EL ESPECTADOR  10 FEBRERO 2021

Por su importancia actual publicamos la siguiente nota del diario “El Espectador” del 11 de junio de 2011 relacionada con el Genocidio de la Unión Patriótica (UP):

Ante un notario, Carlos Ossa admitió que sectores de las Fuerzas Militares tuvieron que ver con el exterminio de la Unión Patriótica.

“En algunos sectores de las Fuerzas Armadas asociados con paramilitares y narcotraficantes se instrumentaban de manera eficiente las estrategias de eliminación de la Unión Patriótica”.

Esta declaración, correspondiente a un testimonio aportado el pasado 2 de junio (de 2011) por el exconsejero presidencial Carlos Ossa Escobar, tiene alborotado el entorno de los sobrevivientes de esta organización política y otras asociaciones defensoras de derechos humanos, al punto que ya fue enviada al despacho de la fiscal general de la Nación, Viviane Morales.

La pelea de los exmilitantes de la Unión Patriótica por recobrar la personería jurídica que le quitó el Consejo Nacional Electoral por no cumplir los requisitos de mínima votación en las elecciones de 2002 estaba perdida desde diciembre de 2010, cuando el Consejo de Estado le dio la razón al organismo electoral. Sin embargo, un grupo de abogados, en desacuerdo con la sentencia, plantearon una nueva acción jurídica contra la decisión, y producto de esta reeditada pugna judicial se produjo la explosiva declaración del exconsejero Ossa.

Como lo permite hoy la ley, la diligencia se cumplió ante un notario en Bogotá y ya se anexó a la pelea de fondo. En esencia, quien fuera el consejero para la rehabilitación, normalización y reparación en el gobierno del presidente Virgilio Barco admitió que si bien la creación de la Unión Patriótica (UP) fue el elemento fundamental del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, al que se le quiso dar continuidad en el gobierno Barco, también es cierto que desde sus orígenes surgió la estrategia de eliminación de sus militantes.

Ossa aclaró que esa fue la consideración de quienes calificaban a la UP como el brazo político de las Farc, que sumada a la concepción ideológica de las Fuerzas Armadas y la desconfianza de algunos sectores políticos y económicos, “crearon las condiciones para que se concretara lo que hoy todo el mundo acepta como el genocidio de la Unión Patriótica” (…)

El exconsejero insistió en que en el terreno recogía gran cantidad de quejas y denuncias que involucraban a mandos medios de las Fuerzas Armadas en crímenes contra la UP, y que él canalizaba esas denuncias a las Fuerzas Militares y a la Dirección de Instrucción Criminal, pero pocas tuvieron resultados. En particular, recordó el caso de un teniente Coy, juzgado por el asesinato del senador de la UP Pedro Nel Jiménez. Otros casos sucedieron en Meta, Tolima o Antioquia, donde “las denuncias involucrando al Ejército eran contundentes”.

En la recepción del testimonio, a Ossa Escobar le recordaron que hace un año, durante un foro realizado en la Universidad Distrital, él había manifestado cómo un alto militar se mofaba de la lentitud de la estrategia de la eliminación de la Unión Patriótica. El exconsejero ratificó que, evidentemente, cada que se producía un asesinato de un dirigente de la UP, en el Ministerio de Gobierno se hacían reuniones con los líderes del partido político y voceros de instancias oficiales, y fue en una de tales reuniones cuando se produjo ese comentario.

Y así lo recordó: “Llegué temprano, antes que el ministro César Gaviria, y al poco tiempo llegó el general Samudio, ministro de Defensa. Comenzamos a comentar sobre la situación recurrente con tantos asesinatos de miembros de la UP, y en algún momento le comenté que estaba muy preocupado con lo que estaba sucediendo. Él me respondió: ‘¿Qué es lo que te preocupa Carlos?’. Yo le dije: ‘Que todos los días matan a un integrante de la UP’. Él se quedó mirándome y me dijo: ‘Carlos, a ese ritmo no van a acabar nunca’. Sobran los comentarios”.

Al final de la declaración, el exconsejero Ossa manifestó que para bien de las instituciones y del país, valdría la pena ir al fondo en las investigaciones por los asesinatos que dieron al traste con la política de paz de Virgilio Barco. Y propuso que dados los últimos desarrollos en materia de Ley de Víctimas, el Estado debía hacer una mínima reparación devolviéndole su personería jurídica a la UP, para que en el país no vuelva a ocurrir un evento tan doloroso como lo fue el exterminio del grupo político que surgió hace 25 años en Colombia.

Y más se demoró Ossa en rendir su declaración, que los interesados en acogerla. Por eso, a través de un derecho de petición, el defensor de derechos humanos Pedro Mahecha le pidió a la fiscal Viviane Morales emprender una investigación “completa, imparcial, efectiva, y bajo una misma cuerda de todos los hechos constitutivos del delito de genocidio contra la Unión Patriótica”. Y la primera solicitud adicional fue que el exconsejero amplíe su testimonio sobre lo que dijo acerca de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, a falta de investigación en Colombia, el caso del exterminio de la Unión Patriótica está a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La demanda fue interpuesta en 1993 por la Corporación Reiniciar, en cabeza de Jahel Quiroga. El caso fue admitido en 1997, dos años después, el Estado admitió el trámite de una solución amistosa, que se rompió en junio de 2006 (…)

Aunque por el caso UP ya hubo una sentencia internacional reconociendo la responsabilidad del Estado en el crimen del senador de la UP Manuel Cepeda Vargas, ocurrido en agosto de 1994, la demanda de la Corporación Reiniciar abarca el universo completo de víctimas de la UP. Por esta razón, consultada su directora, Jahel Quiroga, sobre la súbita declaración del exconsejero Ossa Escobar, precisó que dada su contundencia, ya fue anexada al expediente en consideración de la CIDH, donde se espera el alegato final del Estado.

Publicado el 10 junio de 2011