Por: Cicerón Flórez Moya

Con insistencia el presidente Gustavo Petro ha planteado la conveniencia de darle al gobierno el sustento de la unión de los colombianos alrededor de objetivos que representen soluciones a los problemas que la nación padece y que determinan condiciones negativas en la vida de la mayoría de su población. Es la participación activa, militante en función del interés público para dejar atrás el peso de la pobreza, de la exclusión, de la violencia, de las prácticas nocivas contra el medio ambiente, de la corrupción y de tantos otros desatinos causantes de cotidianos estragos sociales.

No es populismo. No es la demagogia de los políticos dedicados a la pesca de beneficios inspirados en su avaricia. Se trata de encontrarle salida a problemas acumulados durante los años que lleva la república por los malos gobiernos para los cuales los padecimientos colectivos son asuntos de poca monta. El viraje implica erradicar privilegios, romper la cadena clasista impuesta por oligarquías despiadadas, sórdidas en su interpretación de una realidad cada vez más cargada de tormentas. Esos clanes de poder están aferrados a cerrarle el paso a una apertura a la justicia social y para ello fabrican narrativas condimentadas con la tergiversación para causar miedo.

En su reciente alocución el presidente Petro trazó una hoja de ruta para darle aplicación a la participación ciudadana en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Están programadas ochenta reuniones en diferentes lugares de la nación a fin de que en esa tribuna se pronuncien voceros de todos los sectores sobre las más sentidas necesidades y señalen las soluciones a que aspiran sus comunidades. Es la voz directa de la gente destinada a la inclusión, no como distracción de estrategia electoral sino bajo el compromiso de que desde el gobierno se ejecuten los proyectos a que haya lugar.

Ese ejercicio ciudadano que ya empezó impone responsabilidades muy concretas. Lo que se proponga debe corresponder a demandas que no admiten dudas. Solamente así será posible superar tantas necesidades insatisfechas que se han acumulado en el país y que han llevado a una sociedad desigual, que está en las más altas de América Latina.

Hay que trabajar con decisión para hacer de los foros previstos el mejor aprovechamiento en función del bienestar general. Esa dinámica de la democracia no se puede desperdiciar en vaguedades. Al Gobierno hay que presentarle demandas que generen progreso social y le demuestren a los opositores al cambio que es posible superar las crisis por tanto tiempo consentidas.

Poner al gobierno en esa función progresista, con la suma de las voces representativas de los diferentes sectores de la nación es crear una nueva dimensión en la función pública de Colombia. Es también darle al Estado su fundamental deber de garantizar los derechos de todos. Así el Estado Social de Derecho que está consagrado en la Constitución de 1991 dejará de ser letra muerta y pasará a ser una identidad que fortalecerá la existencia de quienes habitan la nación.

Este impulso democrático dado a Colombia hay que sostenerlo hasta consolidarlo para que sea relevante en el tejido nacional.

Puntada
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