“Exponer a los oprimidos la verdad sobre la situación, es abrirles el camino de la revolución”.

Trotsky

Por Jorge Molina Araneda

He aquí una breve radiografía del Chile que no queremos, aquel que ha sido saqueado por sus cúpulas políticas, empresariales y dirigenciales. Este Chile que paulatinamente se ha levantado para decir basta al descarado abuso que ha sufrido en su historia y que está expectante ante un potencial nuevo rumbo constitucional que puede tomar en aras de la justicia social. Este es el Chile que ha sido humillado y que debe cambiar…

Crédito con Aval del Estado (CAE): si en el 2006 el CAE representaba el 2,4 % del presupuesto para Educación Superior, hoy supera el 24,4% y, además, el fisco comprometió $553.564 millones para este 2019. Según la última edición del estudio de Fundación SOL, Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE, entre 2006 y 2018 los bancos han entregado 7.657 millones de dólares en créditos CAE, unos 5,3 billones de pesos chilenos (millones de millones) a más de 870 mil estudiantes. Si comparamos, la deuda total de los deudores CAE, esta equivale al 10,4% del Presupuesto Nacional para el año 2019. Este gran monto de crédito, entregado a estudiantes que proyectaban poca seguridad laboral y bajos sueldos al egresar, no era rentable para la banca, por lo que tras la aprobación de la Ley CAE en 2003, se ideó un modelo de negocio donde el Estado pagaría las ganancias no recibidas por los bancos. Más de la mitad de estos créditos ya han sido “recomprados” por el fisco a los bancos, los que además de cobrar el interés de un 6% original que tiene el CAE, cobra otro “sobreprecio” al Estado, que es llamado “recarga”, la que en promedio llega a un 25% por cada crédito. Este mecanismo fue ideado en el reglamento de la Ley del CAE y fue la clave para que la banca se hiciera parte del sistema de financiamiento, a fines del Gobierno de Ricardo Lagos y principios de la primera administración de Michelle Bachelet. El informe establece que entre 2006 y 2018 el fisco ha recomprado el 53,7% de los créditos CAE, que por esta recompra pagó $3,59 billones (millones de millones), de los cuales $734.105 millones corresponden a la recarga. Es decir, el Estado ha pagado más de un millón de dólares en sobreprecio a los bancos. El 2018 es de los años en que el fisco ha pagado uno de los montos más altos por la recompra: $78.555 millones. Como la cantidad de créditos otorgados bajó de 299 mil en 2017 a 269 mil en 2018, el Estado recompró menos créditos que el año anterior, pero el monto de esa recompra aumentó en $10 mil millones respecto al 2017. la cantidad de billones de pesos entregados por el fisco a las entidades bancarias echa por tierra la tesis de la falta de financiamiento para ampliar la matrícula de educación superior a principios de los años 2000. “El argumento de la escasez de recursos para acudir a la banca, claramente dejó de ser válido”, destacaron en el informe. El análisis de Fundación Sol definió que el 90% de los créditos CAE ha sido entregado a tres bancos: Scotiabank, Itaú-CorpBanca y Banco Estado. Además, los bancos Itaú-CorpBanca, Internacional, Santander y Scotiabank han sido los más beneficiados con la recompra y concentran más del 50% de los créditos recomprados. Por otra parte, el BCI ostenta el mayor porcentaje de sobreprecio pagado por el Estado, el que llega a un 55,6%.

Isapres: de acuerdo a la nota Utilidades de las Isapres saltan con fuerza en el año de la pandemia (La Tercera, 2021), las aseguradoras privadas lograron utilidades por $82.548 millones en 2020, lo que equivale a un alza de 772% respecto de los $9.465 millones de 2019. En el último cuarto, en tanto, las ganancias totalizaron $16.100 millones (unos US$22 millones), levemente por debajo (-2%) de los $16.400 millones del mismo periodo del año anterior. En términos desagregados, con $26.354 millones, Colmena es la que registra mayores utilidades. En orden le siguen Banmédica, con $22.550 millones; VidaTres con $17.213 millones; Nueva Más Vida con $13.110 millones y Consalud con $5.701 millones. CruzBlanca, en tanto, registró algunas pérdidas.

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): de siete AFP que operan en Chile, cinco lograron ganancias superiores a los $100 millones diarios en 2020. Habitat obtuvo en diciembre $351 millones por día. ProVida logró más de $211 millones de pesos diarios. AFP Capital, más de $163 millones diarios, mientras que Cuprum obtuvo $124 millones diarios. Modelo logró $106 millones de pesos diariamente. PlanVital solamente alcanzó utilidades de $59 millones por día y la AFP Uno solo tuvo pérdidas en diciembre. En conclusión, más de mil millones de pesos en utilidades por día en 2020. Una cifra importante, dado que en paralelo el país vio retroceder la economía debido a los efectos de la crisis sanitaria. En 2019, las utilidades de las AFP alcanzaron 1,2 mil millones de pesos diarios, según reportó esa industria a la Comisión para el Mercado Financiero.

Precio de los medicamentos: los medicamentos originales son 38% más caros en Chile que el promedio de precios de los países de Latinoamérica. Así lo muestra un estudio hecho por la consultora IMS Health, que se define como el proveedor líder mundial de inteligencia de mercado para las industrias de esta naturaleza. Según sus informes, Brasil es el país que tiene los medicamentos originales más baratos, con un costo promedio de 14,5 dólares por envase, una cifra que casi se duplica en Chile, con una media de 28,5 dólares por este tipo de fármacos. En una entrevista el creador de la Yapp, una aplicación que permite comparar los precios de los medicamentos en Chile, señaló que las cifras entregadas por el estudio no son sorprendentes, agregando que en Chile, “el 85% de los gastos en medicamentos viene del bolsillo, solo el 15% viene por cobertura de seguros. En otros países, esto llega a un 30% o 40%”. A mayor abundamiento, el gasto de bolsillo en salud de una familia promedio, es decir, lo que desembolsa cada mes y que no es cubierto por los seguros, Isapres o el Fondo Nacional de Salud, aumentó en 50% entre 2012 y 2016. Este tipo de circunstancias tiene directo impacto sobre las personas, hay que recordar que solo en medicamentos un hogar, con una salud promedio relativamente normal, destina $150.000 cada año, siendo el principal ítem de gasto en el rubro, justamente debido al alto precio de los fármacos y a la poca cobertura que tiene este tipo de productos en los sistemas de seguro. Esta desfavorable situación es particularmente notoria en el caso de los fármacos originales, llamados innovadores porque tienen la patente del principio activo y que suelen ser los productos más actuales para dar tratamiento a distintas enfermedades. En promedio, este tipo de medicamentos se comercializa a US$ 28,5 en las farmacias nacionales, siendo el costo más alto de los países analizados, superando en 38% el precio de venta promedio de la región. A título de ejemplo, en Argentina se paga en promedio US$ 17,6 por este tipo de productos.

Pensiones: de acuerdo al informe Pensiones bajo el mínimo (Fundación SOL, 2020), en los últimos 10 años, el sistema de AFP y Compañías de Seguro ha más que duplicado el número de pensiones de vejez pagadas, finalizando el 2019 con más de 980 mil pensiones de vejez edad y vejez anticipada. Hoy ya tenemos una primera generación que ha cotizado íntegramente bajo la lógica de las cuentas individuales en las AFP. Este este estudio analizamos los resultados de las pensiones pagadas, constatando una alta insuficiencia de los montos para superar indicadores como Salario Mínimo y Línea de la Pobreza. Los resultados son concluyentes y desastrosos. A diciembre de 2019, el 50% de los 984 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $202 mil (en estricto rigor $145 mil, si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado).

Sueldos: el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $401.000, 2 de cada 3 trabajadores menos de $550.000 líquidos y solamente el 19,4% gana más de $800.000 líquidos. En noviembre de 2019, la línea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar promedio de 4 personas, es de $445.042, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social. “Si consideramos solo a los asalariados del sector privado que trabajan jornada completa, la mediana es $449.652, esto quiere decir que prácticamente el 50% ni siquiera podría sacar a un grupo familiar promedio de la pobreza y se hace obligatorio que al menos dos personas trabajen en el hogar”, señala el reporte. Específicamente, el 54,5% del total de ocupados en Chile, no podría sacar a una familia promedio de la pobreza (62% en el caso de las mujeres y 49% para los hombres) y el 49,2% de los asalariados privados que trabajan jornada completa se encuentra en igual situación. Los datos además dan cuentan de una brecha de género importante, dado que el 84,8% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $800 mil líquidos. El promedio de ingresos que perciben las mujeres equivale al 71,9% del ingreso percibido por los hombres.

A nivel regional, también hay claras diferencias, porque en Coquimbo, Libertador Bernardo O´Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Arica y Parinacota y Ñuble se observa un atraso salarial más pronunciado, porque el 70% de los ocupados (as) percibe menos de $520 mil. Por otro lado, se puede constatar que en 38 de las 52 provincias con información disponible, la mediana no supera los $400 mil líquidos. En 17 de las 33 grandes ciudades chilenas informadas, la mediana no supera los $400 mil, en 12 se ubica entre $400 mil y $500 mil y solo en Coyhaique, Antofagasta, Calama y Punta Arenas se supera los $500 mil.

En cuanto a dependencia laboral, también hay una brecha evidente. Se estima que existen 1,1 millones de trabajadores asalariados externos (subcontratación y suministro). Los trabajadores directamente contratados, en promedio perciben salarios 15,1% mayores que los externos y esa brecha supera el 80% en sectores tales como minería, administración pública y actividades financieras, entre otros. Además, se registran 1.164.736 de “falsos asalariados”, vale decir, personas que no tienen contrato de trabajo y, por lo tanto, no tienen acceso a cotizaciones de salud, ni previsión, ni seguro de cesantía. Tampoco se rigen por las normas del Código del Trabajo (no pueden constituir sindicatos ni negociar colectivamente). De ellos, el 80% gana menos de $454 mil. Asimismo, en Chile hay casi 840 mil subempleados, y el 50% gana menos de $176 mil.

Endeudamiento: según los datos del XXIX Informe de Deuda Morosa Universidad San Sebastián-Equifax, en Chile se registraron 4,9 millones de deudores morosos a junio de 2020, con un monto promedio de la morosidad es de $1.894.721. Además, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (VIII EPF) del INE, más del 70% de los hogares está endeudado. Se trata de un fenómeno que ha tomado características estructurales. De hecho, para el tramo de edad entre 25 y 44 años, mientras se contabilizan 3,67 millones de ocupados (tienen trabajo), se registran 2,49 millones de morosos, lo que equivale a casi un 70%. Además, el 71,1% de los morosos a nivel general ha permanecido en morosidad y no salió de esa condición durante 2019. En el Gran Santiago, las 9 comunas que presentan mayor nivel de personas morosas en relación con el total de habitantes mayores de 18 años son: San Ramón, Lo Espejo, La Pintana, El Bosque, Cerro Navia, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Lo Prado y Conchalí. Todas estas comunas, precisamente, concentran un mayor número de hogares que registran ingresos medios o bajos, y el porcentaje de personas morosas se ubica entre 51,3% y 43,8% de sus habitantes mayores de 18 años.

Desigualdad: de acuerdo a la Cepal (2017), en Chile el 50% de los hogares de menores ingresos tenía un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% concentraba un 66,5% del total y el 1% más acaudalado concentró el 26,5% de la riqueza. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ¿Un elevador descompuesto? Cómo promover la movilidad social (2018) afirma grosso modo que como la desigualdad en los ingresos aumentó desde la década de 1990, la movilidad social se estancó; eso significa que menos gente en la parte inferior de la escalera social ha podido ascender mientras los más ricos han mantenido sus grandes fortunas. Luego, considerando los actuales niveles de desigualdad y la movilidad intergeneracional de los ingresos, un niño de una familia pobre necesitaría en promedio por lo menos cinco generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos en los países de la OCDE. Asimismo, dicho informe señala que en naciones con alta movilidad social y baja desigualdad, los nacidos en familias de bajos ingresos tardarían entre tres y cuatro generaciones en acercarse al ingreso medio de la sociedad. En tanto, los nacidos en Estados de baja movilidad social y alta desigualdad, podrían requerir hasta once generaciones. En el caso particular de Chile, la movilidad social ascendente tarda en promedio la friolera de seis generaciones, es decir, 180 años aproximadamente.

Utilidades de los bancos: en los primeros cuatro meses de este año 2021, los bancos más grandes acumularon utilidades por $6.239 millones al día. En total las cuatro instituciones sumaron más de $748 mil millones en este período. El Banco BCI, por ejemplo, incrementó sus utilidades en un 58,3%.

El banco ITAÚ, del grupo Saieh, obtuvo $109.505 millones en este cuatrimestre. El BCI, del grupo Yarur, $189.218 millones. El banco de Chile, del grupo Luksic, $212.584 millones. El banco Santander, del grupo Santander (España), $237.461 millones (Diario Financiero).

Educación: de acuerdo a la economista Andrea Repetto (2012), en Chile el apellido tiene un poder predictivo relevante en los ingresos. La estratificación social es persistente. En otras palabras, hay una cierta movilidad social, pero con techo. El estudio Desigualdad, segregación y resultados educacionales (2014) del Centro de Estudios Públicos (CEP), realizó un cruce entre los datos de remuneraciones promedio y puntajes Simce según la proximidad de domicilio con una estación del metro en que viva una familia, encontrando estrechas correlaciones entre el lugar donde se vive, el grupo socioeconómico y resultados académicos. Los resultados del SIMCE de 2017 reflejan que no hemos logrado acortar las brechas socioeconómicas de manera significativa. En Lenguaje la diferencia está entre 50 y 60 puntos en todos los niveles educativos, mientras que en Matemáticas la brecha comienza con 60 puntos en 4º básico y aumenta hasta 105 puntos en 2° medio”. Luego, la diferencia entre estudiantes de sectores socioeconómicos alto y bajo es de dos años (http://educacion2020.cl/noticias/educacion-2020-sobre-simce-2017-el-diagnostico-esta-claro-es-hora-de-innovar-en-la-sala-de-clase/).

Medicina: Chile tiene una situación muy deficitaria de médicos y enfermeras, de camas hospitalarias y de medicamentos genéricos, como lo revelan datos de la OCDE: en comparación con los países integrantes de esa organización, Chile muestra un menor número de médicos (1,7 x 1.000 hab.) que el promedio de los otros países (3,2 x 1.000 hab.), menor número de enfermeras (4,2 x 1.000 hab. versus 8,8 x 1.000) y menor tasa de camas hospitalarias (2,1 x 1.000 hab. versus 4,8 x 1000), así como el porcentaje de medicamentos genéricos en el mercado es de 30 por ciento en Chile y de 75 por ciento en los países de la OCDE. Menos de 50 por ciento de los médicos trabajan en el sector público y una mayoría en el sector privado, atraídos por más cómodas condiciones laborales y mayores ingresos económicos. La cobertura de la atención odontológica es limitada: la OMS recomienda 1 dentista por 2.000 habitantes; se estima que Chile tiene alrededor de 18.000 odontólogos, 1 x 958 habitantes; de ellos, apenas alrededor de 4.000 trabajan en el sector público de salud. El gasto de bolsillo en salud es elevado en Chile: 4,6 por ciento mientras en el promedio de los países pertenecientes a la OCDE es de 2,86 por ciento, lo cual, en términos de equidad social, revela una de las deficiencias más graves del sistema.

Humillación social general: De acuerdo al informe How’s Life (2020) de la OCDE, el 53% de la población chilena está en riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos, el quinto país del bloque con el mayor porcentaje y lejos del 36% que promedia todo el grupo. Según la ONG Techo, entre los años 2011 y 2019 los campamentos aumentaron en Chile un 22%, llegando a 47 mil hogares y que, tras la crisis social, el número estaría acercándose -en los primeros análisis- a 52 mil familias o más y lo más probable es que en el contexto post Covid-19 esto se va a disparar probablemente a 100 mil hogares. Los médicos siempre piden lavarse las manos varias veces al día para evitar el contagio de coronavirus pero, de acuerdo a los datos del censo 2017, hay 383.204 viviendas que no cuentan con agua potable. El 56% de las viviendas en la Región Metropolitana son menores de 70 m2; siendo las 3 comunas con viviendas de menor área: María Pinto con 47,8 m2, San Pedro con 48,37 m2 y La Pintana 48.48 m2. En los sectores acomodados, los promedios del tamaño de las viviendas son: Lo Barnechea, 169,1 m2; Vitacura, 154,5 m2 y Las Condes 116,6 m2. (Estas últimas cifras han aparecido a la luz pública a raíz de los aislamientos y cuarentenas que deben realizarse por el Covid-19).