Según la representante de Alianza Verde, Catherine Juvinao, su equipo realiza una investigación que apunta hacia un nuevo posible caso de corrupción en el departamento del Cesar.

En Colombia salió a la luz una supuesta trama de corrupción con fondos millonarios que estaban destinados a la construcción de viviendas en las zonas más golpeadas por el conflicto armado.

La denuncia se hizo durante un debate de control político en la Cámara de Representantes sobre los recursos del OCAD Paz, órgano del Sistema General de Regalías responsable de visibilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías que contribuyan a la implementación del acuerdo de paz.

En la sesión, la representante de Alianza Verde, Catherine Juvinao, manifestó que su equipo realiza una investigación que apunta hacia un nuevo posible caso de corrupción en el departamento del Cesar, que habría sido al que más recursos se asignaron, seguido por los de Antioquia, Nariño y Caquetá.

En una acalorada intervención, Juvinao señaló a su par Alfredo Ape Cuello, representante del departamento del Cesar por el Partido Conservador, de estar vinculado con estas irregularidades. 

¿Cuál es la denuncia?

En su intervención, la representante de Alianza Verde involucró a congresistas, megacontratistas y alcaldes en esa trama de corrupción, que se habría iniciado poco antes de que culminara el Gobierno de Iván Duque.

Según denunció, se habrían evadido las reglas de la contratación pública para obtener multimillonarios recursos de la paz que fueron entregados de manera selectiva y sin vigilancia.

La parlamentaria agregó que en el mencionado departamento, cuya capital es Valledupar, la Caja de Compensación del Cesar (Comfacesar) «ha sido fortín político» de Ape Cuello. Este tipo de entidades privadas administran prestaciones de seguridad social.

A través de Comfacesar, «a dedo y sin vigilancia«, según Juvinao, se habrían otorgado cerca de 87.000 millones de pesos (unos 19 millones de dólares). De esa cifra, casi 62.000 millones (14 millones de dólares) estarían agrupados en cinco contratos que se le habrían otorgado a la familia Cayón Medina que, «según los medios en Valledupar, harían parte de la nómina de contratistas de Ape Cuello», agregó la congresista.

De esos 14 millones de dólares, detalló, cinco millones ya habrían sido desembolsados «como anticipos en plena campaña electoral al Congreso y a la Presidencia».

Juvinao aseveró que estos recursos –según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las denuncias medios y de comunidades del Cesar– habían sido destinados para construir 1.167 viviendas en un proyecto que hasta ahora solo tiene un avance de ejecución del 1 %.

Del mismo modo, se habrían suspendido tres contratos y realizado demolición de viviendas, por lo que un grupo de personas que esperaban beneficiarse de ellas se quedaron en la calle.

En el mismo debate de la Cámara, la congresista Carolina Giraldo señaló que los recursos para la paz destinados para el departamento de Risaralda no corresponden a las obras que fueron entregadas. Según su denuncia, las construcciones quedaron en manos de testaferros del hoy extraditado exlíder de Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’. 

Estas denuncias se unen a las investigaciones aparecidas en varios medios locales en julio pasado, en las que se afirmaba que funcionarios de varias entidades estatales, entre las que se encuentran la DNP y la Contraloría, además de congresistas del Partido Conservador y alcaldes, habrían generado un entramado de corrupción para quedarse con hasta el 12 % de los recursos asignados a los municipios con mayores de niveles de pobreza y afectación causados por el conflicto.