellos municipios, barrios, ciudades, etc. donde más propicias fueran las condiciones para ello, teniendo en cuenta la fuerza que podrían adquirir en situaciones extremas.
Cabría preguntarse si impulsar distintos mecanismos de Poder Popular estarían enfrentados con la participación en los actuales órganos de reprensentatividad local. No necesariamente. No sería contradictorio siempre y cuando nuestra participación en estos sea una participación consciente y encaminada a poner las instituciones a merced absoluta de la voluntad popular, de la democracia real, participativa y absoluta, y no a merced de otro tipo de intereses.
Para ello, qué duda cabe que cualquier partido o cargo público – gobernante u opositor – que muestre simpatías por la profundización radical de la democracia y la constitución de estos mecanismos, debe demostrarlo cumpliendo con la sagrada obligación de plantear fórmulas para que la voluntad popular sea protagonista en todos los aspectos de la vida pública, y que sea esta la que determine las decisiones de los gobernantes, o mejor dicho de los representantes políticos.
Algunos de estos mecanismos a introducir en las actuales instituciones locales:
1) Todos los acuerdos de la Junta Administradora Local podrán ser revocados si se presenta un número de firmas equivalente al 10% del censo exigiéndolo. En este caso se convocaría un referéndum vinculante entre la población, donde los ciudadanos elegirían entre el acuerdo aprobado por la Junta, una segunda propuesta planteada por los impulsores del referéndum y una tercera, opuesta a ambas.
2) Los Presupuestos locales se desarrollarían de una manera participativa, entre todos los sectores del municipio, y se impulsarán asambleas en todos los barrios donde se explicaría un primer borrador de presupuestos planteado por la Junta, que deberá introducir los elementos aportados por los vecinos. Así mismo, si hay una segunda propuesta de Presupuestos que cuente con el respaldo de un número de firmas equivalente al 10% del censo, se celebrará un referéndum vinculante en el que los ciudadanos optarían entre una de las dos opciones.
3) Los ciudadanos podrán promover y aprobar Acuerdos sobre cualquier cuestión de competencia local. Para ello deberán plantear las propuestas, con sus estudios técnicos correspondientes, y apoyadas por un número de firmas equivalente al 10% del censo. Dichas propuestas serán llevadas a referéndum, que tendrá carácter vinculante.
4) Se introducirá la figura del Referéndum Revocatorio, mediante el cual se permitirá la posibilidad de convocar un referéndum para que los ciudadanos se manifiesten sobre la continuidad o no del alcalde o alcaldesa si se recoge un número de firmas equivalente al 20% del censo. Se considerara que el pueblo pide el cese del alcalde si en el referéndum éste obtiene en contra el mismo número de votos más uno de los obtenidos en las últimas elecciones.
Como se puede comprobar, en la descripción de éstos mecanismos de Poder Popular, su puesta en marcha no requeriría a priori la desaparición previa de los órganos representativos de la democracia burguesa a nivel local. Tampoco plantea la desaparición de los partidos, y tampoco la de los sindicatos – a pesar de gran parte de las estructuras de éstos están parasitados por elementos contrarios a los intereses de los trabajadores -.
Sin embargo, sí se plantean mecanismos concretos para ir desechando aquello que no sirve, ya sea a nivel representativo, político o sindical, y recuperando y valorizando aquello que es útil al pueblo y a los trabajadores, en un momento en el que todo aquello que no supone parte de la solución, empieza a ser parte del problema.
Y como objetivo último, tal y como se ha expuesto, la constitución en primera instancia de un contrapoder contrario en esencia al poder burgués, para una posterior consolidación de un auténtico Poder Popular como máximo exponente en cada momento de la voluntad popular.
La constitución de mecanismos de Poder Popular Local, aunque no exentos de riesgos y problemas, entran dentro de los límites de lo que puede realizarse y transformarse radicalmente sin que se produzca un conflicto con las clases dominantes ni con el propio sistema económico. Al fin y al cabo actualmente existen experiencias – aunque minoritarias – que rompen radicalmente con el modo “democrático” burgués, pero que sin embargo no suponen un riesgo para el propio sistema de explotación capitalista y sus relaciones de producción.
El problema – o el reto – llega cuando el intento de empoderamiento de los ciudadanos, las clases populares y concretamente de los trabajadores, supera los límites locales con la voluntad de trascender y hacerse hegemónico en un país.
Será entonces cuando se desaten todas las fuerzas del sistema para protegerse – con la violencia por supuesto – contra cualquier movimiento – por pacífico que sea – que pretenda cambiar las relaciones de producción e intente arrebatar a las clases dominantes el poder que ejercen sobre las instituciones presuntamente democráticas. Mucho más si de lo que se trata es de constituir un Poder que establezca la hegemonía de los trabajadores y las clases populares sobre las clases dominantes y las oligarquías financieras.
Como no es objeto de este texto, no entraré en las vías posibles para alcanzar ese empoderamiento total a través de un proceso Revolucionario, ya que es una cuestión que depende fundamentalmente de la correlación de fuerzas, la organización del pueblo y los trabajadores, y de la audacia de los protagonistas en los momentos de máxima confrontación entre las masas durante su proceso de liberación y los mecanismos represivos de un sistema en proceso de destrucción.
Sea como sea, la constitución del Poder Popular Local en un gran número de territorios, ciudades, barrios, pueblos y zonas industriales, comerciales, Universidades, etc. abriría la puerta a la convocatoria estatal de una Asamblea General del Poder Popular como órgano máximo de contrapoder organizado a nivel estatal, con proyección de hacerse hegemónico frente al sistema representativo burgués.
Nota. Un elemento importante de la democratización de Bogota, es la elección popular de los Alcaldes en las 20 localidades. Vamos a impulsar una Consulta con recolección de firmas para que este tema se lleve a los diálogos de paz de La Habana.