Procuraduría y Fiscalía General de la Nación deben cesar los ataques y persecución a la justicia, la Paz y las personas privadas de la libertad por protestar Organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones sociales y abogad@s que defienden el derecho a la protesta, la justicia, la Paz y luchan contra las privaciones arbitrarias de la libertad,rechazan enfáticamente el acoso judicial ejercido por la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación contra la Jueza Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao que otorgó la libertad a personas privadas de la libertad que fueron designadas como voceros de paz.

La jueza actuó en el marco del mandato legal de la Ley 2272 de 2022, la cual contempla la designación como voceros de paz a personas que no hacen parte de organizaciones armadas para que puedan aportar en la construcción de paz, lo cual implica la suspensión de las medidas de aseguramiento sin que esto implique absolución, cesación de la acción penal o del proceso.

La cooptación de los entes de control y la Fiscalía General de la Nación fue una de las características del gobierno de Iván Duque. El acoso promovido por la Procuradora Margarita Cabello y la Fiscalía General de la Nación hace parte de la estrategia de oposición desde la función pública que dejó el Centro Democratico y representa un ataque contra la protesta social, la paz y todas las personas que promuevan transformaciones sociales.

Los anuncios de investigar a la Jueza coordinadora por el supuesto delito de prevaricato y la orden de inspección al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá contrastan con el nulo esfuerzo de esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidos por agentes de la fuerza pública o con investigar las miles de detenciones arbitrarias que se presentaron durante las protestas del año 2020 y 2021, y constituyen una evidente práctica de intimidación a otros funcionarios judiciales que den cumplimiento a lo estipulado en la Ley 2272 de 2022.

Respaldamos la política de paz total, que ve en la protesta uno de los espacios en los cuales se debe iniciar acciones para la reconciliación, pues es importante recordar que incluso la Corte Constitucional en su análisis del acuerdo de Paz con las FARC y la ley estatutaria de la JEP ha reconocido que la protesta y los disturbios públicos han sido tratados como un asunto de seguridad y recibieron un tratamiento estatal bajo las lógicas del conflicto armado.

Hacemos un llamado a que cesen los ataques contra las iniciativas que favorecen la libertad.


Invitamos a que se acabe la estigmatización y criminalización contra el liderazgo social que participó en acciones de manifestación pública para protestar contra la violencia policial, la desigualdad y reclamar en las calles los derechos negados sistemáticamente.

De igual manera, hacemos un llamado a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación paraque encaminen sus esfuerzos en investigar las distintas prácticas de violencia estatal en contra del movimiento social y la población en general que participa en escenarios de protesta, llevando a juicio a los máximos responsables en los ámbitos penal y disciplinario.


¡Libertad también es paz!