«Con una clara respuesta, Piedad Córdoba Ruiz ha hecho circular en los medios de comunicación, su posición frente al documento que políticos del Ecuador y Colombia han vuelto viral, cuyos argumentos conducen a señalarla como responsable de unos actos, en donde figura Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos»-Fercahino.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
En relación con las afirmaciones tendenciosas por parte del señor Fernando Villavicencio asambleísta nacional de Ecuador en mi contra, manifiesto que son falaces y malintencionadas, y que se enmarcan dentro de la estrategia conocida como lawfare o guerra jurídica, que no es otra que generar procesos judiciales contra quienes se muestran contrarios a las políticas neoliberales y conservadoras.
Estos procesos judiciales se encuentran sustentados en mentiras y tienen como finalidad frenar los procesos democráticos y progresistas de corrientes políticas alternativas, así como afectar el buen nombre de lideresas y líderes sociales, políticos o cualquiera que sea, percibido como una amenaza al discurso ideológico neoliberal.
Es evidente, que estas acusaciones sin fundamento fáctico, sin acervo probatorio alguno y sin base jurídica solo tienen como objetivo: incidir negativamente en el desarrollo de la contienda electoral prevista para este año en Colombia. Se trata de una fórmula que se ha repetido en diferentes países de América contra los gobiernos progresistas y genuinamente democráticos.
Lawfare con Lawfare se paga. El estado colombiano se prestó para realizar guerra jurídica interviniendo en las elecciones presidenciales ecuatorianas del año anterior, con el ridículo viaje del Fiscal Barbosa para acusar al candidato de izquierda; y ahora la derecha ecuatoriana beneficiada de estas acciones se sirve para insuflar montajes que buscan la criminalización de quienes hemos denunciado estas acciones y que estamos haciendo política legalmente con la válida aspiración de derrotar a la derecha en los comicios de este año.
El informe que publicitan Duque y Villavicencio no corresponde a autoridad judicial ecuatoriana alguna, ni tampoco ha sido aprobado siquiera por el legislativo ecuatoriano. Se trata de un documento elaborado por una comisión presidida por un virulento enemigo político del presidente Correa. La insistencia del señor Villavicencio de vincularme en un informe totalmente parcializado, es un esfuerzo por abrir un nuevo proceso judicial plagado de irregularidades, falta de pruebas reales y mentiras contra el ex presidente Rafael Correa.
Enemigos políticos de Correa que han llegado al colmo de condenar a un expresidente por “influjo psíquico” y que prohibieron incluso su voz, no tienen credibilidad alguna. En segundo lugar, estamos ante una gran cortina de humo auspiciado por el mismo Palacio de Carondelet, ya que las supuestas revelaciones de Villavicencio se dan en medio del inocultable escándalo que vincula al mandatario y banquero ecuatoriano Guillermo Lasso en los Panamá Papers y los Pandora Paper con numerosas con cuentas off shore.
El enésimo montaje judicial en mi contra, no tiene otra finalidad que afectar mi buen nombre, mi derecho a hacer política, mi candidatura por el Pacto Histórico al Senado de la República y mi público apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Estas campañas de desprestigio y de persecución jurídica, ya en otras oportunidades se ha empleado en mi contra, en la de Petro y en la del conjunto de la oposición política histórica en Colombia, como se encuentra bien documentado y fue entregado por mi parte ante la Comisión de la Verdad en diciembre del año pasado.
Esta estrategia recurrente, que no es otra cosa que una forma de acoso político, debe ser abordada por instancias internacionales pues afecta los derechos políticos y civiles de quienes, como es mi caso somos acusados sin pruebas reales o por hechos que no constituyen delito alguno. Por otra parte, es necesario señalar que aunque el señor Villavicencio, venga a posar de faro ético continental tiene un largo prontuario tras de sí, como, por ejemplo, fue sentenciado a 18 meses de cárcel (pena reducida a 12 meses) en el proceso en el que acusó al expresidente Rafael Correa de genocida y criminal de lesa humanidad tras conjurar el golpe de estado policial del 30 de septiembre de 2010.
Así mismo, fue procesado por filtrar de manera pública e ilegal, información confidencial de altos cargos públicos, así como enjuiciado y sentenciado en el caso del médico Juan Fernando Quevedo por falsas acusaciones. Según una investigación periodística, Villavicencio y su familia están siendo investigados por fraude fiscal pues no han pagado impuestos por varios millones de dólares cuyo origen no es claro entre 2011 y 2018, e incluso hay acusaciones fundadas sobre falsificación de su título universitario.
He aquí el quilataje moral de las fuentes que buscan el presidente Duque y su cohorte para continuar la persecución política interna y la desestabilización regional. Goebbels y más Goebbels en los Andes repitiendo mentira tras mentira. Mi vida política por el contrario ha sido sometida a la mayor pesquisa pública, sin que haya siquiera imputación consistente en mi contra por delito alguno. No obstante, mis derechos políticos efectivos se han visto afectados por este tipo de acusaciones sin fundamento jurídico y sin pruebas desde hace mucho tiempo y siempre he salido con la frente en alto porque mi obrar siempre ha sido honesto y transparente y dentro de la ley, cosa que no se puede decir de quienes me han acusado.
La única verdad que ha dicho el señor Villavicencio es que no ha podido acusarme de ningún crimen, porque ni siquiera en su informe pedido a la medida hay elemento alguno que permita hacerlo.Señor Villavicencio, Ud me retó a conseguir abogados y yo lo reté a decir la verdad. Ya tengo abogados: en cambio Ud no tiene ni tendrá la verdad en este caso, porque no ha dejado de ser un calumniador compulsivo, triste peón en esta guerra jurídica. Piedad Córdoba RuizCandidata al Senado de la República Pacto Histórico. #vocesenoposición
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