EDITORIAL | El País | España| 22/02/2021

Es necesario para cerrar heridas en Colombia que el expresidente aclare su participación en los ‘falsos positivos’

Sepultureros y expertos forenses buscan los restos de víctimas ejecutadas por miembros del Ejército colombiano durante el conflicto armado, en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, Colombia, el pasado 10 de noviembre. JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Después de casi tres años de investigación, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia publicó esta semana un estudio sobre el número de civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en medio de combates, lo que se conoce como falsos positivos. Hasta ahora el dato oficial más fiable era el de la Fiscalía —2.248 muertes—, pero el tribunal surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC eleva esa cifra a 6.402 solo entre 2002 y 2008 y advierte que pueden ser muchos más. La revelación vuelve a poner el foco en la política del expresidente Álvaro Uribe, que gobernaba Colombia durante el periodo investigado.

Uribe ha sido el gran opositor al proceso de paz de su sucesor, Juan Manuel Santos, y a la justicia transicional, que se negoció en La Habana. En el Senado impulsó con su partido, el Centro Democrático, reformas para diluir o acabar con el trabajo del tribunal. Los magistrados, a pesar del peso del uribismo en el Legislativo y en el Ejecutivo, han demostrado ser un órgano inquebrantable e independiente, y también han exigido respuestas de los máximos responsables de las guerrillas, motivo de celebración para la democracia colombiana.

Ha sido significativa, en este sentido, la reciente imputación de cargos por crímenes de lesa humanidad a los exdirigentes de la extinta guerrilla por los secuestros que cometieron durante décadas, una cruel práctica que ya reconocieron y por la que pidieron perdón. Se antoja más difícil ver algo similar con los falsos positivos. Aunque varios comandantes y soldados del Ejército se han acogido al proceso de la justicia transicional, en el que se evitan penas de cárcel a cambio de verdad y reparación, el reconocimiento por parte de los altos mandos militares ha sido más precario.

Uribe, como expresidente, no tiene una obligación legal ante la JEP. Aun así, el auto de esta semana hace hincapié en lo importante que sería su versión como comandante en jefe de las fuerzas militares para esclarecer los crímenes cometidos durante su Gobierno. En vez de comprometerse con el esclarecimiento, Uribe volvió a cargar contra sus críticos y acusó a organizaciones de derechos humanos de ser enemigas de su mandato.

La JEP, en su encomiable labor, pionera en cualquier proceso de paz, seguirá escuchando las versiones de militares que participaron en estos crímenes de Estado. Pero al demostrar con cifras que el mayor número de falsos positivos ocurrió entre 2002 y 2008 deja claro que Uribe guarda gran parte de la verdad sobre estos episodios. El conflicto, que se cerró después de más de cinco décadas, seguirá dejando heridas abiertas mientras haya, como en el caso del expresidente, quienes se niegan a afrontar sus responsabilidades.