Colombia: Sin ambiente para la vida

Por Alfonso Castillo 

Colombia se ubicó en el muy deshonroso primer lugar de países en el mundo dónde la labor de defensa del territorio y el medio ambiente puede tener implicaciones letales, así se establece en el informe presentado el 13 de septiembre del año 2021 por parte de la ONG Global Witness, qué reporto que en el año 2020 fueron asesinados 227 líderes ambientalistas en el mundo, de los cuales 65 fueron asesinados en el territorio colombiano.

El reporte, no deja de ser preocupante, no solo por lo que pareciera ser la falta de acciones efectivas por parte del gobierno de Iván Duque para detener el ataque sistemático a hombres y mujeres qué se han levantado para defender la tierra y el territorio de incursiones de grupos armados ilegales, pero así también, de empresas transnacionales dedicadas a la explotación minera y energética, así como, al desarrollo de proyectos agroindustriales que afectan el medio ambiente, Pero quizá la mayor preocupación corre por cuenta de considerar que este tipo de acciones criminales no son consecuentes, con la lucha que deben emprender la sociedad y especialmente los gobiernos, para detener la crisis climática y el calentamiento global que pone en riesgo y amenaza el futuro del planeta. Las personas asesinadas se dedicaban a la protección de ecosistemas frágiles, así como bosques, ríos, áreas costeras y océanos, perteneciendo la mayoría de las víctimas a grupos étnicos, sujetos de especial protección. Todos estos hechos se presentaron mayoritariamente, en Colombia (65), México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), Congo (15) y Nicaragua (12).

El reporte de la ONG no duda en señalar la responsabilidad que tienen algunas empresas qué en el desarrollo de modelos extractivistas para aumentar sus ganancias, exacerban la crisis climática y en algunos casos alientan, en complicidad con gobiernos qué amparados en la alta impunidad reinante como en  Colombia,  estimulan el desarrollo de acciones criminales contra defensores y defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente y/o contra comunidades que se oponen al desarrollo de estos proyectos, a lo cual se suma la propia acción del gobierno de Iván Duque, desde el cual se promueven acciones judiciales y de estigmatización contra defensores y defensoras. Incluso como lo señala el informe, la crisis sanitaria desatada por la pandemia del Covid-19 no sirvió sino para exponer mucho más a los defensores y líderes ambientales, pues los obligó a estar en sus casas siendo blanco fácil de ataques criminales, así mismo, las medidas implementadas para la protección de personas en riesgo y/o amenazadas, se redujeron bajo el pretexto de que las personas se encontraban “a salvo” en casa.

En el caso colombiano, el informe indica que “…por segundo año consecutivo se reporta el mayor número de asesinatos en el año 2020 correspondiendo a una cifra de 65 personas vinculadas a procesos de defensa de la tierra y el medio ambiente…”   y apelando un reciente informe de Naciones Unidas reitera que este “tipo de asesinatos se clasifican como violencia endémica”. Esto quiere decir qué las expectativas de superar este tipo de situaciones que se generaron con la firma del acuerdo final de paz en el año 2016, ha terminado convertido en una nueva frustración y la tierra nuevamente se convirtió en escenario de disputa por control territorial “…en muchas de las áreas más remotas los grupos paramilitares y criminales incrementaron su control mediante el ejercicio de la violencia contra las comunidades rurales ante la falta de la protección estatal”, indico el informe.

El incumplimiento por parte del gobierno de Colombia de lo pactado en el acuerdo final de paz, tiene buena parte de la responsabilidad en qué está cifra de violencia contra líderes y lideresas sociales y contra defensores y personas que protegen el medio ambiente, por cuanto a la negativa a implementar el punto 1 referido a la Reforma Rural Integral qué entre otras cosas garantizaría acceso de las personas y las comunidades a tierras aptas para el desarrollo de proyectos productivos, así como, a una serie de condiciones que mejorarían los procesos productivos de las comunidades campesinas, pero por cuenta del gobierno han sido más los sabotajes y ataques al acuerdo final, que los compromisos reales para transformar la realidad rural colombiana que sigue siendo un  escenario de disputa de grupos criminales, en las que también participan terratenientes, empresas transnacionales, entre múltiples actores. Igualmente la negativa a cumplir el punto de drogas de uso ilícito en el acuerdo final de paz, que entre otras comprometía al gobierno en el diseño de programas de sustitución de cultivos de coca, y por cuenta de dicho incumplimiento, en muchas de las regiones agrarias de nuestro país, donde antes se establecían las FARC, ahora esos territorios son campo de disputa criminal entre distintos grupos dedicados o interesados en el control de las rutas del tráfico de drogas, de esta manera 17 de los 65 asesinatos en el año 2020, contra defensores del medio ambiente tienen que ver con esta problemática.

Y aunque el informe de la ONG Global Witness, se refiere a los asesinatos también tenemos que señalar qué una gran afectación de esas tierras y territorios donde se ha instalado la violencia por cuenta de los grupos armados ilegales y las políticas estatales orientadas a facilitar el desarrollo de proyectos agroindustriales, explotación minera, o desarrollo de proyectos de infraestructura, ha provocado, aparte los asesinatos, también situaciones de amenaza, desplazamiento de comunidades enteras, confinamiento de otras y reclutamiento forzado de menores, estigmatización, violencia sexual como sucedió el año pasado por cuenta de un grupo de militares en una región campesina al occidente del país, por parte de militares que  fueron señalados de responsables de acceso carnal violento, contra una niña indígena menor de edad, a eso se suman las judicializaciones y detenciones de las autoridades contra comunidades y líderes sociales que defienden el derecho de estas a permanecer y proteger el territorio.

Un último aspecto importante que debe señalarse como parte de la falta de compromiso del gobierno de Iván Duque con la protección del medio ambiente y de los defensores, es la ausencia de voluntad política para que desde el gobierno nacional y la bancada mayoritaria del partido Centro Democrático en el congreso de la república se ratifique el acuerdo de ESCAZÚ, que entró en vigencia desde el mes de abril del año 2021, Y qué el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para que esté sea ratificado por parte del congreso de la República.

Entre las recomendaciones más relevantes se destaca el llamamiento que hace el reporte para que se impulsara una acción global para la protección del medio ambiente, incluidas las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, igualmente se señala la necesidad de frenar el acaparamiento de tierras y la tala de bosques, así como, la creación de legislaciones que estimulan el acaparamiento de tierras o el impulso de proyectos mineros de gran escala.

Se establece por parte de la ONG la necesidad de que a través de las Naciones Unidas se reconozca formalmente el derecho humano a un medioambiente seguro saludable y sostenible, y en ese sentido el llamamiento para que los gobiernos promuevan políticas que garanticen la protección de personas que protegen y defienden el medio ambiente así como el desmonte de normas que estimulan la acción criminal contra el medio ambiente.

El informe señala entonces qué “…las personas defensoras son nuestra última línea de defensa contra el colapso climático…. En cada historia de desafío contra el robo y el acaparamiento de tierras por parte de las empresas, la contaminación y el desastre ambiental, hay esperanza de que podamos cambiar el rumbo de esta crisis y aprender a vivir en armonía con el mundo natural”

Alfonso Castillo Garzón, Defensor de los Derechos Humanos

https://www.sur.org.co/colombia-sin-ambiente-para-la-vida/?pdf=22111

Foto tomada de: La Razón