En Colombia nos acostumbramos a que diariamente los medios de información muestren los “exitosos operativos militares” donde muestran a guerrilleros muertos en combate, dadas de baja a hombres de las disidencias de FARC, capturados segundos cabecillas o jefes de finanzas de grupos criminales, en fin. Son tan impresionantes los resultados diarios de la fuerza pública, que la verdad, no debería haber ni un grupo armado ilegal en este país.

Sin embargo, la noticia del 28 de marzo pasado, donde el ministro de Defensa, Diego Molano anunció con bombos y platillos una operación en Puerto Leguízamo, Putumayo, con un saldo de 11 “narco cocaleros” caídos en combates y otros 4 más detenidos e incautado un gran arsenal de guerra, fue diferente. Al día siguiente, martes 29, en las redes sociales aparecieron voces contrarias diciendo que ese operativo no había existido y que lo acontecido en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo, había sido una matanza de personas de la comunidad a manos del Ejército Nacional, a sangre fría, es decir, una ejecución extrajudicial colectiva.

Ante ello, la Mesa Territorial de Garantías del Putumayo y otras organizaciones de Derechos Humanos nacionales decidimos hacer una Misión Humanitaria y de Prensa para visitar el lugar de los hechos y corroborar lo dicho por las voces discrepantes. Efectivamente, el sábado 2 de abril llegamos al lugar, bastante alejado, al borde del río Putumayo, tres horas por lancha desde Puerto Asís. Un panorama triste, gris y conmovedor, encontramos allí: unas cuantas personas de la comunidad esperándonos, la desolación propia seguida de una tragedia, el barro que no dejaba caminar y la lluvia haciendo lo propio, y al fondo del pequeño caserío, los restos de lo que fue una fiesta que terminó en inmenso dolor. Mesas y asientos dispersos por el lugar, miles de envases de cerveza tirados en el piso, algunas prendas dispersas en el sitio, desorden y caos revuelto con mal olor, perritos muy delgados caminando de lado a lado como buscando a alguien en especial, los parlantes que lanzaban la música a todo volumen en el momento de la masacre, aún allí como expectantes… y bordeando el pueblito, muchos militares acantonados alrededor del caserío, como si no hubiera sido suficiente la matanza cometida para permanecer en el lugar.

Sin embargo, nunca vimos un escenario que pudiera evocar un combate como lo vendió e Ejército Nacional al país. No había rastros de combates, ni enfrentamientos, ni siquiera de una refriega. Las casitas de la comunidad y los niños que nos miraban con ojitos de curiosidad, nos decían otra cosa, que allí vivían personas campesinas e indígenas, trabajadoras y fraternas que buscaban recoger fondos para arreglos locativos, ante la total ausencia del Estado, y para ello, programaron el bazar de tres días entre el 26 y 28 de marzo.

Poco a poco fueron llegando los habitantes de la zona, que estando desplazados, decidieron regresar temporalmente para dar su versión de los hechos a la Misión Humanitaria y de Prensa. En medio de muchas dificultades, miedo, difíciles condiciones logísticas y sobre todo, indignación, pues ahí siguen apostados sus victimarios (Ejército), las comunidades nos dieron su testimonio. Después de varias horas quedó clara la versión no oficial: las fuerzas militares entraron a sangre y fuego esa mañana del 28 de marzo a acabar con lo que se movía. De esa manera cegaron las vidas del presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un gobernador indígena, un menor de edad y otras personas que estaban departiendo en el bazar.

Qué dice el Ministro de Defensa y FF.MM

Ante las preguntas de los periodistas a tres generales que llegaron al sitio mientras la Misión se desarrollaba, de por qué  habían atacado una comunidad en esas condiciones, las respuestas giraron en tres manipuladas teorías del Derecho Internacional Humanitario (DIH): primero, que cuando hay un objetivo militar de alto valor, parece que en este caso buscaban un jefe del Frente de Fronteras con el alias de “Bruno”, los civiles que estén cerca, pierden la inmunidad y principio de distinción y se convierten en blanco legítimo; sin embargo, hay que decir que dicho objetivo no se alcanzó, pues el hombre buscado no murió en la acción ni fue detenido, porque simplemente no se encontraba en el lugar. Segundo, que al existir un objetivo de alto valor militar, en un operativo pueden haber daños colaterales; pero olvidan los generales, que en el Derecho Internacional Humanitario, DIH, esto es permitido en conflictos armados internacionales, no internos, pero además si fuera aplicable a Colombia hay muchas inconsistencias, entre ellas, el Ejército no reconoce a los grupos residuales como actores armados con estatus político, además, los daños colaterales deberían ser menores, y en este caso fueron mayores, y lo peor, no lograron el objetivo o blanco legítimo y sí asesinaron varias personas indefensas a la luz del DIH. Tercero, argumentaron que cuando en un operativo la población es hostil pierde su inmunidad y se vuelve vulnerable. En fin, teorías rebuscadas para justificar el homicidio de personas protegidas por el DIH.

Días después, justo al cierre de este artículo, ante la presión nuestra a través de redes sociales y medios de información demostrando que allí no hubo combates, ni enfrentamientos, ni refriega alguna, en cambio sí una ejecución extrajudicial de 11 personas, el ministro de Defensa y la cúpula militar convocaron una rueda de prensa para dar la cara. Sin embargo, las generalidades y posturas empecinadas de haber actuado de conformidad y pegados al DIH, el DIDH y los protocolos, indican que evaden la responsabilidad de manera cínica. Cuatro titulares sin argumentos, esgrimieron: uno, “se actuó acorde a la política de seguridad y defensa”, es decir, bajo los preceptos “democráticos” del uribismo. Dos “la operación se hizo con apego estricto al Derecho Internacional Humanitario”, pero al DIH del gobierno, no el establecido convencionalmente en los tratados internacionales. Tres, “la operación tuvo un impacto estratégico”, no obstante, queda en entredicho este impacto, pues el objetivo de alto valor que buscaban no se alcanzó. Cuatro, fue “una operación legítima”, sin embargo, está en duda qué entiende el gobierno por esta palabra, si la legitimidad la da una operación limpia, respetando las normas internacionales en la materia, distinguiendo muy bien entre combatientes y objetivos militares, y personas civiles y bienes de carácter civily atacar sólo blancos legítimos. En este caso se hizo todo lo contrario: “dieron a blancos no legítimos (comunidad) y el blanco legítimo (alias Bruno) no cayó.

Ahora bien, en gracia de la discusión, suponiendo que dentro de la festividad hubiera hombres de grupos al margen de la ley, e inclusive con armas en su cinto, se trató de un operativo conjunto entre el Ejército y la Armada Nacional y altamente desproporcionado para el contexto en el que se dio (un bazar comunitario), y que según el mismo ministro de Defensa, duró cinco meses preparándose. Entonces no se entiende cómo fue tan errático y demencial con la comunidad, e ineficaz al no obtener el objetivo militar pretendido. Sin equívocos se trató de un falso positivo inocultable, pues los cuerpos de las 11 personas fueron manipulados y presentados a la opinión como “criminales de disidencias de las FARC”. No olvidar que el presidente Duque ha reiterado su apoyo a esta “exitosa operación militar” contra bandidos y narco cocaleros.

Falta de garantías para las víctimas

Cinco días después de la operación militar contra el caserío El Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo, sólo el mismo Ejército y Armada Nacional que cometieron el crimen, y la fiscalía General, que llegó cinco días después de los hechos, hacían presencia en el lugar. El resto de institucionalidad ausente y lejana, ni siquiera visitaron a la comunidad victimizada, al menos para llevarles la ayuda humanitaria de rigor y conocer los testimonios de la población.

A lo anterior se suma la revictimización de la población: la Fiscalía y el CTI recibían los testimonios de las víctimas en medio de la presencia y observancia de la fuerza pública, es decir, de los victimarios, claramente, sin garantías mínimas, sin libertad y bajo la presión humillante de quienes los mancillaron. Esto es impresentable y escandaloso, y lejos de ser respetuoso del enfoque garantista que reza en la Constitución Política de Colombia.

Es claro que el Estado colombiano y su gobierno nacional violan flagrantemente el DIH y los Derechos Humanos, DD.HH, estigmatizan sin piedad a las comunidades rurales (campesinas e indígenas) del Putumayo. Además de esto, cometieron otros delitos, como robar las ganancias económicas de la comunidad recaudada en el bazar y presentarlas como las finanzas del grupo disidente de las FARC. Así mismo, mintieron ante el país al decir que incautaron numerosas armas y municiones, cuando allí lo que sí abundaba era la cerveza, la comida, el jolgorio, el ánimo festivo y la autogestión comunitaria ante la ausencia total del Estado y administración central.

Frente a la mediocre, torpe y criminal actuación de las Fuerzas Militares, algunas glosas mientras seguimos el camino de la lucha por la verdad y contra la impunidad: el gobierno deja al desnudo su profundo odio y desprecio por los territorios alejados de las grandes ciudades y habitados por hombres y mujeres que las élites políticas y económicas del país empujaron a la frontera agrícola, exuberante en naturaleza y biodiversidad, pero al mismo tiempo, vulnerable a la violencia provocada por el mismo Estado. El uribismo desesperado por su imagen precaria y casi segura pérdida electoral, pretende mostrar resultados militares con nuevos “falsos positivos”, a costa del sacrificio de estos pueblos indígenas y campesinos resistentes a la marginalidad y olvido.

Diana Sánchez Lara, Directora Asociación Minga

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