Por  Alfonso Castillo

El pasado mes de septiembre la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia presentó un nuevo informe de seguimiento a la implementación del acuerdo final de paz suscrito hace 5 años entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, con el cual se trazaban los lineamientos para poner fin a las causas que generaron el conflicto armado en Colombia y se edificaría la paz duradera y estable. El informe corresponde al período comprendido entre el 26 de junio y el 24 de septiembre del año 2021 y es parte de un ejercicio que esté entidad realiza cada 90 días para verificar el cumplimiento del proceso de implementación del AFP.

Y al igual que lo han hecho otros pronunciamientos, se reitera la preocupación de los evidentes incumplimientos por parte del gobierno colombiano para permitir que se consolide lo establecido en el mencionado acuerdo.

Se reconoce en el informe, como un avance positivo, la promulgación del acto legislativo a través del cual se crean las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, cómo están para brindar oportunidades a territorios duramente golpeados por el conflicto y que tendrán la posibilidad de elegir representantes a la cámara para que desde allí se desarrollen las acciones de reparación a comunidades abandonadas y que sufrieron los embates de la guerra.

Sin embargo, también se establece como preocupante, la presentación del proyecto de presupuesto para el año 2022, “…que, aunque aumentan los recursos, disminuye notoriamente los relacionados con algunas partes del acuerdo final, (solución al problema de las drogas de uso ilícito, la fiscalía general de la nación y la unidad nacional de protección) …”[i]. Así como, la disminución de presupuesto para algunas entidades gubernamentales claves en la implementación del AFP.

En este aspecto presupuestal el informe de Naciones Unidas coincide con lo establecido por el informe presentado en el mes de marzo del 2021 por la Contraloría General de la República en el que se establece igualmente que, a pesar del aumento en el presupuesto para la paz, estos nunca se han gastado adecuadamente, porque hay negligencia institucional, corrupción y ausencia de articulación de las entidades encargadas de la ejecución presupuestal para la implementación del acuerdo.

Un aspecto importante mencionado en el informe de las Naciones Unidas da cuenta de la gran preocupación que existe sobre el tema de protección y seguridad tanto de excombatientes, como de comunidades afectadas por el conflicto, de líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, se señala entonces que las disputas por el control de territorio de grupos armados ilegales, entre ellos grupos disidentes, el Ejército de Liberación Nacional, ELN y grupos paramilitares, que han intensificado la espiral de la violencia lo cual se expresa en el asesinato de líderes, lideresas, firmantes del acuerdo, así como, perpetración de masacres, amenazas, desplazamientos y confinamiento de muchas comunidades que coinciden con los territorios PDET.

Y a pesar de que se reconocen los esfuerzos que desarrolla el Estado para establecer mecanismos de protección tanto a excombatientes como a comunidades vulnerables, estos resultan absolutamente insuficientes y no logran contener la violencia que se desata contra ellos.

Aquí es importante señalar que el gobierno de Iván Duque ha sido incapaz de diseñar una estrategia efectiva y eficaz que contribuya al desmonte de las estructuras paramilitares a lo largo y ancho del país a pesar de que múltiples reuniones con organizaciones y comunidades así lo han exigido no se muestran los resultados concretos en este aspecto y al contrario cada día se siente qué grupos paramilitares actúan con mayores libertades e impunidad.

El Informe destaca que transcurridos 4 años de la dejación de las armas por parte de las FARC, son muy importantes los logros que se han obtenido con el proceso de paz, entre esos logros se puede destacar, la disminución de ataques a la infraestructura y enfrentamientos armados, asimismo la disminución de muertes y personas heridas, también hay que señalar que la firma del acuerdo final de paz ha creado las condiciones para que las comunidades en muchos lugares del país puedan expresarse y movilizarse para exigir el cumplimiento de derechos vulnerados o no implementados por el gobierno nacional.

Pero al mismo tiempo que se destacan estos logros se establecen importantes desafíos en los que hay una larga tarea y establecer un claro compromiso del gobierno nacional para el cumplimiento de lo acordado en el acuerdo final de paz, entre estos, se manifiestan en el informe los siguientes aspectos:

a) Acceso tierras, a la fecha persisten más deficiencias en el cumplimiento tanto de la adquisición de tierras para el establecimiento de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y asimismo para la implementación de programas de vivienda para los ex combatientes.

b) Igualmente, ya que hay avances importantes en el número de proyectos productivos aprobados, una parte importante de estos se desarrollan en tierras en arriendo porque no ha sido posible adquirir los predios para los mismos.

c) Los temas de salud, aunque hay importantes avances en los programas para atender a la población con discapacidad, se manifiesta una preocupación por cuánto hay demoras persistentes en el suministro de alimentos en los espacios territoriales de capacitación.

En relación con los 5 puntos del acuerdo el informe de Naciones Unidas manifiesta gran preocupación por el lento avance en la implementación del punto de reforma rural integral, asimismo el punto relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos, esto debido fundamentalmente a una inadecuada gestión de recursos, y la cooperación interinstitucional.

El informe reconoce los importantes avances en el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición, dónde se hacen evidentes los desarrollos en favor de los derechos de las víctimas tanto en la jurisdicción especial para la paz, la comisión de la verdad, la cual ahora amplía su mandato para presentar el informe por 7 meses más, de acuerdo a una autorización de la corte constitucional, proferida recientemente, también son importantes los logros alcanzados por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Igualmente se señala la falta de compromiso del gobierno para la convocatoria del consejo Nacional de paz reconciliación y convivencia, a pesar de una reiterada solicitud por parte de varios de los integrantes del mismo.

En general el informe es un campanazo de alerta, para el gobierno de Iván Duque claro, pero especialmente para quienes cómo candidatos participan del proceso de elección tanto al senado de la República y presidencia de la república que se realizarán en el año 2022, porque es necesario que desde el parlamento y el gobierno nacional se hagan esfuerzos más sistemáticos orientados a garantizar el cumplimiento de lo pactado hace ya cinco años y darle la posibilidad al país de poner fin al largo conflicto armado interno, contrario pueden intensificarse las acciones armadas por cuenta de los grupos disidentes, pero también el recrudecimiento de la guerra en muchos territorios en disputa por el control de los mismos para el desarrollo de actividades ilícitas, igualmente la persistencia del conflicto no era posible que se introduzcan las modificaciones necesarias en la policía y las fuerzas armadas que a la fecha siguen implementando acciones bajo la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno, las cuales siguen provocando estigmatizaciones en las comunidades, y en todo caso acciones violatorias del derecho internacional humanitario, y evidentes violaciones a los Derechos Humanos.

La próxima campaña electoral debe ser la oportunidad para que quiénes participan en ella manifiesten como parte de la misma, su compromiso y determinación para cumplir lo pactado en el acuerdo final de paz.

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[i] Naciones Unidas. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia

Informe del Secretario General. Consejo de Seguridad. 24 de septiembre de 2021

Español. Original: inglés

Alfonso Castillo, Defensor de los Derechos Humanos