Este martes 13 de julio, autoridades de Venezuela ofrecieron detalles acerca de la relación de líderes del ala extremista de la oposición con las megabandas criminales que operan en zonas de Caracas, que además han sido entrenadas por paramilitares colombianos, devenidos en producto de exportación y el tema fue desarrollado extensamente por el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea. Para iniciar la discusión, relató que a propósito de la detención del opositor Freddy Guevara este 1 de julio en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una rueda de prensa en la que mostró la evidencia que lo vincula con lo que irónicamente llamaron ‘La Fiesta de Caracas’. Esta operación, explicó, se refiere a los eventos ocurridos entre el 7 y el 8 de julio –que realmente debían comenzar el 5 de julio, 200 aniversario de la Independencia– con el asesinato de personas a manos de las bandas criminales que operaban en la Cota 905. 

En fundamento de estas graves acusaciones, recuperó las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien dijo que gracias al operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro, en que se desplegaron más de 3.000 funcionarios de seguridad en el suroeste de Caracas, se pudo detener a criminales e incautar sus teléfonos, en los que se halló la evidencia presentada este 13 de julio. Los planes violentos en esta oportunidad incluyeron un atentado –fallido– con drones contra el presidente Nicolás Maduro, cuyos detalles pueden leerse en la nota periodística «4 drones que iban a matar a Maduro fueron desactivados el 22 de junio», publicado en el portal de LaIguana.TV.  

El comunicador relató que al fracasar la operación con drones contra el presidente, agentes de la oposición extremista activaron la violencia a través de las bandas criminales, a las que armaron y pagaron a través de Organizaciones No Gubernamentales. La alianza entre la oposición extremista y el paramilitarismo de la Cota 905 Con base en lo anterior, presentó datos en los que se apuntala la no tan obvia relación entre las andas de la Cota 905, lo que sucedió en Caracas entre el 7 y el 9 de julio y el ala extremista de la oposición.  Así, refirió que en rueda de prensa, el presidente de la AN mostró varias capturas de pantalla recuperadas de los celulares de los detenidos durante el operativo en la Cota 905, que daban cuenta de las conversaciones  entre Leopoldo López –desde Madrid–, Freddy Guevara y otros personeros de la oposición venezolana que, pese a que asisten a las mesas de negociación con el gobierno nacional y que han recibido medidas cautelares por parte del Estado venezolano, continúan en planes conspirativos para asesinar a Maduro, a personas inocentes y para traer a Venezuela escenarios propios de la narcopolítica colombiana. 

En el trabajo periodístico «La Fiesta de Caracas»: Gilber Caro, Graterón, Hasler Iglesias, Guevara y Leopoldo en nuevos planes, aparecido en LaIguana.TV, indicó, se aportan incidencias relativas a la ejecución de esta nueva avanzada violenta del sector antidemocrático de la oposición. Pérez Pirela apuntó, asimismo, que se trata de los mismos actores políticos que organizaron las guarimbas de 2017, un intento de magnicidio contra Maduro en 2018, un intento de golpe de Estado en 2019 y la Operación Gedeón en 2020 y completó con el señalamiento de Rodríguez en su rueda de prensa: «Creyeron que como aquí estaban los noruegos y la misión técnica exploratoria de la Unión Europea, tenían impunidad y mandaban a Freddy Guevara a las reuniones». 

En esta oportunidad, refirió el parlamentario, los dirigentes opositores Alfredo Jimeno y Gilber Caro sostuvieron conversaciones telefónicas en las que admitían que «los malandros quieren muestras de fe –dólares–» que debían conseguir, entre otros, Graterón y presentó capturas de diálogos de WhatsApp en las que el prófugo exalcalde de Chacao, Leopoldo López, le pedía a Iglesias «activar a los chamos», para tenerlos «protestando durante ‘La Fiesta de Caracas’». El funcionario enseñó evidencias de que el también exalcalde de Chacao, Emilio Graterón, se había reunido con los terroristas de la Cota 905. ¿Cómo llega el dinero con el que pagaron a los delincuentes de la Cota 905? Al aludirse a dineros dentro de las conversaciones, el analista puntualizó que, de acuerdo con lo aportado por Rodríguez, Yon Goicoechea, uno de los ‘gerentes’ de  las Organizaciones No Gubernamentales que supuestamente defienden a Venezuela, ha sido uno de los factores determinantes para convertir el dinero de criptomonedas en el efectivo con que pagan las acciones desestabilizadoras dentro del país. 

«Están surgiendo nombres y se están aclarando quiénes son los responsables de esta guerra que emprendieron las megabandas paramilitares a la que se vinculan agentes que operan desde el extranjero«, alertó y en ese orden, presentó ante la audiencia un miniperfil de Antonio Intriago, nacido en Venezuela y propietario de la empresa CTU Security, empleadora de los mercenarios colombianos que torturaron y asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Adicionalmente, refirió que también se ha hecho público que la empresa de Itriago es una de las opciones que estudiaron los creadores de la Operación Gedeón para ejecutar el contrato que finalmente Juan Guaidó terminó cerrando con Silvercorp, de Jordan Goudreau. 

Esta relación también fue advertida por el presidente de la AN, quien señaló que Itriago, el «reclutador de militares sicarios colombianos, organizó junto a Iván Duque en el 2019, el concierto en Cúcuta». La falsa desaparición de Freddy Guevara, experto en acciones terroristas En opinión de Pérez Pirela, uno de los actores fundamentales de estas acciones desestabilizadoras es Freddy Guevara, quien tras su detención, fue presentado mediáticamente como un caso de desaparición forzada perpetrado por las fuerzas del Estado venezolano, asunto que desmintió suficientemente Jorge Rodríguez.  Mencionó que este lunes, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, confirmó la detención del exdiputado Freddy Guevara por su presunta vinculación «con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno Colombiano» y seguidamente citó extensamente el artículo «Estos son los delitos que imputarán a Freddy Guevara (+Saab)» publicado en LaIguana.TV:  

«El militante de ultraderecha Freddy Guevara será imputado por los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Así lo informó el Ministerio Público (MP). A través de un comunicado compartido en Twitter por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, dicha institución confirmó este 12 de julio la detención del opositor, a quien se le ha vinculado ‘con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano’. En el texto, el MP indicó que para la investigación fueron designados dos fiscales con competencia nacional. ‘El Ministerio Público, junto a todas las instituciones del país, reitera su compromiso con la justicia en defensa de la paz y la tranquilidad de toda la población ante los ataques violentos que buscan desestabilizar y generar zozobra’, concluye el documento». 

Miguel Ángel Pérez Pirela destacó que, en concordancia con lo señalado por el poder judicial venezolano, este martes, el presidente de la AN de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró pruebas que vinculan a Guevara con un plan adelantado por el ala extremista de la oposición encabezada por el prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, denominado «La Fiesta de Caracas». Así, explicó, en esta tentativa, coordinada por López desde Madrid, también participaron otros dirigentes derechistas como Gilbert Caro, Emilio Graterón y Hasler Iglesias, y con ella se pretendía desatar una ola de violencia extrema en contubernio con las bandas paramilitares de la Cota 905 y La Vega los días 7 y 8 de julio, tras haber atentado previamente contra la vida del presidente Nicolás Maduro durante los actos del bicentenario de la Independencia. Asimismo, indicó que mientras todo esto se desarrollaba, el plan del extremismo opositor marchaba a medias, pues las autoridades pusieron en marcha un amplio despliegue policial para retomar el control del territorio y desarticular a los grupos delincuenciales. 

En estos momentos, Guevara intentó, a través de un mensaje en Twitter, vincular el ‘Acuerdo de Salvación Nacional’, la baza con la que Juan Guaidó pretendía condicionar un eventual proceso de negociación con el gobierno, con los eventos de la Cota 905 y otros asuntos como la minería ilegal y los ataques de grupos irregulares armados procedentes de Colombia en el estado Apure. Desde su óptica, se trata de una repetición, por parte de un líder de la oposición, de una conducta ampliamente conocida por los venezolanos: deslindarse de las acciones criminales que han liderado, ello a pesar de que desde mayo, el exparlamentario había sostenido reuniones con representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro para discutir con una eventual participación de la facción opositora a la que pertenece en las venideras megaelecciones, convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el 21 de noviembre. 

A este respecto, enfatizó que mientras el dirigente derechista se estaba reuniendo con el gobierno, supuestamente para negociar, estaba también fraguando estos planes con bandas paramilitares.  La incorporación de Guevara a las negociaciones son relevantes, aseguró, porque se trató de la primera acción política desarrollada dentro de los cánones de la democracia avanzada por él desde que recibió un indulto presidencial por liderar, junto al exdiputado Miguel Pizarro, las llamadas «guarimbas» de 2017, donde, entre otros graves crímenes, 25 personas fueron quemadas vivas, se lesionó a miles más, se incendiaron preescolares y se atacó y destrozó la infraestructura pública. 

Con el interés de dar cuenta de la gravedad del terrorismo liderado por Guevara en 2017, recordó que un testigo protegido sostuvo que «los líderes de la oposición reclutaron a jóvenes y menores de edad en células que tenían la misión de asesinar y destruir. Les pagaban con droga, ropa y dólares», prácticas que recuerdan las que desde hace más de dos décadas son reseñadas en los titulares que dan cuenta de la violencia paramilitar en Colombia. Resaltó, asimismo, que estas acciones fueron coordinadas, impulsadas y respaldadas públicamente por Guevara, como consta en videos de la época, al tiempo que una máquina comunicacional aseguraba, con base en los relatos de esa misma dirigencia extremista, que se trataba de manifestaciones pacíficas que eran ferozmente reprimidas por la fuerza pública por orden expresa del presidente Nicolás Maduro. 

Para ilustrar, compartió un video difundido por la Agencia Andes, del 19 de abril de 2017, en el que se ve al entonces diputado Freddy Guevara movilizando a encapuchados en marcha opositora y otro más del programa Cayendo y Corriendo, conducido por él en la estatal Venezolana de Televisión, en el que se vio a Guevara apoyando a encapuchados violentos opositores el 3 de mayo de 2017.  De este modo, pese al esfuerzo por ocultar la realidad, al político derechista se le vio entonces alentar activamente a quienes destrozaron propiedad pública, asesinaron a venezolanos e hirieron a otros tantos, aseguró. Empero, comentó que lejos de asumir su responsabilidad por estos delitos, al saber que las autoridades solicitaron el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, en noviembre de 2017, Guevara se escondió en la embajada de Chile en Caracas, donde solicitó asilo. 

A propósito de la huida de Guevara, la corresponsal de la cadena teleSUR en la capital venezolana, Madelein García, señalaba: «Hay que recordar la violencia y el terrorismo que dirigió durante cuatro meses. Menores de edad reclutados usaban símbolos de los guerreros templarios de la Guerra Santa», que servían como factor de motivación ante una «cruzada religiosa, donde ellos representan el combate del bien contra el mal, una especie de guerreros de Dios», narrativa que fue usada también por Óscar Pérez, el piloto que perpetró ataques terroristas contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Para el sacerdote y teólogo Bruno Renuad, «esos símbolos, efectivamente, forman parte de la armazón, de las armas que se ponen que se ponen al servicio de la causa», que, en este caso, implicaba el derrocamiento del gobierno venezolano a través de acciones terroristas, completó el analista.  

Así las cosas, en su opinión, la presunta vuelta al redil de la democracia de Guevara, que fue liberado por orden del presidente Maduro, fue puesta en sospecha desde el principio, dados sus antecedentes y hoy, la desconfianza luce justificada, pues los más recientes acontecimientos han demostrado que usó las conversaciones que se avanzan entre representantes de la administración del presidente Maduro y de las distintas oposiciones, para nuevamente articular planes terroristas, dijo para cerrar el punto. La «misión delicada» de la CIA en Colombia, el magnicidio en Haití y el ataque de las megabandas en Caracas Con el interés de mostrar las ramificaciones de esta trama conspirativa internacional, mencionó que que el más alto funcionario de la inteligencia de Estados Unidos (CIA), William Burns, llegó a Colombia el 30 de junio para participar en una misión «delicada» en materia de seguridad, como parte de la cooperación entre ambos países, según lo que informara el exembajador de Colombia en Washington, Francisco Santos. 

«Prefiero no decirle es una misión delicada, una misión importante en materia de inteligencia que logramos coordinar», respondió Santos al ser cuestionado sobre la misión, pero, a juicio del pensador venezolano, no puede dejarse de lado que esta visita surge luego que el presidente estadounidense, Joe Biden, sostuviera su primera conversación telefónica con su homólogo colombiano, Iván Duque. La colombianización de la violencia en Venezuela De este lado de la frontera, se ha pretendido desde hace largo –afortunadamente, sin éxito–, instalar una colombianización de la violencia, razón por la cual la vicepresidenta Delcy Rodríguez comparó el asesinato del mandatario haitiano con la fallida Operación Gedeón, incursión armada ejecutada por paramilitares entrenados por mercenarios estadounidenses en Colombia con la que se pretendió derrocar al gobierno venezolano, dar muerte a sus principales personeros e instalar un régimen teledirigido desde Washington. Desde el punto de vista de Pérez Pirela, la confesión de Luke Denman, exmarine estadounidense detenido y condenado en Venezuela, participante en la Operación Gedeón, es elocuente, pues admitió que había sido contratado para entrenar paramilitares en territorio colombiano, de cara a una invasión armada a Venezuela. 

 «Qué curioso que el magnicidio de Haití tenía la misma operación que la Gedeón», dijo Delcy Rodríguez en una rueda de prensa donde se presentó el balance de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro, desplegada por las autoridades para desarticular a la banda paramilitar que operaba en la Cota 905. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, destacó el experto, denunció que «mercenarios del ejército colombiano en situación de actividad» asesinaron «a un presidente en una patria hermana, Haití” y a propósito de lo sucedido en la Cota 905, donde bandas paramilitares ejecutaron acciones violentas para sembrar terror en la población local, destacó que mercenarios colombianos ingresaron a territorio venezolano para entrenar a «delincuentes y terroristas».  «Ahí van ellos: un ejército de mercenarios, un país exportador de violencia, de terrorismo.

La mayor amenaza que tiene América Latina y el Caribe es hoy la mafia que está en el poder en Colombia», dijo Maduro en una alocución. En el mismo tenor fueron las declaraciones de Miguel Domínguez, Comisario General de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que pueden leerse extensamente en el trabajo periodístico de LaIguana.TV intitulado: Comisario General de la FAES: mercenarios de Colombia asesoraban al «Koki».  Así, citó el comunicador, el Comisario General de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Miguel Domínguez, afirmó que «es indudable que el narcogobierno Colombiano es quien estaba dirigiendo a estas bandas paramilitares» que operaban en la Cota 905. 

En este sentido, Domínguez dijo que se ha demostrado que las técnicas usadas por estos grupos armados, no solo la fabricación de garitas y trincheras, sino además en las prácticas de asesinatos, cobro de vacunas, secuestros  y desplazamientos forzados, son propias del paramilitarismo. ‘Ya hemos capturado a tres colombianos y han estado confesando y en estos momentos estamos tras la búsqueda del resto de colombianos –más de 20– que estaban asesorando a esta banda paramilitar, cuyo objetivo era preparar una insurgencia para la toma de Caracas y el asesinato del presidente y líderes de la revolución, jefes militares y policiales’, indicó el funcionario». 

Padrino López: Colombia se ha convertido en una amenaza para la región Para el analista político, resultan de especial interés las declaraciones ofrecidas hoy por el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en las que aseguró que quienes gobiernan Colombia se han convertido en una amenaza no solo para Venezuela sino para la región. A modo de resumen, indicó que en el caso venezolano, Padrino López resaltó la relación entre las visitas de altos funcionarios de agencias del gobierno estadounidense a Colombia con el magnicidio en Haití, los ataques en la frontera, los intentos de desestabilización en Cuba y los ataques de bandas paramilitares en Caracas. 

En el parecer del general venezolano, esto se corresponde con una tentativa de Washington para «balcanizar» la República Bolivariana de Venezuela y atentar contra su soberanía, su gobierno e instituciones. «Han fracasado nuevamente en este intento de desestabilización empleando bandas entrenadas por paramilitares enviados desde Colombia», citó extensamente al titular de la cartera de Defensa de Venezuela, quien también precisó que estos agentes usan «las mismas tácticas perversas, criminales» que ha enfrentado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en estados fronterizos con el vecino país, como Apure, Zulia o Amazonas. 

Colombia, país exportador de mercenarios Como último tema de discusión de esta emisión de Desde Donde Sea, Pérez Pirela disertó en torno a la exportación de militares desde Colombia hacia distintos países.  A ese respecto, refirió que en un informe elaborado en 2019, Sean McFate, profesor de las universidades estadounidenses de Georgetown y Defensa Nacional, aseguró que los Emiratos Árabes Unidos han estado contratando a los mercenarios colombianos para combatir contra el ejército y los comités populares en Yemen desde el inicio de la avanzada saudí y sus aliados contra ese país árabe, si bien también pueden encontrarse mercenarios de otras naciones latinoamericanas como Panamá, Chile o El Salvador.  

Asimismo, recuperó la reseña que hiciera HispanTV sobre las declaraciones que fuente militar ofreciera a Reuters, según las cuales «los exmilitares colombianos con experiencia en contrainsurgencia y antiterrorismo o que han recibido entrenamiento en Estados Unidos e Israel son las mejores opciones para ser contratados como mercenarios», amén de que, de acuerdo con McFate, son más baratos que exsoldados estadounidenses o británicos. También subrayó que el senador Iván Cepeda Castro considera que el Estado colombiano no ha tomado medidas contra la participación de Colombia en el mercado mundial de mercenarios, porque sería atentar contra la exportación de un modelo de violencia basado en métodos ilegales que se imparte a miembros del ejército colombiano en academias militares estadounidenses. 

Enfatizó además el hecho de que Cepeda insistió en que valía la pena cuestionarse acerca de la relación geoestratégica entre Washington y Bogotá, particularmente en lo tocante a los derechos humanos y al respeto de la soberanía de terceros países. En este orden, trajo a colación los señalamientos del senador Gustavo Petro, quien apuntó a los vínculos entre el gobierno del presidente Iván Duque y el reclutador de los mercenarios que perpetraron el asesinato del presidente de Haití, que pasan por el ala extremista de la oposición venezolana de la que forman parte Leopoldo López, Juan Guaidó y Freddy Guevara. 

Con esto coincide un reporte de la agencia rusa RT, en el que se asegura que la exportación de exmilitares colombianos en calidad de combatientes o participantes del negocio de la guerra se ha extendido más allá de las fronteras de América Latina y es posible encontrarlos participando en los conflictos de Irak, Afganistán o Yemen, en donde defienden los intereses de los Estados Unidos, impulsor de estas guerras y, según reportes oficiales, son usados también para resguardar sedes diplomáticas. Esto tampoco pasó desapercibido para la exsenadora y activista por los derechos humanos, Piedad Córdoba, que en Twitter compartió una fotografía de los exmilitares sindicados de participar en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.  

«A mí lo que más me desconcierta es que la JEP haya podido haber autorizado la salida del país de militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales», escribió Córdoba en el tuit que acompañaba la foto. Para ahondar en detalles, Pérez Pirela compartió un audiovisual de RT, en el que se explica por qué Colombia tiene una mano de obra mercenaria barata y a continuación, ofreció un recuento de hechos que dan cuenta de lo sostenido por la cadena rusa:  –En opinión de algunos expertos, Colombia se ha convertido en una fábrica que exporta mercenarios a países inmersos en graves conflictos internos, pues dispone de una abundante mano de obra calificada capaz de desempeñar esas labores. 

–En la actualidad, según cifras oficiales, las Fuerzas Armadas colombianas cuentan con más de 230.000 efectivos activos, muchos de ellos entrenados ora en los Estados Unidos e Israel, ora por el ejército estadounidense dentro de territorio colombiano, cuya presencia militar se incrementó a partir de 2001 con la activación del Plan Colombia y la posterior instalación de siete bases militares durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). –A lo anterior se añade la propia experiencia del ejército colombiano en el combate de insurgencias armadas y el hecho de que unos 15.000 efectivos entrenados para la guerra abandonen la institución castrense cada año, cuyo destino no es seguido por las instituciones del país. 

Las autoridades de Colombia, aseveró el comunicador, justifican la exportación de mercenarios a partir de alegatos como los que ofreciera Luis Fernando Navarro, general del Ejército de Colombia o Eduardo Zapateiro, Comandante del Ejército Nacional de ese país.  Navarro aseguró que al terminar su servicio militar, los oficiales y suboficiales «se convierten en ciudadanos de pleno derecho» y pueden hacer, como el resto de la población, lo que estimen conveniente para ganar dinero.  «Nosotros no tenemos ninguna facultad ni nada que nos ordene (…) que tengamos que hacerle seguimiento a qué es lo que pasa con ellos. No tenemos cómo ni por qué hacerlo» sostuvo este efectivo en una alocución. 

Por su lado, Zapateiro reconoció en declaraciones ofrecidas a Reuters que los exmilitares colombianos suelen ser contratados como mercenarios «debido a su experiencia» en acciones bélicas e indicó que era «una pena» porque habían sido entrenados «para otras cosas». «En pocas palabras, esto significa que el Estado colombiano elude toda responsabilidad sobre lo que hagan los miembros de su fuerza, ello a pesar de que exmilitares colombianos han participado como mercenarios en acciones criminales ejecutadas en terceros países, siendo la más reciente de ellas el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Möise, por el que han sido detenidos más de 10 antiguos miembros del Ejército Nacional de Colombia, pero de ningún modo la única», reflexionó Pérez Pirela. Por ello, a pesar de los intentos de las autoridades de Colombia por salvar su responsabilidad, en el caso del asesinato del mandatario haitiano, han comenzado a hacerse públicas pruebas que siembran dudas acerca de la aparente inocencia del gobierno del presidente Iván Duque en los hechos, como por ejemplo, el que Migración Colombia dejara salir del país a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales. 

Para concluir, destacó que «Colombia se ha convertido en un Estado fallido, en un Estado sin ley, exportador de cocaína y mercenarios; Colombia es la nueva Escuela de las Américas, al punto que el paramilitarismo tiene ocupado 67% del territorio colombiano», como asegurara el presidente de la AN de Venezuela, Jorge Rodríguez.  Así, se han creado las condiciones para que empresas contratistas de guerra se hagan con los servicios de exefectivos militares colombianos para que ejecuten crímenes en otras naciones, tales como el magnicidio en Haití o la Operación Gedeón en Venezuela, eventos que demostraron estar relacionados a partir de los nexos que tienen con las «compañías de seguridad» el presidente colombiano, Iván Duque y políticos pertenecientes al ala extremista de la oposición como Leopoldo López y Juan Guaidó.  

(LaIguana.TV)